Los ilegales amotinados con un cartel reclamando “libertad”.

“El 18 de octubre pasadas las 20.30, tras la cena, cuando los internos iban a subir a sus habitaciones unas 63 personas, todas argelinas salvo un marroquí, se negaron a hacerlo. El grupo arrancó cuatro bancos metálicos del salón de ocio y los lanzó contra el ventanal. No llegaron a romperlo, pero doblaron el enrejado metálico de seguridad y sus barrotes”. Así comienza el relato policial del incidente ocurrido esta semana en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid, que acabó con 38 inmigrantes encaramados a la azotea del edificio. Para alcanzarla forzaron una puerta de salida de emergencia, que quedó descuadrada del marco y doblada, igual que el bulón de cierre.

«Accedieron a una escalera de emergencia del patio de hombres, arrancando la valla metálica que permite la visión del patio de la segunda planta y a través de ella llegaron a la azotea», continúa el relato. Ese día había en el CIE 112 internos, de ellos 86 argelinos aunque en la algarada participaron 63, según fuentes de Interior. Pedían ser puestos en libertad o que los repatriaran cuanto antes.

Trece horas después se dio por finalizado el motín, «protesta pacífica», según algunos representantes políticos y ONG, televisado en directo, que ha vuelto a poner en solfa este tipo de centros «no penitenciarios». Para entonces ya había intervenido el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y se había contactado con el Consulado de Argelia. En los CIE, regulados por Reglamento desde 2014, ingresan extranjeros con autorización judicial y que están inmersos en un expediente de expulsión.

«Nadie podrá ser internado en un centro sin que medie resolución dictada por la autoridad judicial competente que expresamente así lo autorice u ordene», reza el artículo 2 de dicha norma. Los motivos pueden ser dos: porque están en situación ilegal (las que prevé la Ley de Extranjería) o porque se les ha sustituido una pena de prisión (cuando es inferior a 6 años) por una de expulsión.

Llegadas de pateras

Un 49,4 por ciento de los internos expulsados procedentes de CIE entre enero y septiembre de este año tenían antecedentes penales, según datos de Interior. El año pasado esa cifra llegó hasta los 51,1 por ciento. Existen ocho centros, cinco en la Península y tres en Canarias (ver cuadro abajo) con una ocupación media actual del 42 por ciento, muy lejos de la que se alcanzó durante las avalanchas de cayucos y pateras o tras los saltos masivos de las vallas. El de Valencia está ahora mismo cerrado por obras y el de Fuerteventura también -desde 2012- porque no hay internos.

En el de Madrid, la mayoría tiene antecedentes penales (más del 60 por ciento), según detalla a ABC el inspector jefe que lo dirige, dado que cubre buena parte de la Península. «En este CIE por estancia irregular se deniega el ingreso. Otra cosa es que lleguen personas de otros centros por sobreocupación por ejemplo», aclara. Es el caso de parte de los argelinos amotinados el martes. Llevaban poco más de una semana ingresados tras la última oleada de pateras en las costas de Granada y Almería (casi un millar de ciudadanos de esa nacionalidad). La misma, por cierto, que ha encabezado algaradas y fugas en centros de Murcia y Algeciras, además de Madrid donde en agosto se vivió una fuga.

El director de Aluche confirma que son los que más conflictos provocan, los únicos que apenas se relacionan con personas de otras nacionalidades; los que más protestan. Con las comidas, por ejemplo. «Por protocolo ninguna lleva derivados del cerdo y hay cinco tipos de dieta: baja en calorías, en grasas, para intolerancia a la lactosa… la tipo es de 2.500 calorías. De vez en cuando bajo y le pido a alguno su bandeja para comerla yo y que vean que está todo en orden».

El artículo 3 encomienda la seguridad y vigilancia de estos discutidos establecimientos a la Policía, con una doble dependencia: de la plantilla donde se sitúen, en el caso de Madrid la Jefatura Superior, y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que coordina los ingresos y salidas.

Durante el incidente y hasta hoy miembros de Ahora Madrid, Podemos y algunas ONG han denunciado la vulneración de derechos humanos. Los CIE tienen una doble dependencia judicial: el ingreso lo autoriza un juez de instrucción y todos tienen asignados jueces de control, encargados de supervisar el respeto a los derechos. En Madrid rotan tres, uno de los cuales, Ramiro García de Dios habla sin despeinarse de «espacios de impunidad y opacidad policial». En una ocasión ordenó a Interior comprar crema hidratante especial para la piel de los africanos. La Fiscalía también puede visitar cualquier centro, examinar expedientes o pedir información.

En Aluche, Cruz Roja tiene a cinco personas que desarrollan talleres y actividades con los internos, sobre todo con las mujeres (minoritarias) a diario. La subvención a esta ONG es de 823.000 euros para que atienda los cinco CIE de la Península.

Visita familiar y teléfono

A las cuatro de la tarde, su personal es el que reparte a los internos sus teléfonos móviles. Está prohibido hacer fotos. Antes de la cena deben devolverlos. Hay además treinta cabinas telefónicas para 148 plazas. Las visitas familiares se llevan a cabo por la tarde. El límite de tiempo depende de la afluencia.

Cualquier extranjero, si lo solicita, puede recibir a miembros de ONG, abogados o personal consular en puestos individuales abiertos. Dos veces al día hay consulta médica, con unos veinte pacientes diarios. Se trata de atención primaria y se han diseñado una veintena de protocolos para atender desde un broncoespasmo hasta un embarazo. En caso de detectarse una gestación se comunica al juez para que la mujer abandone el CIE, igual que si ingresa un enfermo psiquiátrico. En el de Madrid no hay menores (están previstas las unidades familiares atendiendo sobre todo a las llegadas en patera). Para el culto religioso hay firmado un convenio con católicos (misa semanal) y evangelistas. El Ramadán se respeta. En los Ángeles Custodios se organizó un torneo de ajedrez (policías, Cruz Roja e internos). Ganó un ruso. Al director lo descalificaron. Dos ONG denunciaron el viernes al CIE por la «protesta pacífica» del martes.