Ya es definitivo. Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, invetigados en la causa de los ERE que analiza el sistema de reparto de las ayudas irregulares, se van a sentar en el banquillo sí o sí. El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha acordado la apertura de juicio oral contra estas 26 personas, que serán juzgadas por un delito continuado de prevaricación y por otro de asociación ilícita, tal y como solicitó el PP.

Además, 18 de ellos, entre los que está Griñán, serán también juzgados por un presunto delito continuado de malversación, por el que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de seis años de cárcel para el antecesor de Susana Díaz en el cargo. El órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa es la Audiencia de Sevilla.

La apertura de juicio oral se acuerda contra las siguientes 26 personas por un delito continuado de prevaricación y otro de asociación ilícita: Manuel Chaves González y José Antonio Griñán Martínez, expresidentes de la Junta de Andalucía; Gaspar Zarrías Arévalo, exconsejero de Presidencia; José Antonio Viera Chacón, exconsejero de Empleo; Antonio Fernández García, exviceconsejero y exconsejero de Empleo; Magdalena Álvarez Arza, exconsejera de Economía y Hacienda; Carmen Martínez Aguayo, exviceconsejera y consejera de Hacienda; Francisco Vallejo Serrano, exconsejero de Innovación; Agustín Barberá Salvador, exviceconsejero de Empleo; Justo Mañas Alcón, exviceconsejero de Empleo; Gonzalo Suárez Martín, exviceconsejero de Innovación; Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación, y José Salgueiro Carmona, exviceconsejero de Hacienda.

También se sentarán en el banquillo los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez; Juan Francisco Sánchez García, ex secretario general de Empleo y director Finanzas de la agencia autonómica IFA/IDEA; Javier Aguado Hinojal, ex secretario general de Trabajo y de Empleo; Lourdes Medina Varo, ex secretaria general técnica de Empleo; Antonio Estepa Giménez, ex secretario general de Hacienda; Antonio Vicente Lozano Peña, director general de Presupuestos; Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta; y los ex directores generales del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos, así como Francisco del Río Muñoz, jefe del gabinete jurídico de la Junta.

Además serán juzgados también por indicios de un delito continuado de malversación José Antonio Griñán Martínez, José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Carmen Martínez Aguayo,Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Justo Mañas Aleó, Jesús Mª Rodríguez Román,Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos.

Asimismo al resultar indicios de un delito continuado de malversación, el juez acuerda que presten fianza -para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes- los 18 procesados por ese delito de malversación. En las diligencias consta que no se han creado las piezas de responsabilidad civil sobre cuatro de estos procesados, por lo que el juez establece las siguientes fianzas para ellos: 6.229.108 euros para José Antonio Viera Chacón; 4.214.702 euros para José Antonio Griñán Martínez; 4.214.702 euros para Carmen Martínez Aguayo y 3.763.332 euros para Francisco Vallejo Serrano.

Según se indica en el auto, «para la determinación de estas cuantías se ha atendido al criterio de los ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda acabar siendo exigida de un modo solidario. Así mismo, se ha ponderado la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de estas sumas, por lo que se aplica una reducción hasta el 10% de la cantidad cuantificada por el Ministerio Fiscal en cada ejercicio, lográndose así la suma total que se exige afianzar a cada acusado».

Sobre los otros 14 acusados por indicios de delito continuado de malversación, el juez establece que se traigan a este procedimiento las piezas de responsabilidad civil creadas en las Diligencias Previas 174/11 (causa de los ERE) Además, en el auto el juez establece el plazo de 30 días para que las defensas presenten escritos frente a las acusaciones formuladas. Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.