Jubilados en un banco de una plaza (Foto La Vanguardia)

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto este lunes “blindar” la pensión mínima mediante su indexación al IPC –inflación- para evitar que pierda poder adquisitivo a futuro.

Según Fedea, en ausencia de ingresos adicionales, el principal riesgo para el sistema de pensiones en las próximas décadas es la previsible y “significativa” pérdida de poder adquisitivo que sufrirán las pensiones, una vez concedidas, por el actual sistema de revalorización.

“Nadie nos va librar de que la pensión baje en relación con los salarios, pero si conseguimos aumentar la productividad no se perderá poder adquisitivo”, ha explicado el director de Fedea, Ángel de la Fuente, que ha advertido de que, en su escenario base y sin tomar medidas, la regla de revalorización actual condena a los pensionistas a ver prácticamente congeladas sus pensiones hasta 2060, con sólo un aumento del 0,25% anual.

Según Fedea, la pensión media en su escenario base perdería en torno a un 4% de poder adquisitivo en su peor momento, pero aunque ésta no pierda poder adquisitivo, otras pensiones sí podrían hacerlo dependiendo de cómo evolucione la inflación. Así, sin tomar medidas para evitarlo, una pensionista podría llegar a perder hasta un 30% de poder adquisitivo durante los 20 ó 25 años posteriores a su jubilación. En todo caso, De la Fuente se ha mostrado convencido de que se tomarán medidas.

Fedea sugiere unas cuantas medidas para mitigar el impacto negativo que tendrá el índice de revalorización sobre las pensiones, pero sin tirar abajo las reformas realizadas en los últimos años. De hecho, Fedea calcula que derogar estas reformas sería “demasiado caro” porque, en ausencia de las mismas, el gasto total en pensiones se dispararía entre 2017 y 2057 una media anual de 5,3 puntos del PIB, el equivalente a una subida del 70% en el IRPF.

“Hay margen para suavizar las últimas reformas, pero no para derogarlas. No podemos volver a ligar todas las pensiones al IPC y volver a la jubilación a los 65 años. Hay medidas paliativas posibles, parches, pero deberían formar parte de un acuerdo más amplio, de una reforma profunda del sistema que garantice su sostenibilidad”, ha afirmado De la Fuente.

De acuerdo con los cálculos de la Fundación, ligar la pensión mínima a la tasa de inflación conllevaría un coste medio anual durante los próximos 40 años de algo más de cuatro décimas del PIB (unos 4.000 millones de euros), coste que Fedea entiende que debería financiarse con impuestos adicionales. Para poder materializar esta propuesta, la recaudación por IRPF debería crecer en torno a un 6%, lo que considera una cifra “aceptable”.

Eso sí, Fedea no ve aconsejable extender al conjunto de las pensiones la vinculación al IPC sin ninguna contrapartida, porque ello supondría “desmantelar” una parte importante de la reforma de 2013 y conllevaría un aumento medio del gasto de 2,7 puntos del PIB durante los próximos 40 años, lo que exigiría que la recaudación del IRPF tuviera que elevarse un 36% para financiarlo.
Topar la pérdida de poder adquisitivo, otra alternativa

La Fundación tampoco ve una solución que ciertos tipos de pensiones (viudedad y orfandad) pasen a financiarse con impuestos porque ello sólo trasladaría el problema desde la Seguridad Social al Estado y sembraría “dudas más que razonables” sobre la credibilidad de las finanzas públicas españolas.

Otra propuesta lanzada por Fedea, aunque con mucho menos detalle, pasaría por topar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones cambiando la fórmula actual contemplada en la reforma por una de ‘IPC menos X’, para que las pensiones sólo puedan perder, por ejemplo, medio punto de poder adquisitivo y no más.

Sobre la edad de jubilación, Ángel de la Fuente ha opinado que habrá que valorar si se sube más allá de los 67 años una vez que se alcance dicha edad, pero siempre de manera progresiva. Asimismo, Fedea aboga por revisar los tipos de cotización y los topes máximos.