El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez

Giro radical en el caso Bankia. La Audiencia Nacional ha ordenado que se cite a declarar en calidad de investigados a los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenían bajo su competencia la supervisión de la entidad financiera en el momento de su constitución y posterior salida a Bolsa. Esto supone la imputación del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y del expresidente del supervisor bursátil Julio Segura, entre otros.

El juez instructor de la causa, Fernando Andreu, había rechazado anteriormente la imputación de estos, tal y como había solicitado la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que recurrió esa decisión. Ahora es la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que admite parcialmente ese recurso. Además, y según figura en un auto emitido este lunes, los magistrados llaman también a declarar el director adjunto de supervisión del Banco de España, Pedro Comín; a los ex directores generales de Supervisión, Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello; al entonces responsable de supervisión de las cajas, Pedro González; al exsubgobernador Javier Aríztegui, y a Fernando Restoy, subgobernador hasta el pasado diciembre y entonces consejero de la CNMV.

La acusación había solicitado llamar a declarar como investigaciones a todos ellos, y la Sala ve procedente esa petición, porque autorizaron la oferta pública de suscripción (ops) con que Bankia salió a Bolsa en verano de 2011 «pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de la salida a Bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes».

Los correos de los inspectores, el detonante

A la causa ya se habían incorporado el pasado otoño una serie de correos electrónicos entre técnicos del Banco de España en los que el que fuera inspector jefe del supervisor en Caja Madird y Bankia, José Antonio Casaus, advertía tres meses antes de la ops de Bankia de que la solución tomada entonces por las autoridades y la propia entidad de sacar a Bolsa la filial con el negocio bancario (Bankia) y mantener los activos tóxicos en la matriz no cotizada (BFA) acabaría obligando al Estado a «socializar las pérdidas». «No funcionará y creará quebranto al contribuyente», añadía el técnico, pronosticando lo que luego sucedió: cabe recordar que Bankia tuvo que ser rescatada con 22.424 millones de euros.

Lo que se trata de dilucidar es si los máximos responsables del Banco de España y de la CNMV hicieron caso omiso de esas advertencias. En este sentido, la Audiencia Nacional ve «razonada» y «razonable» la acusación hecha por CIC pues considera que existen indicios «múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados».

Ahora bien, ni Casaus ni otros inspectores llegaron a poner esas conclusiones por escrito en ningún documento oficial, y únicamente se recogen en los citados «mails». Además, el inspector no en duda en ningún momento las cuentas presentadas por Bankia al mercado en el momento de salir a Bolsa en julio de 2011. Es más, a diferencia de los dos peritos judiciales que concluyen que la entidad no tenía provisiones suficientes para hacer frente a las pérdidas previstas, Casaus detalla que el banco tenía provisiones genéricas y específicas sin asignar por 3.000 millones.