Juristas catalanes advierten que estar en la mesa el 1-O “puede ser delito”
El colectivo de juristas catalanes Llibertats ha elaborado un informe sobre la situación jurídica de los ciudadanos ante el 1-O donde advierte de que cualquiera que forme parte de mesas electorales como presidente o vocal ese día “podría cometer un delito en calidad de cooperador necesario”.
En su informe, Llibertats insta a los ciudadanos que sean escogidos a no acudir a las mesas electorales del eventual referéndum de independencia convocado por el Govern, y suspendido por el TC, y les asegura que dicha acción no puede tener consecuencias legales ya que “no atender al requerimiento de la Generalitat es cumplir la ley y nadie puede ser multado o castigado por cumplir la ley”.
Además, la entidad ha habilitado formularios de denuncia en su página web a disposición de la ciudadanía para “poner en conocimiento de la justicia cualquier hecho en torno a la organización del 1-O que vulnere la suspensión de la Ley del Referéndum”.
Concretamente, hay cuatro modalidades de formulario que se dirigen a trabajadores públicos y funcionarios que hayan sido llamados a trabajar en la organización del 1-O, a aquellos que deban abrir un equipamiento público en esa fecha, a cualquier ciudadano que haya sido llamado a una mesa electoral y a cualquier persona “por el hecho de haber sido sorteada”.
El jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, ya advirtió el pasado miércoles a los ciudadanos catalanes que fueran citados para una mesa ante el referéndum del 1-O que “no acudieran a esa llamada” porque “sería un acto absolutamente ilegal”.
Los juristas han elaborado un informe que apoya los formularios de denuncia y destaca la “falta de eficacia jurídica” de la ley del referéndum al haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional, por lo que las resoluciones dictadas en su amparo “son nulas de pleno derecho”.
Por lo tanto, y según explica Llibertats, cualquier nombramiento de ciudadanos para una mesa electoral es nulo y entra dentro de actos preparatorios para el 1-O, por lo que “puede constituir un delito desobediencia y malversación” y la persona que lo reciba “puede denunciarlo ante la autoridad judicial”.
Asimismo, el ciudadano que acuda a la mesa electoral, afirman los juristas, “podría incurrir en la figura de cooperador necesario establecida en el Código Penal” y estaría “participando en un delito”.
