Los atentados de París y los más recientes de Bruselas dejan al descubierto no solo las debilidades operativas de los servicios policiales y de inteligencia europeos, también ponen de manifiesto la facilidad con la que los terroristas operan con armas que se producen, en la inmensa mayoría de los casos, en los países que luego son víctimas de atentados.

Las armas son un determinante clave en el poder que ostentan fuerzas criminales como Daesh o son, en muchos casos, una de las claves para comprender la brutal violencia de las guerras desatadas – y los atentados que masacran a la población civil en zonas de conflicto – y a su uso no es ajeno, en absoluto, el papel de los países productores y exportadores.

La lucha contra el terrorismo yihadista, es decir contra el Daesh, es una de las líneas de consenso que ha puesto sobre mesa el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para conseguir un gobierno estable que se gane la confianza “aquí y fuera de nuestras fronteras”. La firma del Pacto Antiterrorista Yihadista promovido por Pedro Sánchez, líder del PSOE apuntala la idea de una respuesta política colectiva y de estado.

Aunque Rajoy, como la mayoría de líderes occidentales, mira hacia otro lado y pone poco empeño en combatir el tráfico de armas -legal e ilegal- que nutre los arsenales de los yihadistas del Estado Islámico (Daesh) y que utilizan tanto para la guerra que libran en Siria e Irak como para la preparación de atentados en todo el mundo.

Esos mismos líderes que lanzan respuestas airadas y ponen nombres a los países que trafican con el petróleo del Daesh, como la airada respuesta de Putin señalando a Turquía como beneficiario de crudo yihadista, callan cuando organismos humanitarios les apuntan con el dedo como los vendedores de armas que acaban en posesión de los yihadistas.

Alemania, a través del Consejo de Seguridad Nacional aprobó este año la venta de armamento, incluidos carros de combate, a Arabia Saudí, Qatar y otros países árabes denunciados por prestar apoyo -directa o indirectamente- a los yihadistas del Daesh.

De hecho, las Bolsas de todo el mundo ‘celebraron’ con subidas generalizadas en los valores de las industrias de armamento los atentados de París, y cuando Rusia anunció que se sumaba a la guerra en Siria.

La industria española de armas en cifras

El negocio de las armas en España mueve un volumen de negocio alrededor de los 4.000 millones de euros. Un negocio que precisa de la ayuda del Gobierno español para cerrar los contratos con otros países.

Las últimas cifras conocidas se refieren al de 2014, donde oficialmente -son datos de la Secretaría de Estado de Comercio– se vendió material de defensa por un importe de 3.203,7 millones de euros. La mitad a países de la OTAN, pero la otra mitad partió rumbo a 34 países como Arabia Saudí, Barhein Indonesia, Australia, Omán y Egipto, por ejemplo

De hecho, la Legislatura de Rajoy ya acabada se ha caracterizado por algunos cambios significativos de la legislación que permitió vender tanques a los saudís y en aumentar la venta de material de defensa a Barhéin, Israel, Marruecos y Arabia Saudí.

En cuanto a los productos y tecnologías de doble uso -se venden para uso civil pero pueden ser aplicadas al uso militar- , las ventas en el primer semestre de 2014 fueron de 168,5 millones. Los tres primeros destinos fueron a China (14,8 millones), Estados Unidos (11,3 millones) e Irán (9,9 millones), aunque con este último país bajaron un 31,2 %.

Morenés, ¿el ministro lobbista?

La sombra de la sospecha se instaló en el Ministerio desde la toma de posesión de Morenés, quien atesoraba en su currículum el cargo de consejero y representante de empresas dedicadas a la fabricación y venta de armas como Instalaza S.A.

Secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000, secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002, secretario de Estado de Ciencia y Tecnología entre 2002 y 2004, y desde diciembre de 2011 Ministro de Defensa en el Gobierno de Mariano Rajoy hasta el momento en el que permanece en funciones. Morenés fue consejero de esta empresa durante el periodo de gobierno del PSOE.

La sombra de este pasado privado del ministro se proyectó al conocerse por el diputado de Amaiur, Jon Iñarritu que presionó parlamentariamente para conocer toda la información relativa al ministro y las empresas de las que había formado parte. Desde que Morenés tomo posesión de su cargo en diciembre de 2011, firmó un total de 32 contratos con empresas que tuvieron vínculo profesional con él. El diputado lo exhibió como una prueba de la existencia de “puertas giratorias y negocios giratorios”.

Pedro Morenés.

La repuesta escrita del Gobierno no fue en absoluto precisa, y se limitó al reconocimiento de los contratos suscritos con Defensa. No se ofreció mayor información sobre la cuantía de los contratos adjudicados a Instalaza y cómo se adjudicaron. Aunque los datos, posteriormente, se hicieron públicos en el portal de transparencia.

El Gobierno detalló en su respuesta que en este periodo de 14 años había firmado 140 contratos con diferentes compañías armamentísticas. De los 32 que le correspondieron a Instalaza, siete de ellos fueron firmados en 2012, trece en 2013, y doce en 2014.

Contratos por varios millones de euros y que también fueron cuestionados por la diputada entonces de UPyD, y hoy diputada en el PSOE en el Congreso, Irene Lozano, aunque con similar resultado al obtenido por el diputado de Amaiur.

En esta ocasión, el Ejecutivo se escudó en que el ministro de Defensa no había intervenido en ninguna de las fases del procedimiento de contratación por lo que “no concurría en ninguna circunstancia que implique el deber de abstención y de inhibición”.

Auge, caída y recuperación de Instalaza S.A.

Instalaza fue gravemente perjudicada por el Gobierno de Zapatero, cuando España se sumó al Tratado de Dublín que prohibía el uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de racimo.

Instalaza, fabricante de este tipo de armas, llevó a los tribunales a Zapatero y llegó a solicitar una indemnización millonaria, pero la Audiencia Nacional rechazó la demanda. La sentencia se dictó cuando Morenés ya era ministro.

La empresa entró en quiebra técnica en 2008 aunque no cerró. En enero de 2009, todavía mantenía la bomba de racimo MAT-120 en el catálogo de su web. Esta bomba fue utilizada, según denunció el New York Times por Muamar el Gadafi contra poblaciones civiles en su represión de la rebelión en Libia de 2011. Una información confirmada por la organización humanitaria Human Rights Whatch.

Pero parece haber pasado el bache, y en febrero de 2013 Instalaza presentó en el Salón de Defensa de Abu Dabi su catálogo de productos, “lo cual reafirma que la industria de Defensa y Seguridad españolas son de las más activas dentro del alto crecimiento general de las exportaciones españolas“, según las notas de prensa enviadas durante el evento.

Un impulso del sector industrial armamentístico por parte de Morenés y del Gobierno de Rajoy que ha supuesto un endeudamiento innecesario para España, según denuncia a través su blog el ex teniente Segura:

“Impulsaste, en tu primera etapa, la compra de los planes especiales de armamento (PEAs) por los que España debe más de 21.000 millones de euros de un total de más de 30.000“. Constantino Méndez, que fue Secretario de Estado de Defensa en el año 2011 denunció: “Hemos comprado material que no necesitamos, para escenarios que no se van a producir y que no podíamos pagar ni antes ni ahora”.

Eso por no hablar de las supuestas investigaciones de los servicios de inteligencia de media Europa, que están intentando verificar si los uniformes que llevan los combatientes del ISIS son de fabricación española.

Irispress