AL.- Una organización criminal pedofilia captó y abusó sexualmente de menores tutelados por la Generalitat a los que filmaban y fotografiaban mientras abusaban de ellos para posteriormente vender el material gráfico por todo el mundo. La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia tras destaparse que una red recientemente desmantelada por los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil abusó y explotó sexualmente durante años de menores que estaban bajo el amparo de las instituciones catalanas debido a que los niños proceden de familias desestructuradas que viven en la calle.

La organización criminal abusó de 26 menores tutelados por la Generalidad. Tras saltar el escándalo el Síndico de Greuges, ha abierto una actuación de oficio para esclarecer qué es lo que ha fallado en la administración para que estos menores pudieran ser captados y explotados durante años sin que la Generalidad se diera cuenta.

Rafael Ribó ha pedido a la Consejería de Interior y a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalidad que le detallen las circunstancias que han llevado a estos menores a sufrir malos tratos sexuales.

Distribución a nivel mundial

La red captaba a menores desamparados en las calles de ciudades españolas y Marruecos, de entre 12 y 17 años, para grabar, editar y vender vídeos de pornografía infantil a través de internet y correo postal a 300 clientes de distintos lugares del mundo. La organización consiguió recaudar de este modo más de 80.000 euros.

Los abusadores sometían a los menores a prácticas sexuales, con adultos, con otros menores e, incluso, con animales, a cambio de dinero, alcohol y drogas, a veces sin su consentimiento. En algunas ocasiones las víctimas no eran conscientes de que estaban siendo filmadas por cámaras ocultas.

Este caso no es el primero que la conserjería de Interior y a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia se ve envuelta en un caso de dejadez de funciones, en donde un vecino de Castelldans que acogía menores a través del Instituto catalán de atención a la infancia, que utilizó para cometer sus abusos. “La actividad del acusado durante los 17 años en que realizó su tarea como tutor estuvo sometida a los preceptivos controles tanto de “Intress primero y de la fundación Concepción Juvanteny”. Por su labor como acogedor percibía las correspondientes prestaciones económicas previstas legalmente para la manutención de los menores, destacó la fiscalía.