José Antonio Griñán y Manuel Chaves

Después de casi cinco años y medio de instrucción del fraude de los ERE, la causa abierta contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el diseño y mantenimiento de un sistema ilegal de concesión de ayudas va camino de juicio. Según las fuentes judiciales consultadas, el auto de procesamiento de los ex altos cargos autonómicos podría conocerse la próxima semana, concretamente el martes, coincidiendo con la declaración de la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, ante la comisión del Parlamento andaluz que investiga las responsabilidades políticas en otro frente judicial: el fraude de los cursos de formación.

Se esperan pocas sorpresas respecto al oscuro horizonte penal que aguarda a los antecesores de Susana Díaz en la Presidencia, toda vez que el juez instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que los investigó cuando estaban aforados, ya señaló el camino al concluir que existían indicios suficientes para acusarlos de un supuesto delito de prevaricación administrativa por diseñar y mantener durante diez años un sistema opaco de reparto de fondos dotado de 855 millones de euros. Fuentes judiciales dan por hecho que ambos tendrán que enfrentarse a un juicio. «Sería muy extraño que el juez contradiga al Supremo», señala una de las partes personadas en la causa.

Álvaro Martín, el juez de apoyo de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la pieza política de los ERE, está a punto de culminar el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que concluirá con la apertura de jucio oral.

En esta causa están investigados 51 ex altos cargos autonómicos, entre los que se encuentran los exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera (éste también acusado de malversación de fondos públicos), Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Martín Soler o Manuel Recio. Sin embargo, algunos de los imputados podrían caerse en la fase intermedia del proceso que está a punto de cerrarse.

La juez que abrió las diligencias, Mercedes Alaya, atribuyó supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental a toda la cúpula de la agencia IDEA entre 2001 y 2008, que pagaba las ayudas aprobadas por la Consejería de Empleo, pero partes personadas en el procedimiento consideran que durante la instrucción no se han reunido indicios suficientes para determinar su papel en el supuesto falseamiento del presupuesto de esta agencia y que ello fuera decisivo en el fraude de los ERE.

Peticiones de Anticorrupción

Según las mismas fuentes, el instructor no esperará para dictar el auto a que lleguen al juzgado algunas pruebas periciales solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción: nueva documentación pendiente y varios informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que no los consideraría imprescindibles para cerrar las diligencias previas 174/2011 e incorporarlos con posterioridad.

El juez tendrá que volcar en su auto toda la munición acusatoria contra los ex altos cargos investigados por montar o favorecer un procedimiento de pago de las ayudas mediante las llamadas transferencias de financiación, un instrumento presupuestario que permitía agilizar los abonos a costa de escapar a los controles de la Intervención de la Junta.

El sistema propició que 196 falsos empleados se beneficiaran de cuantiosas pólizas de prejubilación, empotrándose en ERE de empresas donde nunca habían trabajado, o que empresas de la órbita del PSOE recibieran ayudas que la Junta acabó declarando nulas en un proceso de revisión de oficio iniciado años después para recuperar las ayudas.

Una vez que Martín dicte el auto de transformación, el más trascendental de la investigación, el juez dará diez o veinte días a las partes del proceso para que éstos formulen sus escritos de defensa, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Junta, el PP andaluz y Manos Limpias expondrán sus acusaciones. Una vez que la Audiencia resuelva los recursos, sólo resta dictar el auto que puede acabar sentando en el banquillo a los anteriores presidentes de la Junta de Andalucía.