Tunku Varadarajan*.- Ha transcurrido casi una semana desde el 1 de octubre de 2017, fecha que «pervivirá en la infamia» en la historia de la España moderna; la fecha del «Pearl Harbor» -nada menos- de la democracia española.

Como sucedió con los acontecimientos originales que inspiran mi metáfora, el país atacado tendrá que contar sus víctimas, recuperar su aplomo y prepararse para plantar batalla a su enemigo. No hace falta que vengan Sun Tzu o Clausewitz a decirnos que un ataque no provocado que queda sin respuesta es una invitación al agresor a que vuelva a atacar. Hasta un Rajoy tiene que saberlo.

Así pues, mientras reflexiona cuál ha de ser su respuesta al intento de golpe de Estado disfrazado de referéndum en Cataluña, el Gobierno de España debe mostrar a los separatistas las armas con las que cuenta para emplearlas en caso de que se produjera una declaración de independencia. Madrid tiene que dejar meridianamente claro que una Cataluña independiente sería un lugar turbulento, aislado y mucho menos próspero en el que vivir, y que España no sería un vecino amigable.

Puesto que España es una democracia decidida e impecable, la primera vía para poner fin al punto muerto en Cataluña tiene que ser una invitación a negociar. ¿Se debería establecer un nuevo acuerdo fiscal? En ese caso, ¿por qué no hacerlo con las 17 comunidades autónomas? ¿Se debería fijar un nuevo reparto de responsabilidades entre Madrid y las regiones? Si es así, ¿sobre qué base? En otras democracias occidentales hay muchos modelos que imitar, pero para que cualquier cambio en las disposiciones políticas españolas funcione, tiene que poder aplicarse uniformemente a todas las regiones. ¿Por qué debería haber una excepción catalana?

Sería difícil que una negociación así fuese aceptada por el núcleo sordo de los separatistas de Cataluña o por los jóvenes catalanes, que han absorbido la propaganda de su «diferencia» en todos los niveles de un sistema educativo diseñado para incubar una generación que odie a España. Se tendría que vender con la ayuda de los otros catalanes -la mayoría silenciada- que no desean vivir en una Cataluña ideológicamente intolerante en la que los que no quieren la secesión son considerados enemigos del Estado.

En caso de una declaración unilateral de independencia -una perspectiva de lo más realista-, Madrid tiene que amenazar con imponer el siguiente plan de 10 puntos (concebido tras una conversación con varios analistas españoles, entre ellos, debo decir, un amigo de mi instituto en India que ha vivido 20 años en España y ha invertido millones de euros en la economía española).

1. España vetará a perpetuidad el ingreso de Cataluña en la Unión Europea, así como en la Eurozona y en el Tratado de Schengen.

2. Habrá controles fronterizos exteriores entre España y Cataluña, que incluirán la necesidad para todos los viajeros de presentar documentos para ser inspeccionados.

3. Los habitantes de Cataluña tendrán que elegir qué nacionalidad quieren tener. No puede haber una doble nacionalidad española y catalana. (Imaginemos la farsa que sería que el 50% de los catalanes «libres» se aferrasen a sus pasaportes españoles, como ocurrirá casi con total seguridad).

4. Los ciudadanos españoles no podrán recibir ninguna clase de subvenciones del estado español mientras residan en Cataluña.

5. No habrá tratado de doble tributación entre España y Cataluña. Si un español sigue trabajando en Cataluña, pagará la totalidad de los impuestos españoles, además de los catalanes.

6. Los ciudadanos catalanes necesitarán visado para viajar a España.

7. Se impondrá un arancel a las importaciones catalanas.

8. Cataluña asumirá el total de la parte proporcional de la deuda nacional española que le corresponda (y no solo lo que ha pedido prestado a Madrid). En caso contrario, los ciudadanos catalanes perderán las jubilaciones que han acumulado en el sistema de seguridad social español.

9. Los bancos españoles se marcharán de Cataluña. (Con la inminente salida de Barcelona de La Caixa y el Banco de Sabadell, la mano invisible del mercado ya está abofeteando a los separatistas).

10. El FC Barcelona (y otros clubes catalanes) serán vetados en la Liga. La Real Federación Española de Fútbol usará también su influencia para frustrar cualquier intento «creativo» del Barcelona de incorporarse a la Liga inglesa (o algo similar).

Estas son las medidas que se pueden moderar -o endurecer- dependiendo de los imperativos políticos de España. Pero ahora Madrid necesita un manifiesto de la máxima gravedad en su trato con los separatistas, y a mí esta me parece una muy buena manera de empezar.

*Tunku Varadarajan es miembro de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y fue corresponsal de «The Times» de Londres en Madrid.