Puigdemont votando en un colegio electoral de Cornellà de Terri (Gerona)

Y la vergüenza se consumó. El 1 de octubre de 2017 no será recordado como el día en que se celebró un referéndum de independencia en Cataluña, sino como la jornada ominosa en que la irresponsabilidad de una Generalitat ocupada por iluminados y la inoperancia de un Gobierno largo tiempo ausente se confabularon para alumbrar el caos. No puede decirse que ocurriera nada completamente imprevisible, porque cuando las propias instituciones auspician el desborde de los cauces democráticos, es natural que la anárquica riada inunde la calle. Ese exactamente era el plan de Puigdemont y sus socios, una vez emitidas las sentencias de inconstitucionalidad y desmantelada la logística de una consulta mínimamente presentable. Pero en la hora del balance de una insurrección aún en marcha, no todos los actores afrontan la misma responsabilidad.

Los máximos culpables del desastroso espectáculo que las calles de Cataluña ofrecieron este domingo al mundo son aquellos que decidieron tomar a la parte adicta de su propia sociedad como rehén de un proyecto unilateral de segregación, vestido de designio patriótico. Y esos son Puigdemont, Junqueras, Forcadell y el resto de cabecillas cuyo comportamiento ya no puede ser juzgado por un editoral, sino por un tribunal: nuestra democracia no puede mostrar menor fortaleza que la República en su momento. Es verdad que el mecanismo de fusión entre masa y poder, entre Generalitat golpista y cooperación civil, venía engrasándose desde varias Diadas atrás.

Ayer funcionó de nuevo: embriagados de la propaganda sentimental que restringe la democracia al ejercicio del voto al margen de la ley, catalanes bienintencionados -en su mayoría- se echaron a la calle en pos de colegios abiertos para meter una papeleta impresa en casa en una urna opaca de plástico, en la convicción de estar expresando un anhelo ancestral de libertad. Las letales dosis de retórica nacionalista ingeridas durante décadas quizá les velaba el verdadero significado de su acción: empujar a la extranjería a sus vecinos y segar la solidaridad con el resto de los españoles. Por eso no dudaron en utilizar a sus propios hijos como escudos humanos, en primera línea de defensa frente a los antidisturbios, ni en desafiar a la Policía para obtener la enésima imagen victimista que lanzar a las redes como un engañoso grito de opresión.

En el paroxismo de una guerra de propaganda que sustituye el análisis racional de los hechos, las victorias se cuentan por vídeos viralizados -o por partidos de fútbol cerrados al público, como el que jugó el Barça en señal de queja hipócrita- y no por garantías observadas. Porque el esperpento de este domingo, con urnas que llegaban ya llenas al colegio o a la plaza y ciudadanos que repetían votación, no sólo incumplía la legalidad constitucional y el Estatut: también una veintena de puntos de la denominada ley del Referéndum. Fue un fracaso como consulta democrática, pero ese fracaso degeneró en instantes puntuales de represión: el botín emocional que perseguía el independentismo.

Cabe felicitar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el desempeño de un trabajo tan ingrato como espinoso en proporcionada aplicación de su encomienda legal. Un saldo de centenares de heridos no es un dato del que blasonar, pero las cosas podrían haber sido mucho peores, dadas las circunstancias. Sin embargo, el Gobierno nunca debería haber permitido que un puñado de agentes se convirtiera en el último retén de la democracia sobre un terreno en el que se sentían extranjeros, y no por su culpa. Sino por los años de dejación de funciones del Estado en Cataluña.

Cuando el Gobierno, forzado por la situación, ha tenido que poner a prueba su capacidad real de control del territorio, la deslealtad de los Mossos d’Esquadra les devolvió a la cruda realidad. La pasividad exhibida en el instante decisivo -incluso la descarada colaboración con la red de la Asamblea Nacional de Cataluña, a modo de verdadero caballo de Troya en Interior- confirma todas las sospechas que pesaban sobre la policía autonómica, cuyos mandos deberán afrontar su responsabilidad judicial por haber preferido la legalidad paralela de sus jefes políticos de parte en lugar de proteger los derechos constitucionales de todos.Cabe felicitarse de algo: de que el frente constitucionalista -PP, PSOE y Cs- resista bien el embate conjunto del nacionalpopulismo.

Pedro Sánchez, en particular, acertó en el discurso de estadista que requería la ocasión, subrayando el fracaso del referéndum divisivo del Govern y colocando a Rajoy frente a su responsabilidad en el auge y en la solución del desafío, al tiempo que rechazó la tentación de bascular hacia el oportunismo amoral de Podemos. Como era de esperar, a Pablo Iglesias le faltó tiempo para salir a recoger las nueces de las cargas policiales y descalificar de plano al PP como partido de “violentos y corruptos”. Luego tendió la mano a Sánchez para activar la moción de censura y entregar el derecho de autodeterminación a los partidos independentistas a cambio de su apoyo.

Más allá de la duración de la legislatura, amenazada por las dudas del PNV, el Gobierno cuenta en lo fundamental con el apoyo del PSOE y la lealtad de Rivera, que ayer recordó que Cs nació justamente para revertir la hegemonía del nacionalismo en Cataluña.Rajoy declaró anoche que el 1-O fracasó. Formalmente hablando, tiene razón. Pero su estrategia de esperar primero y mandar después a la Policía -que apenas logró intervenir en un porcentaje mínimo de colegios- se ha revelado otro fracaso quizá mayor. No ha logrado impedir que las imágenes cargadas de dramatismo registradas en Barcelona den la vuelta al mundo. Ese capital político acumulado por el separatismo prolonga una rebelión cuya existencia el presidente se niega a asumir. Y sin asumirla, no es posible el restablecimiento institucional que propone abordar a partir de hoy.

El Mundo