“¡Esa deuda es ilegal!”, “¡dictadura colonial!”, cantan los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico sobre la avenida bordeada de palmeras que acaban de bloquear. Entre ellos crece la indignación al ver a su isla sumida en la quiebra y sometida al dictamen de Washington.

“Vienen a cortar el presupuesto público para dárselo a los grandes bonistas”, protesta Mariana del Alba, refiriéndose a los supervisores de deuda enviados desde la capital estadounidense.

“Todo para pagar una deuda que ahora mismo no sabemos ni siquiera si es ilegal o si es legítima”, añade.

Esta estudiante de derecho de 27 años señala el edificio en el que se reúne la comisión encargada por Washington de supervisar la recuperación de las finanzas de Puerto Rico, el estado libre asociado a Estados Unidos que padece una deuda de más de 70.000 millones de dólares.

La llamada Junta de Control Fiscal es vista como una imposición colonial por muchos puertorriqueños, que defienden con orgullo su identidad cultural.

Como ocurrió en Grecia, donde la llegada de ‘la troika’ fue rechazada por gran parte de la población, los boricuas han ignorado durante mucho tiempo los préstamos descontrolados y las acusaciones de corrupción. Hasta que todo explotó.

Sin embargo, a diferencia del país mediterráneo, Puerto Rico no es independiente.

Excolonia española convertida en territorio estadounidense a finales del siglo XIX, la isla de 3,5 millones de habitantes tiene su propio gobierno -bajo el estatuto de estado libre asociado- desde los años 50.

Y el próximo 11 de junio, sus habitantes serán convocados a un referéndum no vinculante para pronunciarse sobre esta relación.

 “Recortes a ciegas” 

Son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales a menos que residan en tierra firme. Y la isla, bañada por las aguas turquesas del Caribe y el Atlántico, parece demasiado lejana a Washington.

No obstante, los lazos económicos son estrechos, y es en esta relación privilegiada con Estados Unidos donde yace el origen de la crisis.

Puerto Rico gozó durante décadas de exenciones de impuestos federales, lo que impulsó a muchas empresas estadounidenses a instalarse allí. Pero esas ventajas fueron eliminadas en 2006.

Para compensar la pérdida de ingresos, Puerto Rico buscó alivio en el mercado municipal estadounidense de bonos, y ofreció atractivos papeles libres de impuestos que proveyeron efectivo a la isla, pero que la sumergieron en una onerosa deuda.

A medida que aumentaba el desempleo y se intensificaba la recesión, los puertorriqueños comenzaron a abandonar la isla. Uno de cada diez ha emigrado en los últimos 10 años. La mayoría de ellos se asienta en Florida (sureste de Estados Unidos), particularmente en Orlando.

Este éxodo agravó la crisis fiscal porque se redujo el número de contribuyentes. Ahora hay más puertorriqueños en EEUU que en su isla.

Incapaz de pagar sus deudas, Puerto Rico se declaró en quiebra a principios de mayo.

La bancarrota no afecta por el momento a EEUU, pero en la isla la crisis se hace sentir con fuerza.

Ahora corresponde a la justicia estadounidense decidir sobre este espinoso asunto.

En la Universidad de Puerto Rico, cerrada por protestas estudiantiles desde finales de mayo, sillas y mesas encadenadas a los portones bloquean el ingreso.

“Que no sigan recortando a ciegas”, pide Mariana del Alba.

“En shock” 

Los dos partidos que se han alternado en el poder desde los años 50 (el Partido Nuevo Progresista del gobernador Ricardo Rosselló y el opositor Partido Popular Democrático) se acusan mutuamente de este desastre financiero.

El gobernador Rosselló “tuvo que hacer en dos meses el trabajo que la pasada administración no hizo”, asegura Christian Sobrino, su principal asesor económico y presidente del Banco Gubernamental de Fomento.

La administración de Rosselló espera estabilizar la situación económica en cuatro años, a través de alianzas con el sector privado y en particular gracias al turismo, que aún no está tan desarrollado como en las islas vecinas, explicó Sobrino.

“Es un gran reto, pero lo vamos a hacer”, dijo.

Revitalizar la economía de la isla será más difícil bajo la presidencia de Donald Trump, que aboga por recortes en asistencia alimentaria y programas de salud para los más pobres.

“La gente está en estado catatónico, en shock, nunca se había experimentado una situación como esta”, dijo Gerson Guzmán, presidente de la UGT, el sindicato mayoritario de empleados de la salud de Puerto Rico.

Los recortes “pueden provocar un colapso en el sistema de salud del Gobierno de Puerto Rico”, que enfrenta amenazas como el virus del Zika, advirtió.