Douglas Murray.- Han pasado nueve meses desde que Angela Merkel y Mark Zuckerberg intentaron resolver la crisis de los inmigrantes en Europa. Naturalmente, tras haber provocado la crisis anunciando que las puertas de Europa estaban abiertas al tercer mundo, Angela Merkel se encontraba en una particular buena posición para tratar de resolver dicha crisis.

Pero a la canciller alemana no estaba interesada en reforzar las fronteras exteriores de Europa, volver a erigir sus fronteras internas, crear un sistema funcional de veto sobre el asilo y repatriar a los que han mentido para lograr entrar en Europa. En su lugar, a la canciller Merkel le interesaba Facebook.

Cuando se sentó con Mark Zuckerberg, frau Merkel quiso saber cómo el fundador de Facebook podría ayudarla a limitar la libertad de expresión de los europeos, en Facebook y en otras redes sociales. Charlando con Zuckerberg en una cumbre de la ONU el pasado septiembre (e ignorando que los micrófonos estaban captando lo que decía), le preguntó qué se podía hacer para limitar en Facebook los comentarios de la gente críticos con su política sobre migración. “¿Estáis trabajando en ello?”, le preguntó. “Sí”, respondió Zuckerberg.

En los meses siguientes, nos enteramos de que no era una una mera charla banal durante el almuerzo. En enero de este año, Facebook lanzó su “Iniciativa para el Coraje Civil Online”, destinando un millón de euros para financiar organizaciones no gubernamentales dedicadas a contrarrestar las publicaciones “racistas” y “xenófobas” en internet. También se comprometía a suprimir el “discurso del odio” y las expresiones de “xenofobia” de la web de Facebook.

Estaba claro desde el principio que Facebook tiene un problema de definiciones, además de un prejuicio político a la hora de decidir hacia dónde apuntar. ¿Cuál es la definición de Facebook de “racismo”? ¿Cuál es su definición de “xenofobia”? ¿Cuál es, llegados a este punto, su definición de “discurso del odio”? En cuanto a su prejuicio político, ¿por qué Facebook no ha considerado hasta ahora cómo suprimir de Facebook las expresiones de defensa de las fronteras abiertas, por ejemplo? Hay muchas personas en Europa que han sostenido que el mundo no debería tener fronteras y que en Europa, en particular, debería poder vivir quien quiera. ¿Por qué no se han censurado las posturas y eliminado las publicaciones de las personas que han expresado dichos puntos de vista en Facebook (que son muchas)? ¿Es que esas posturas no son “extremas”?

Un problema en todo este ámbito –un problema que claramente no se le ha ocurrido a Facebook– es que estas son preguntas que ni siquiera tienen la misma respuesta en distintos países. Cualquier pensador político informado sabe que hay leyes que se aplican en algunos países y que no se aplican –y a menudo no deberían aplicarse– en otros. Contra la visión de muchos “progresistas” transnacionales, el mundo no tiene un conjunto único de leyes universales y, desde luego, no tiene costumbres universales. Las leyes contra el discurso del odio son, en gran medida, un refuerzo del ámbito de las costumbres.

Por lo tanto, es una insensatez aplicar las políticas de un país a otro sin al menos tener un profundo conocimiento de las tradiciones y leyes de ese país. Las sociedades tienen su propia historia y sus propias actitudes hacia sus asuntos más delicados. Por ejemplo, en Alemania, Francia, Países Bajos y otros países europeos existen leyes tipificadas sobre la publicación de materiales nazis y la difusión de materiales que ensalcen (o incluso representen) a Adolf Hitler o que nieguen el Holocausto. Las leyes alemanas que prohíben los retratos fotográficos a gran escala de Hitler podrían parecer ridículas aplicadas en Londres, pero lo parecerían mucho menos en Berlín. Sin duda, un londinense tendría que estar muy seguro de sí mismo para prescribir unilateralmente una política que cambiara esta ley alemana.

Para entender las cosas que están prohibidas o que se pueden prohibir en una sociedad, uno ha de estar muy seguro de que comprende los tabúes y la historia de ese país, así como sus códigos y leyes sobre la libertad de expresión. Prohibir la veneración de ídolos comunistas, por ejemplo, podría ser prudente, de buen gusto e incluso deseable en uno de los muchos países que han sufrido el comunismo, que desee minimizar el sufrimiento de las víctimas y prevenir la resurrección de una ideología como esa. Sin embargo, una prohibición universal de las imágenes o textos que ensalcen a los asesinos comunistas de decenas de millones de personas también convertiría en delincuentes a los miles de occidentales –especialmente los estadounidenses– que disfrutan llevando camisetas del Che Guevara o siguen con su fantasía adolescente de que Fidel Castro es un icono de la libertad. Las sociedades libres tienen que permitir en general el mayor abanico posible de opiniones. Pero tendrán diferentes ideas sobre dónde acaba una opinión legítima y dónde empieza la incitación.

Así que sería presuntuoso por parte de Facebook y otros que redactaran por su cuenta una política unilateral sobre qué constituye el discurso del odio, aunque no estuviese –como claramente lo está– sesgada políticamente desde el principio. Así que es especialmente lamentable que este movimiento para aplicar un código contra el discurso del odio cobrara fuerza adicional el 31 de mayo, cuando la Unión Europea anunció un nuevo código sobre opiniones online para que lo apliquen cuatro grandes empresas tecnológicas, entre ellas Facebook y YouTube. Por supuesto, la UE es un gobierno –no electo–, así que su intención de no limitarse a evitar responder a los críticos, sino además criminalizar sus posturas y prohibir sus opiniones contrarias, es tan deplorable como que el gobierno de cualquier país prohibiera o criminalizara las expresiones u opiniones que no fuesen elogiosas hacia el gobierno.

Estos no son asuntos abstractos, sino empiezan a afectarnos de manera muy directa, como demuestra –por si hacía falta alguna prueba– la decisión de Facebook de suspender la cuenta de una experta sueca, Ingrid Carlqvist. El año pasado, la población sueca aceptó entre un 1 y un 2 por ciento de población adicional. Se esperan cifras similares para este año. Como sabrá cualquiera que haya estudiado la situación, se trata de una sociedad que se encamina hacia una quiebra creada por ella misma, fruto de (según las interpretaciones más benignas) su “generoso” progresismo.

Los países con modelos de bienestar como el de Suecia no pueden aceptar tal cantidad de población sin sufrir importantes problemas económicos. Y las sociedades con un historial deficiente sobre integración no pueden en modo alguno integrar a tal inmensidad de población cuando llegan a tanta velocidad. Como podrá decir cualquiera que haya viajado allí, Suecia es un país sometido a una enorme y creciente tensión.

Hay una fase a la hora de abrir los ojos ante ese cambio, que es la de negación. La UE, el gobierno sueco y la inmensa mayoría de la prensa sueca no tienen ningún deseo de escuchar las críticas hacia una política que ellos han creado o aplaudido; las consecuencias llegarán un día al umbral de su puerta, y quieren postergar ese día, incluso indefinidamente. Así que en vez de tratar de apagar el fuego que ellos iniciaron, han decidido atacar a quienes están advirtiendo de que se le está prendiendo fuego al edificio que los alberga. En estas circunstancias, no solo es el derecho sino el deber de las personas libres señalar la realidad, aunque otros no quieran escuchar. Solo un país que se desliza hacia la autocracia y el caos, con una clase dirigente que intenta evitar recibir las culpas, podría permitir el silenciamiento de las pocas personas que están señalando lo que se puede ver claramente delante de ellos.

La gente debe alzar su voz, y debe alzarla ahora, y hacerlo rápido, en defensa de la libertad de expresión antes de que se les hurte, y en defensa de periodistas como Carlqvist, y contra las autoridades que nos silenciarían a todos nosotros. Por desgracia, no es exagerado decir que nuestro futuro depende de ello.