El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en la que rehabilita al juez Francisco Serrano en la carrera judicial declarando inconstitucional una sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al magistrado a diez años de inhabilitación por modificar el turno de custodia de un menor al que facilitó salir en una cofradía de la Semana Santa de Sevilla, una condena que motivó su expulsión de la carrera judicial y que Serrano recurrió ante el Constitucional que ahora le da la razón, según informa XYZ.

El fallo del TC anula la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó al entender que en su decisión hubo dolo, elevando la pena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por un delito de prevaricaciòn culposa de dos a diez años. Como consecuencia de esta sentencia ahora anulada, el magistrado perdió la condición de juez que ahora recupera.

El fallo del TC rechaza por tanto el argumento esgrimido en su sentencia por el Tribunal Supremo en el sentido de que Francisco Serrano tuviera conocimiento de que había un juzgado que se había pronunciado sobre la custodia del menor y dictado medidas urgentes de manera que no le correspondía la competencia para prolongar en dos días la estancia del niño con su padre, a pesar de que los magistrados admitieron que hay supuestos en los que la legislaciòn permite a un juez intervenir pese a que exista una causa abierta en otro juzgado si bien entendieron que en el caso del juez Serrano no estaba justificado porque no se daban las condiciones de urgencia y necesidad que ahora el Tribunal Constitucional reconoce en su fallo. Condiciones que, sin embargo, también avaló la Audiencia Provincial de Sevilla que ratificó el criterio del juez Serrano.

El juez Francisco Serrano ofrecerá junto a su abogado Fernando Rodríguez Galisteo una conferencia de prensa una vez haya estudiado el fallo del Tribunal Constitucional.

“Se está produciendo un auténtico genocidio” contra los hombres

El 1 de abril de 2010, el entonces juez de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, criticó que las denuncias falsas por maltrato hacia la mujer están provocando un “genocidio” entre los hombres, ya que, según apuntó, las consecuencias de esas denuncias -como por ejemplo la retirada de la custodia de los hijos- está llevando a que “muchos” hombres se estén “suicidando”.

En una entrevista concedida a Europa Press, el juez Serrano lamentó el “ataque visceral al hombre por el hecho de ser hombre”, asegurando que “se está produciendo un auténtico genocidio”, por lo que instó a investigar “cuántos hombres que han sido denunciados por sus parejas y que han pasado por una detención se han suicidado o lo han intentado, siendo luego los asuntos archivados o sobreseídos”.
Al hilo de ello, puso de manifiesto que, “si tuviéramos ese dato, esto sería un auténtico escándalo a nivel nacional”, pues en Sevilla, en los tres últimos meses, “me he enterado de tres casos de suicidio” por este motivo, por lo que “si esto lo trasladamos a nivel nacional de manera anual, los suicidios ascenderían a más de 600”.

En este sentido, indicó que en el año 2006 “hubo 3. 200 suicidios en España, de los que 2. 400 correspondieron a hombres”. “¿Cuántos de ellos se correspondieron con suicidios provocados porque el varón ha sido tratado desde las instituciones de manera injusta por este tema? “, se preguntó el juez, quien aseguró que “este dato no lo conocemos porque quien lo tiene que dar lo oculta de forma deliberada”.

Así, se cuestionó si todo lo anterior “es un daño colateral asumible” y apostó por cambiar “criterios y leyes” y por desarrollar “auténticas” políticas de igualdad en materia de familia, abogando de esta manera por la ejecución de una ley integral de protección en el ámbito doméstico en la que se proteja “a la persona vulnerable”.

En esta línea, el juez Serrano señaló que las denuncias falsas “existen porque hay interés en ello, ya que los recursos asistenciales para la defensa del maltrato se están financiando a través del número de denuncias”, y también por “el interés de la señora que, en un momento dado, puede obtener una pensión no contributiva” a través de la misma.

El juez criticó que, desde el feminismo “radical”, se dice que el hombre y la mujer “no son iguales” en el seno de una relación de pareja, lo que constituye, a su juicio, “una filosofía auténticamente falsa”, ejemplificando que, a nivel internacional, se han hecho en los últimos tres años 230 estudios “que demuestran que la violencia en el ámbito de la pareja es bidireccional, y en todos los países, salvo en España, lo que se protege y regula es la violencia en el ámbito doméstico, y no la violencia sobre la mujer”.

“Que no me pongan a las mujeres maltratadas de pantalla”, según continuó el juez Serrano, quien señaló que las denuncias falsas “perjudican, de momento, a la propia mujer maltratada y agredida, porque ésta es la que tiene miedo y sufre la auténtica discriminación y desigualdad”.

A su juicio, “se está creando una nueva era de la discriminación y de la desigualdad, y nos hemos inventado un neolenguaje donde a un ministerio de la mujer resentida y oportunista se le llama ministerio de igualdad”, y aseveró que todo ello “está llevando a una situación de auténtica perversión, injusticia y hasta de genocidio, que se está ocultando”.

Tras asegurar que tiene una carpeta “llena” de cartas remitidas por hombres “que sufren maltrato institucional”, se refirió a las denuncias por injurias y amenazas leves formuladas por el propio juez contra la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, quien realizó unas declaraciones “coactivas” en el sentido de que “a mí no me puede advertir de una posible responsabilidad disciplinaria para que me calle”.

“Con razón o sin ella, tengo el derecho de opinión y de expresión a defender lo que considero socialmente correcto, porque yo no estoy en lo políticamente correcto”, prosiguió el juez Serrano, quien aseveró que “mi objetivo es hacer bien mi trabajo, ser independiente y luchar por la verdadera Justicia y la auténtica igualdad”. “Como mínimo, tengo derecho a expresar lo que opinamos la inmensa mayoría de profesionales”, apuntó.

A su juicio, “muchos de estos profesionales tienen miedo a decir lo que piensan, por el hecho de que les puedan imponer una medida represora”, ya que “ser políticamente incorrecto e ir a contracorriente hoy en día en España es peligroso”. “Hemos vuelto a la Inquisición”, concluyó.