Santiago Allio Torres, un veinteañero amante de los autos de lujo y los viajes al exterior, cometió tres errores antes de contemplar el cadáver de su padre. Aquella mañana del pasado 24 de febrero, dos criminales sorprendieron a Bruno Allio Bonetto, empresario ítalo-venezolano de 59 años, dentro de su camioneta Jeep Cherokee.

Antes de salir del estacionamiento de su edificio, Bonetto sintió el cañón de una Beretta en su costado derecho y escuchó una voz a sus espaldas. “Quédate quietecito, que esto es un atraco”. Nervioso, aceleró a fondo y chocó contra un portón frente a su vivienda. Dos disparos lo frenaron en seco cuando intentó escapar.

Su cuerpo yacía boca arriba sobre el asfalto, al lado de su camioneta, mientras detectives, vecinos y familiares atestaron la avenida 3C del sector Don Bosco, en el norte de Maracaibo. Santiago, alias “Brunito”, sujetaba por la cintura a una señora que gritaba y lloraba. Era la prometida de la víctima, con quien se casaría en unas semanas.

“Brunito”, el mayor de los hijos de Allio Bonetto, nunca demostró conmoción. Estoico, mostró más interés en saber si en el área había cámaras de vigilancia operativas. El joven fingió un desmayo y esa performance, propia de un actor en decadencia, alimentó la suspicacia. “Ahí mismo se activó nuestro olfato”, contó a BBC Mundo uno de los “sabuesos” de la División de Homicidios.

Las pesquisas revelaron en 12 horas un complot ejecutado con torpeza.

Primer error: “Brunito” había introducido a los dos sicarios dentro del vehículo de su padre gracias a un control remoto de repuesto. Segundo: Él mismo había robado y entregado la pistola calibre 9 milímetros del empresario a los asesinos para que le quitaran la vida. Tercero: Fue él quien rescató a los gatilleros en su camioneta, una Ford F-150 roja, a tres cuadras del homicidio.

Y confesó. Dos semanas atrás había coordinado el atentado: los asesinos a sueldo simularían un robo para heredar su millonaria fortuna. Contrató a dos jóvenes de 18 y 17 años, residentes del sector Cerros de Marín, una especie de favela marabina. Les pagó un millón de bolívares mediante un intermediario, apenas 250 dólares del mercado negro de divisas de Venezuela.

El de Bruno Allio Bonetto fue uno de siete sicariatos ocurridos en Maracaibo la última semana de febrero. Registros policiales y académicos reflejan un fuerte aumento de los asesinatos a sueldo entre 2016 y 2017.

Por la naturaleza de estos delitos, es difícil obtener números exactos, pero la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) investigó entre 15 y 20 asesinatos por encargo tan sólo en enero. Ello representa un incremento de hasta 600% en la región respecto del año anterior.

Entidades fronterizas con Colombia viven un repunte de ese combo de violencia, extorsión y sicariatos. Las disputas sindicales también son móviles de homicidios por encargo en otros estados, como Barinas y Bolívar.

Roberto Briceño León, sociólogo y director de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), explica que el aumento de la motivación para matar favorece el auge del sicariato. “Hay impunidad judicial e imposibilidad de resolver los conflictos a través de las leyes. Se resuelven por la fuerza”.

Entre los expedientes del Observatorio reposan 280.000 informes de homicidios desde 1999. Los números certifican que hay disponibilidad de sicarios. “Estamos hablando de miles de individuos que ya han matado en Venezuela. Pueden hacerlo por robo o por peleas entre bandas, pero también ofrecen sus servicios”, afirma Briceño León.

El criminólogo Luis Izquiel explicó que el asesinato a sueldo se importó de Colombia. Era una práctica atípica en la Venezuela de hace 15 años. Pero su frecuencia ha sido tan vertiginosa que obligó al Estado a catalogarlo en 2009 como un delito específico en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, estableciendo una pena máxima de 30 años para los victimarios.

Izquiel puntualizó que el modus operandi ha escalado en la misma medida en que trepa el número de armas de fuego en Venezuela. El ex ministro de Interior y de Justicia Jesse Chacón cifró esa variable en seis millones hace 11 años. Y en 2011, el entonces diputado del PSUV y ahora vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Juan José Mendoza, afirmó que en el país existían entre 9 y 15 millones. En Venezuela habría un arma de fuego por cada dos habitantes.