Sede del Banco de España en Madrid.

La reducción de la deuda pública será más lenta de lo previsto. De hecho, tardará más de 20 años en pasar del 100% del PIB actual al 60% que contempla como objetivo la Ley de Estabilidad. En concreto, esa cifra no se alcanzará hasta 2039, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicadas ayer. Esto supone un desfase de 19 años respecto a la meta de conseguir ese descenso de 40 puntos de PIB (más de 40.000 millones) en 2020 que establece dicha normativa. Algo imposible de lograr como ha señalado en reiteradas ocasiones el organismo fiscalizador, que ha pedido de forma estéril al Gobierno un calendario de descenso más realista. Y es que una disminución más rápida significaría más recortes y el riesgo de afectar a la recuperación.

«La deuda pública respecto al PIB presenta un perfil sostenible, aunque de corrección muy paulatina e insuficiente para alcanzar en los próximos 20 años el umbral del 60%», señala en su informe la Autoridad Fiscal. De hecho, el organismo alerta de que esta reducción se ralentiza en comparación con las previsiones del Gobierno. Así, mientras el plan presupuestario enviado a Bruselas la pasada semana contempla un descenso de cuatro puntos porcentuales de PIB en el periodo 2016-2019 (pasar del 99% al 95%), el organismo que dirige José Luis Escrivá prevé «mínimas correcciones» hasta 2018 y a partir de ese ejercicio un descenso «más significativo» aunque «sosegado».

De momento, los datos publicados ayer por el Banco de España avalan esa tesis. Y es que la deuda pública registró en octubre un pequeño descenso de 4.302 millones. Esta rebaja deja el pasivo del conjunto de las administraciones en 1,103 billones, lo que equivale al 99,53% del PIB, según cálculos del Ministerio de Economía. Es decir, por encima del objetivo del 99,4% para este 2016. De hecho, en los diez primeros meses del ejercicio la deuda pública acumula un incremento de 30.000 millones.