Pelayo del Riego.- El capítulo 17 del Programa 21, contempla la protección y gestión de los océanos. Los océanos, incluidos los mares cerrados, y semicerrados, forman parte esencial, del sistema mundial del sustento de la vida. Cubren gran parte de la superficie de la Tierra (71%), influyen en las condiciones atmosféricas, y climáticas, y proporcionan alimentos, y otros recursos para la población mundial, en constante aumento. El Convenio sobre el Derecho del Mar, establece normas básicas para la protección, y aprovechamiento sostenible de los mares, y sus recursos. No obstante, la contaminación, y la pesca excesiva, la degradación de las costas, y de los arrecifes coralinos, ejercen creciente presión, sobre los océanos. Cerca del 70% de la contaminación de las zonas marítimas, proviene de actividades en tierra, es decir, de los poblados, la industria, la construcción, la agricultura, la silvicultura, y el turismo. La contaminación más nefasta, son las aguas servidas, los productos químicos, los sedimentos, la basura, los plásticos, los metales, los desechos radiactivos, y el petróleo. De momento no hay estrategia alguna global, para luchar contra la contaminación marina, proveniente de tierra. La navegación, y los vertidos, (mas de 600.000 toneladas de petróleo al año) perjudican cada año a los océanos, y contribuyen a su deterioro.

Las naciones deberán: anticipar, y prever, todo deterioro adicional del entorno marino, y reducir los riesgos; velar por la determinación del impacto ambiental, de actividades sobre el entorno marino; integrar actuaciones, de protección; aplicar el principio de que, el que contamina paga; mejorar los niveles de vida, de los habitantes costeros; instalar plantas de depuración de aguas residuales; reducir, y eliminar vertidos, de compuestos acumulativos; controlar la eliminación, de desechos peligrosos; lograr la vigencia de una reglamentación internacional, sobre navegación, y riesgos de vertidos; controlar las emisiones de nitrógeno, y fosfatos, por el sobreuso de fertilizantes; promover la reducción de la erosión en tierra, que arroja desechos a los ríos, y por ende al mar; fomentar el uso de plaguicidas, y fertilizantes, menos nocivos; y poner término al vertido en alta mar, de desechos peligrosos y/o la incineración.

Actualmente –recordemos que el Programa 21 es de 1992- la industria pesquera y marisquera, obtiene entre el 80 y 90 millones de toneladas de pescado, y mariscos, que en un 95% se capturan en aguas nacionales (plataforma costera). En los últimos 40 años, el tonelaje anual de rendimiento, se ha quintuplicado. Se observa un aumento de la pesca excesiva, la degradación de ecosistemas, y la utilización de equipos no selectivos.

Por tanto, los países deberán: fijar una política para el aprovechamiento sostenible de los mares; fomentar la piscicultura marina; negociar acuerdos, para la gestión, y la conservación de los recursos; reforzar la supervisión de las industrias pesqueras, y de los reglamentos que las rigen, reducir los desperdicios de captura, manipulación, y procesamiento del pescado; y reducir la captura de pescados que se descartan; efectuar estudios del impacto de técnicas pesqueras, y utilizar técnicas racionales, desde el punto de vista ecológico; prohibir el uso de dinamita, veneno, y otros métodos análogos; proteger ciertas zonas, arrecifes, estuarios, manglares, lechos marinos, y lugares de reproducción, y alimentación de la vida marina; desalentar el cambio de pabellón, para burlar el cumplimiento de normativas; y controlar la pesca de arrastre, en alta mar. El calentamiento global, puede hacer elevar el nivel de las aguas. Más de la mitad de la humanidad, vive a menos de 60 kilómetros de la costa. En el 2020 esta proporción puede llegar al 75%. Las naciones isleñas, necesitan una especial atención en estas materias.

El capítulo 18 del Programa 21, contempla la protección y gestión de los recursos de agua dulce. Los recursos de agua dulce, son vitales para satisfacer la necesidad de bebida, así como para el saneamiento, la agricultura, la industria, el desarrollo urbano, la generación hidroeléctrica, la piscicultura, el transporte, el ocio, y otras actividades humanas. Revisten también gran importancia, para la salubridad de la naturaleza. En un siglo, se ha multiplicado por 12 el consumo de agua dulce. La mayor parte, se la ha llevado la agricultura, y la industria. También el uso municipal, ha sido significativo. Las pérdidas de los embalses, igualmente, se han multiplicado.

Se observa una escasez generalizada, en muchos territorios, originada por el mal trato dado a las aguas freáticas, y la creciente contaminación de los recursos hídricos, por las aguas servidas. El suministro de alimentos, para una población creciente, depende en gran medida del agua dulce. Uno de cada tres habitantes de países en desarrollo, carece de suministro adecuado de agua dulce, salubre, y de servicios de saneamiento; condiciones éstas, mínimas para vivir dignamente, y con salubridad. Se calcula que en estos países, el 80% de las enfermedades, y un 33% de las defunciones, se deben al consumo de agua insalubre. El cambio climático, el calentamiento global, puede agravar estas situaciones. Ante estas certidumbres, deben encontrarse medios para proporcionar a todos, y cada uno de los habitantes del planeta, un suministro adecuado de agua salubre: un poco para todos, y no todo para unos pocos. La gestión de los recursos de agua, deberá delegarse en los estamentos de base apropiados, previéndose la plena participación del público, incluidos los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, y las comunidades, tanto en la adopción de decisiones, como en la gestión de los recursos.

El año 2025, representa un tope realista para el logro del suministro universal del agua. Mientras tanto, deberá haberse logrado: un mínimo diario de 40 litros de agua salubre, para toda persona en zonas urbanas; el suministro de saneamiento para el 75% de los habitantes de zonas urbanas; la vigencia de normas, para la eliminación de desechos municipales, e industriales; la recolección, el reciclaje, o la eliminación del 75% de los desechos sólidos, de las zonas urbanas, en condiciones ambientalmente satisfactorias; el acceso garantizado de las poblaciones rurales, en todo el mundo, a fuentes de saneamiento, y agua salubre sin atentar a los entornos autóctonos básicos; y la lucha general, contra las enfermedades asociadas al agua. Para esto, habrá que investigar sobre la disponibilidad, y calidad de los recursos hídricos; y gestionar los recursos reconociendo la importancia de proteger la integridad de los ecosistemas acuíferos, y preservarlos.

Los países, deben proteger las fuentes de agua, y velar por su uso racional; y de forma sostenible, realizar obligatoriamente, los estudios de impacto ambiental, para todos los grandes proyectos hídricos de desarrollo, y planes de regadío. Promover nuevas fuentes de agua, a través de la desalinización, el embalse de agua de lluvia, y el reciclaje de aguas servidas. El conocimiento del verdadero coste del agua, es requisito previo e indispensable, para su uso. Proteger las riberas, su vegetación, y restringir el uso de fertilizantes contaminantes, es también preciso. Las piscifactorías, no deben perjudicar los cursos de agua, con contaminantes. La ganadería, necesita suministro adecuado de agua, y ésta no debe sufrir contaminaciones, de desechos animales.

Todo esto, se prescribía en 1992, cuando en el planeta, éramos 5.480.000.000 de habitantes. Ahora somos cerca de 7.300.000.000, un 33% más que entonces, en 24 años. ¿Para cuando dejamos el rigor?

No se pierdan la próxima, y última entrega. (Continuará)

*Miembro del Capítulo Español del Club de Roma