El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) ha aceptado citar a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que certifique si existió una caja B en el Partido Popular durante su etapa de secretario general y como director en varias campañas electorales que se investigan en esta causa. La petición ha prosperado -a la tercera-, a petición la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

La decisión se ha adoptado a pesar de la posición contraria tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado, del abogado del PP y varios letrados de la defensa. “Por mayoría la Sala considera esta prueba admisible”, ha señalado el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, evidenciando la falta de unanimidad de una citación de la que aún no se ha anunciado la fecha concreta.

LA SALA DEBERÁ CONCRETAR CÓMO DECLARARÁ

A falta de concretar cómo se producirá la declaración de Rajoy en el juicio, el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) establece que cargos como el del presidente del Gobierno están “exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito” si son citados por “hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo”.

Sin embargo, como en este caso Rajoy va a testificar por cuestiones no relacionadas con su cargo actual, sino con el que desempeñó como secretario general del PP entre 2003 y 2004, la ley fija que dicha declaración aunque “presencial” pueda desarrollarse en su domicilio o despacho oficial.

En todo caso, es la Sala la que tiene la última palabra con respecto a este asunto y también habrá que esperar a ver si el jefe del Ejecutivo decide presentar alguna petición concreta, como declarar por videoconferencia.

En España no se conocen precedentes en los que un presidente del Gobierno en ejercicio haya declarado ante un tribunal, ya que Felipe González lo hizo por escrito en 1991 durante la instrucción del caso por el secuestro de Segundo Marey, mientras que en 1998 declaró de forma presencial por este asunto ante el Tribunal Supremo, pero entonces ya había dejado el cargo.

Como testigo, Rajoy estará obligado en todo caso a responder a las preguntas de todas las partes y además a decir verdad bajo apercibimiento de incurrir en delito de falso testimonio si así no lo hiciera. Esta figura procesal no goza de las prerrogativas de los investigados, que pueden elegir qué preguntas contestan y seguir una estrategia de defensa que les permite mentir.

Al inicio de la sesión con la que se ha reanudado la vista por este caso la fiscal Concepción Nicolás se ha mostrado contraria a la petición de testifical de Rajoy por considerarla “inútil e innecesaria” ya que “nada ha cambiado” respecto al pasado mes de octubre, cuando se rechazó la testifical del presidente del Gobierno al inicio del juicio.

La fiscal ha argumentado también que la citación de Rajoy a estas alturas del juicio sería “redundante” porque los hechos que la acusación particular pretende que se confirmen con el testimonio del presidente del Gobierno, como es la existencia de una caja B en el PP que podría haber beneficiado a alguno de los acusados ya ha sido suficientemente acreditada por otras pruebas o documentos.

El abogado del Estado ha señalado por su parte que esta declaración es “inútil y redundante” y no han cambiado las circunstancias, no han aparecido nuevos elementos que sustentaran la petición de ADADE. A la negativa del representante de los servicios jurídicos del Estado se han unido varios abogados de las defensas de los enjuiciados en esta pieza de “Gürtel” y el abogado del PP, que ha destacado la “improcedencia” de la diligencia, que consideran que sería “perturbadora” y contribuiría al “circo mediático”.

La Sala se había mostrado contraria a esta pretensión al inicio del juicio el pasado mes de octubre con los mismos argumentos que utilizó en una primera ocasión, en febrero de 2016.

En ese momento indicó que la presencia de Rajoy en el juicio era innecesaria porque ya se había aceptado la declaración de los exdirigentes ‘populares’ Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y Javier Arenas, que han sido llamados como secretarios generales del partido; y de Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja como responsables del mismo durante entre 1999 y 2005, que es el periodo que se está juzgando.

RAJOY, EN “UNA URNA DE CRISTAL”

Según argumentaba la acusación popular en su escrito, “la conciencia social exige sanciones” y para comportamientos o posiciones orgánicas en las personas jurídicas “resulta necesario oír a sus máximos responsables, en casos como el que nos ocupa en el que su representada está acusada de haberse beneficiado ilícitamente del delito de otros, y por supuesto, no colocarlos en una urna de cristal”.

ADADE señalaba en su escrito de petición que a estas alturas del juicio han podido constatar que el abogado que representa los intereses del PP ha querido trasladar la responsabilidad de las ilícitas subvenciones electorales realizadas por el Grupo Correa a sus directos beneficiarios–los entonces alcaldes, Ortega de Majadahonda y Sepúlveda de Pozuelo– y viéndose clara la intención “de evitar molestias, de salvar al jefe Rajoy”, cargando las responsabilidades a “escalones inferiores”. Por ello consideraban imprescindible oír a Rajoy, que fue director de diversas campañas electorales.

ESCRITO DEL PP

Ante estas afirmaciones, el PP ha presentado ante el tribunal un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que contesta que “no se trata de ‘salvar al jefe Rajoy’ pues, quién hoy se denomina “jefe”, no lo era todavía en el momento de los hechos concretos”, el año 2003. “Fue su alzamiento a la posición de presidente cuanto le mantuvo ajeno a las menudencias de dichas campañas municipales”, insiste esta parte.

Defendía en todo caso que la petición ya había sido anteriormente formulada “y debidamente resuelta” y recordaba también en su escrito que la acusación popular “se encuentra sujeta a una serie de limitaciones” para evitar “situaciones de abuso de Derecho que, lejos de cumplir el fin y razón de ser de la figura de la acción popular, vienen a satisfacer intereses espurios e injustificados que no encuentran (…) apoyo ni fundamento en nuestro sistema práctico jurídico y, menos aún, en nuestro ordenamiento”.

Aclaraba también el PP que “existe una patente falta a la verdad” en aquellos datos que en el escrito de ADADE han sido ofrecidos en relación al cargo y posiciones que vino desarrollando Rajoy durante la etapa enjuiciada. “Se habla del cargo de “Vicesecretario General del Partido Popular responsable de asuntos electorales” cuando, en realidad, el único cargo que ostentó es el que, estatutariamente, recibe el nombre de Vicesecretario General del Partido Popular, ya que la anteriormente mencionada “no existe”.

ADADE recordaba además que la propia Sala ya dijo en dicho auto del pasado mes de octubre que rechazaba citar al presidente “sin perjuicio de que en otro momento se pueda acordar por la Sala que testifique, de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral “. Esta parte cree “sinceramente que tal momento ha llegado, que la moratoria acordada debe haber llegado a su fin” y por ello volvió solicitar en este momento del procedimiento.

Recordaba también esta parte que en mayo de 2013 tuvo lugar la declaración como testigo “nada menos que del entonces y actual, presidente del Senado don Pío García Escudero”, en su despacho oficial -a lo que tenía derecho-. “Allí fuimos y le hicimos las preguntas pertinentes -aseveran en su escrito-. Sin mayores problemas”.