Emilio Castelar, uno de los padres constitucionales.

Eligio Hernández Gutiérrez.- Desde el punto de vista histórico, España es comparativamente uno de los países más antiguos de Europa. El eximio filósofo Julián Marías, discípulo de Ortega y Gasset, ha escrito que España ha sido la primera Nación que ha existido, en el sentido moderno de esta palabra, de tal manera que las expresiones «Monarquía española» y «Nación española» han precedido largamente a «España», la denominación cinco veces centenaria de nuestro país”; y en su libro “Ser Español”, ha advertido: “Se está manipulando la historia de España, por los partidos nacionales que la desconocen y por los partidos nacionalistas, que cuentan una historia que no ha existido jamás”. Como la “autobiografía de una Nación“, ha definido el historiador donostiarra Juan Pablo Fusi la Historia de España de Menéndez Pidal, una obra colectiva de 42 tomos en 65 volúmenes en la que han trabajado más de 400 autores españoles y extranjeros, como también la han definido los grandes historiadores que se han ocupado de estudiar en profundidad el enigma histórico de España: Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, y más recientemente, Álvarez Junco y el catalán Gabriel Tortella, e intelectuales como Azaña, Ortega, Gregorio Marañón, y Laín Entralgo, entre otros. Cataluña, como recuerda Tortella, que pertenece a España desde 1479, hace 538 años, y antes al reino de Aragón durante nueve siglos, jamás ha sido una Nación.

Desde el punto de vista jurídico-constitucional la palabra “Nación”, aparece en el artículo 2º de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 de la Revolución Francesa : “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, y ninguna institución ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella”. Definición que pasó casi literalmente a la Constitución liberal de 1868: “La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la que emanan todos los poderes”. La Constitución de Cádiz de 1812 había definido la Nación en su artículo 1º como “El conjunto de Españoles de ambos hemisferios”, que rigió también para los denominados “españoles de ultramar” que asistieron a las Cortes de Cádiz. El artículo 40 del proyecto de Constitución Federal de la Primera República Española, redactado principalmente por Emilio Castelar, sólo consideraba a España como Nación y no reconoció el término nacionalidad. La definición de la Nación la consagró el abate Sieyés: “El conjunto de ciudadanos que residen en un determinado territorio, en igualdad de derechos, y sometidos a un mismo ordenamiento jurídico”. La nación no se define, como, por ignorancia, hizo Pedro Sánchez a preguntas de Patxi López en las elecciones primaras del PSOE, por las identidades nacionales, ni por la cultura o la lengua; porque muchas naciones son multiculturales, y si se definieran por la lengua, en Suiza, en la que se habla cuatro lenguas, habría cuatro naciones. No cabe confundir la nación en el sentido jurídico de nuestro constitucionalismo histórico, con la llamada impropiamente “nación cultural” recogida en el artículo 2 la Constitución de 1978 como “nacionalidades” de carácter cultural (Andrés de Blas), y en el preámbulo de la Constitución en el que se dejó claro que “ La Nación Española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus derechos, sus culturas y tradiciones, sus lenguas e instituciones”. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña declaró constitucional el término nación que consta en el preámbulo de éste, pero sin carácter normativo.

Ramón Menéndez Pidal, director de la monumental historia de España.

El artículo 2 de la Constitución de 1978, establece que ésta se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. La votación de este artículo que se produjo durante el Pleno del Congreso mostró un amplio consenso entre los principales grupos políticos con 278 votos a favor, 20 en contra y 13 abstenciones. Similar consenso se mostró en el Senado con 140 votos a favor, 16 en contra y 11 abstenciones. Jordi Solé Tura, ponente de Constitución de 1978 entonces por el PSUC (Partido Comunista), ha escrito en su libro “Nacionalidades y Nacionalismos en España”, que el artículo 2 de la Constitución constituye la base legal para superar el enfrentamiento histórico entre las dos concepciones de España, de tal manera que su modificación rompería el consenso constitucional y podría derrumbar todo el edificio constitucional. Alfonso Guerra, artífice del consenso constitucional, ha escrito que la Constitución de 1978 es el armisticio final de una guerra civil, de una larga dictadura y de dos siglos de enfrentamiento”.

La enmienda a la Ponencia-Marco, del equipo de Pedro Sanchez, para aprobarla en el Congreso del PSOE, fruto del “caos intelectual del PSOE”, como lo ha calificado el profesor Elorza, que propone “una reforma constitucional federal –que encubre su abolición– manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución”, rompe el consenso constitucional sobre el artículo 2 de la Constitución, cuya reforma con tal enmienda remueve los cimientos del edificio constitucional y vulnera la Declaración del Consejo Territorial de Granada del PSOE de 6 de julio 2013. En realidad, el fin político de la citada enmienda, motivada por el interés personal electoral de Pedro Sánchez, es contentar a los independentistas catalanes y vascos, y al PSC de Cataluña, que por ello ha pasado de 53 diputados en el Parlament en 1999 a los 16 que tiene ahora, y acercarse a Podemos, en cuyo programa electoral se recoge que las naciones, no dice cuántas, que comprenderían la España plurinacional, tendrían todas el derecho a decidir, eufemismo del derecho a la determinación, lo que abre la puerta al cantonalismo, una bomba de relojería, como lo ha calificado el historiador Gabriel Tortella, añadiendo que no hay país plurinacional que no se haya ido al garete, como la Unión Soviética, el imperio austrohúngaro y la Yugoeslavia de Tito.

Contrariamente a lo que se pretende con el engendro de dicha enmienda, la plurinacionalidad es incompatible con el Estado Federal. La Nación Suiza que se formó de entre pequeños Estados casi independientes que existieron desde finales del siglo XIII hasta 1798, no califica como naciones a los actuales cantones que integran la Federación. La Nación norteamericana en su más que bicentenaria Constitución no reconoce como naciones a California o a Texas, que fueron estados independientes, como antes las 13 colonias británicas que se unieron en una Confederación, hasta que en 1850 y en 1848 se adhirieron, respectivamente, al Estado Federal de la Unión; ni la Nación Alemana reconoce como nación a Baviera que fue Estado Libre hasta hasta que se adhirió voluntariamente a la República Federal Alemana en 1949, como un land más.

Pero lo más grave es que la enmienda de Pedro Sanchez traiciona la defensa histórica del PSOE de la Nación Española, mantenida heroicamente en momentos dramáticos de la vida nacional, como don Juan Negrin, presidente del Gobierno, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes, que afirmó, según refiere Julián Zugazagoitia:” No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. No hay más que una nación: ¡España!. No se puede consentir esta sórdida y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz si se quiere que yo siga dirigiendo la política del Gobierno, que es una política nacional. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los desafueros de los de adentro”.