Una parte de la derecha social española anda siempre con el paso cambiado. Tan cambiado que es capaz de convertir en virtudes teologales la ejecutoria política de un oportunista como Albert Rivera, un gualtrapas de elásticos principios. Las virtudes políticas de Albert Rivera, sin embargo, son de signo humanístico bien distinto al que supuestamente se preconiza y defiende desde esos sectores ideológicamente tan erráticos.

De entrada, que Alberto Rivera se declare ateo, pro-abortista, feminista, entusiasta del laicismo militante, partidario de recuperar la ley de memoria histórica y apologista de los derechos de gays y lesbianas, entre otras perlas, no le ha impedido aglutinar los votos de muchos ex votantes católicos del Partido Popular.

Como argumento mayor, subrayan sus partidarios su compromiso contra la corrupción. De hecho, la corrupción ha constituído uno de los ejes sobre los que ha girado la intervención de Rivera en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Habló de la regeneración como un imperativo político. Acabóse. Repasemos dónde nos lleva esa pretendida lucha contra la corrupción del ‘monaguillo’ del líder socialista. De momento a hacer un poco de historia. Andalucía, la comunidad autónoma con más población del país, es también la que acumula mayor cantidad de casos de corrupción. Según un estudio de la Universidad de la Laguna, que cifraba en alrededor de 800 los casos de corrupción acaecidos en la última década, más de un cuarto de ellos se ha producido en Andalucía, ateniéndonos al número de implicados. Allí gobierna el PSOE con el apoyo de Ciudadanos. Desde que Susana Díaz tomó posesión de la Presidencia, hace menos de un año, tres cargos han dimitido y otros tres han sido imputados por casos de corrupción, “por robar a los andaluces”, como sostuvo hace días en sesión parlamentaria la portavoz de uno de los grupos de la oposición. Estos son: su jefe de servicio de contratación de Medio Ambiente, su director del Servicio Andaluz de Empleo, su gerente de Idea y su presidenta del Puerto de Huelva.

Desgranaremos algunos de los casos de corrupción más sonoros en aquella comunidad y que los lectores juzguen sobre la verosimilitud o no de las pretensiones de Rivera de regenerar la vida española mientras su partido colabora en el mantenimiento del cortijo corrupto socialista en Andalucía.

Y una vez más, sorprende la actitud adoptada por el PP al aceptar las críticas sobre prácticas corruptas sin recordar a sus oponentes las que tienen a la administración socialista andaluza como protagonista desde hace décadas. Veamos:

Caso Edu

Ha destapado las irregularidades en la concesión de las ayudas en los cursos de formación en Andalucía. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), organismo era el encargado de gestionar esta línea de fondos.

Caso ERE

El caso ERE tuvo una precuela, el caso Mercasevilla, las conversaciones de directivos del mercado de abastos con empresarios de Sevilla del grupo La Raza pidiendo dinero (450.000 euros) a cambio de las gestiones para obtener una subvención de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por un valor de 900.000 euros.

Invercaria

Invercaria es una empresa de capital-riesgo de la Junta de Andalucía. Hay 30 empresas investigadas que consiguieron importantes sumas de dinero a pesar de proyectos que fueron un fiasco como la compañía aérea Andalus, que presidía el exconsejero de Cultura José María Martín Delgado.

Facturas UGT

Un spin-off de la macrocausa de los ERE. El sindicato creó e infló facturas para financiarse de modo ilegal más de diez años. Los dirigentes participaron en la denominada “central de compras” del sindicato. Fue una “inspiración directa” de Manuel Pastrana, exsecretario general de UGT Andalucía, y continuó con Fernández Sevilla.

1982-1996

Memorial de los principales casos de corrupción destapados en Andalucía

Susana Díaz y Juan Marín, el líder de Ciudadanos en Andalucía.

Aunque el primer gran caso de corrupción estallado en Andalucía y con consecuencias judiciales fue el caso Guerra, ha habido un largo rosario de casos destapados que parecen haberse perdido en la memoria de los andaluces. Para que puedan refrescarla, hemos elaborado este “memorial” -no exhaustivo ni total -,de casos antiguos, anteriores a 1996, que afectaron al Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, hoy dirigido por Susana Díaz.

1.-Caso chalé de Escuredo: En 1984 y para cargarse al entonces presidente Rafael Escuredo por sus continuas extralimitaciones “autonomistas” próximas al andalucismo (que logró devorar casi completamente con su táctica al Partido Socialista Andaluz de Alejandro Rojas Marcos) surgió la historia del chalé de “Rafalito”. Para conseguir sua caída de “Rafalito” se filtró que una conocida empresa estaba edificándole un chalé como supuesto pago de favores. Y efectivamente, lograron que presentara su dimisión.

2.-Caso Algeciras: En 1987, la ciudad de Algeciras, fue la primera «sede» andaluza de un presunto caso de corrupción relacionado con la financiación del PSOE-A como telón de fondo. Los hechos fueron resumidos por ABC de la siguiente forma: “En julio de 1987, IU-CA envió al fiscal de Sevilla una cinta magnetofónica en la que el ex concejal socialista de Algeciras, Alberto Mendoza, relataba al torero Pedro Castillo el reparto de un millón entre algunos miembros de la anterior Corporación algecireña. La grabación venía a incidir en las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación del PSOE, realizadas en su día por el ex concejal algecireño José María Foncubierta, expedientado por el PSOE a raíz de sus denuncias. La ejecutiva regional investigó el tema sin mucho interés.”

3.-El caso del Edificio Presidente: Para los que no habían nacido o no recuerden, el 5 de noviembre de 1986, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba la compra del Edificio Presidente. Poco después, 18 días, ABC, con la ayuda incomparable de Javier Arenas entonces militante democristiano del PDP, detalló los precios vigentes en el mercado inmobiliario sevillano en las zonas más cualificadas de la ciudad y en edificios de características similares. El precio más alto por metro cuadrado no superaba las cien mil pesetas (600 euros) en el edificio más lujoso para oficinas. En la avenida Ramón de Carranza, precisamente el mismo lugar del Edificio Presidente, los precios más altos no alcanzaban las noventa mil pesetas (540 euros). Sin embargo, la Junta había pagado por la compra del Edificio Presidente 128.000 pesetas (630 euros el metro cuadrado). Para mayor claridad y haciendo cuentas, la Junta pagó 6 millones de euros( 1.000 millones de pesetas) más que el precio de mercado.

4.-Caso Costa Doñana: El tinglado de la “utopía” Doñana ha sido siempre una bandera “ecologista” para el PSOE mientras sus alcaldes autorizaban urbanizaciones, algunas de ellas rebosantes de tráfico de influencias. El famoso caso Costa Doñana, en el que resultaron implicados Jacinto Pellón, el mazinger de la Expo 92 gracias a Felipe González, Jesús Bores, amigo del presidente y Francisco Palomino, su cuñado, además de un consejero de José Rodríguez de la Borbolla, Jaime Montaner, entre otros, estalló en 1988. El caso Costa Doñana fue denunciado por IU, qué tiempos aquellos, y fue explicado por Antonio Castro y Manuel J. Florencio en ABC. También Diario 16 Andalucía participó en la disección.

5.- El caso de la creación de Canal Sur: El proceso de creación de la RTVA también fue escandaloso por tres motivos. Primero, porque se metió a dedo de manera inmisericorde a la gente afín al PSOE, según confesión propia de los dirigentes, y de su entonces director general, el “chungo”[2] Salvador Domínguez. Segundo, porque se perdieron miles de millones de pesetas que fueron a parar a las productoras amigas del PSOE. Tercero, porque el descubrimiento de la mala gestión, el trapicheo y el traspaso de dinero público llevo a la dimisión del director general de la RTVA y del director general de Canal Sur TV, Francisco Cervantes Bolaños. De despilfarro delirante tildó Diario 16 a la operación Canal Sur de estos dos directivos socialistas.

6.- El caso Juan Guerra: Cuando apareció el caso Guerra, 1989, todavía era Gorbachov la cabeza visible del imperio soviético. España llevaba ocho años de mayoría absoluta socialista en cuyo seno el que se movía no salía en la foto. Luis Solana impedía que la picaresca juanguerrista se expusiese en la Radio Televisión Pública y Carlos Solchaga ofrecía a los sindicatos subidas dos puntos por encima de la inflación. Eran otros tiempos. Cuando estalló estábamos en enero de 1990, hace ya 21 años. La corrupción, a pesar de los casos ya mencionados, era un tema que no preocupaba a los españoles. Con el caso Juan Guerra, explosionaba el primer gran escándalo de corrupción que afectaba al PSOE y que provocaba heridas muy profundas en su número dos, el hasta ese momento todopoderoso Alfonso Guerra, que, al año siguiente, se vería forzado a dimitir en un patético acto desarrollado en Extremadura. El meollo político y judicial del «caso Guerra» se situaba y se sitúa alrededor de un núcleo fáctico: la utilización indebida de un despacho oficial situado en la Delegación de Gobierno en Andalucía desde el que Juan Guerra, además de servir de asistente de su hermano Alfonso, organizaba y diseñaba sus negocios privados.

7.-El caso Tragaperras: Otro asunto espinoso derivado del Caso Guerra fue la llamada trama de las tragaperras. Esta vez se trataba de una empresa, propiedad de un íntimo amigo de Juan Guerra, Manuel Mora, que conseguía obtener de la Junta la concesión de 367 licencias de máquinas tragaperras. La adjudicación llegaba poco antes , curiosamente, de que un cambio en la legislación permitiese que este tipo de máquinas, hasta entonces solo permitidas en salones recreativos, pudieran instalarse también en bares y cafeterías. El escándalo, del que Juan Guerra salió ligeramente condenado, produjo la única detención del caso. El juez Márquez ordenaba la detención del entonces delegado de Gobernación en Sevilla, Francisco Morillo, como responsable de los hechos.

8.-El caso Ollero: Estalló en el verano de 1992, y “tocaba” políticamente a dos consejeros de la Junta, el titular de Obras Públicas, Juan José López Martos, luego absuelto, era apuntado en el sumario como el máximo responsable de la adjudicación de una obra a la constructora Ocisa, previo cobro de una supuesta comisión por parte de la Junta. Junto a él, Jaime Montaner, consejero de Economía en cuyo departamento trabajaba un alto funcionario, Antonio Mena Anisi, implicado, como presunto informador, en la trama de los comisionistas. La sospecha de corrupción se cernía sobre las infraestructuras andaluzas y en concreto sobre la autovía A-92. El caso Ollero consistía en pago de comisiones a cambio de la adjudicación de las obras públicas en carreteras andaluzas. Los hechos se remontaban a julio de 1992, cuando la Policía detuvo a Jorge Ollero , hermano del director general de Carreteras, Manuel Ollero, con un maletín con 22 millones de pesetas fruto de una supuesta comisión ilegal por la adjudicación de obras de la Junta en el tramo Las Pedrizas-Salinas de la A-92 en la provincia de Málaga.

9.-El caso Chaves-Caja de Ahorros de Jerez: Estalló en 1995. Manuel Chaves dejó sin pagar un préstamo en la década de los 80, y aún sigue sin pagarlo. Las elecciones andaluzas de 1996 impidieron la comisión de investigación exigida por la oposición y de este modo sigue sin investigarse el caso. Después se conocieron otros impagos protagonizados por personalidades del PSOE como, por ejemplo, el de la Caixa y Montilla. Pero Chaves fue el primero, que sepamos, junto con conocidos dirigentes del Partido Socialista en dejar de pagar un préstamo a la Caja de Ahorros de Jerez, hoy CajaSol. Lo suyo fue más grave porque además de no pagar, lo trató de ocultar. Estilo del régimen y tela de araña… ya en 1987.

10.-El caso de la Empresa Pública del Suelo de Andalucia: Este es otro de los casos no investigados por el Parlamento andaluz debido a la oposición del PSOE. Ocurrió en julio de 1986. La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, permitió que el importe de la liquidación de los intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial, fuese ingresado en una cuenta del PSOE de manera subrepticia. Es decir, los intereses generados por el depósito de dinero de la Junta, o sea, dinero de todos los andaluces, terminó en las arcas privadas del PSOE.

11.- Caso Expo 92: Fueron varios e investigados incluso por el juez Baltasar Garzón en el extranjero. Uno de sus episodios más curiosos fue el de dos empresarios portugueses, Manuel y José Conde, que acusaron a Jacinto Pellón de exigirles el 10 por ciento de las contrataciones. La aventura de los hermanos De Coca, uno de ellos, Jaime de Coca, socio de los portugueses y amigos de Jacinto Pellón, acusados de pedir a unos socios portugueses 150 millones de pesetas para el PSOE fue el indicio una nueva trama de comisiones ilegales.

12.- Caso Gratis Total: Ocurrió en 1993 y se refería al entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; al ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio; la mujer de Alfonso Guerra, Carmen Reina, o el ex ministro José Barrionuevo. Todos ellos figuraban entre los pasajeros de Isleña de Navegación S. A. (Isnasa) que viajaron «gratis total» con destino a Ceuta o Tánger en buques de esta naviera privada. En el caso de Mariano Rubio y su esposa, Carmen Posada, fue necesario alterar la posición de cinco camiones «high long» para albergar los vehículos del matrimonio y de sus escoltas oficiales.

12.- Caso Salinas-Montaner-Gil: Jaime Montaner, ex consejero de Chaves, fue expulsado del PSOE en 1996 por firmar, diez años antes, la resolución que permitía a Jesús Gil realizar una construcción con una edificabilidad a su antojo a cambio de 200 millones. Montaner decía esto: «Sí, la firmé porque estaba en regla. Y es verdad que recibí a Rafael Salinas (hermano de José Miguel, vicepresidente de la Junta en tiempos de Rodríguez de la Borbolla), en su condición de asesor del Ayuntamiento de Marbella. Salinas iba y venía por los despachos de la Consejería de Obras Públicas, claro. Pero las comisiones, si las hubo, las cobraron ellos, los Salinas, y es quien está demostrado que las cobró. ¿Alguien puede creer que la Junta resolvía expedientes a golpe de comisión?». Pues Gil enseñó el talón de 85 millones que les tuvo que pagar.

13.- Caso Faros: Se refería al uso de los faros, algunos de ellos en Andalucía. como lugar de veraneo o estancias para altos dirigentes socialistas. Famoso fue el caso del ex ministro Virgilio Zapatero, ahora implicado en las tarjetas Black de Caja Madrid, por haber residido«un fin de semana,en el faro de Sant Sebastiá, en Gerona. Virgilio Zapatero afirmó que «sufragó los gastos personales» de su bolsillo, el lavado de la ropa utilizada fue cargado al Servicio de Costas. Por ejemplo en Andalucía, en el faro de Torrox, en Málaga, ocuparon vivienda durante 15 días de agosto de 1989 tanto Ricardo Díaz Zoido, entonces jefe del gabinete técnico de la Subsecretaría del MOPU, como el presidente de la Junta de Obras del Puerto de Sevilla, José Luis Carretero. El faro de Marbella, situado en el mismo casco urbano, fue frecuentemente utilizado para fines lúdicos por Juan Muñoz Mitchel, que había sido hasta subdirector general de Puertos. También habitó en el faro de Chipiona, en Cádiz, muy valorado entre los aspirantes a este peculiar veraneo por su ubicación en el mismo casco urbano de la ciudad. En el faro situado en Punta Doncella, en Estepona, se recibió la «visita» de Apolinar Rodríguez, secretario de acción sindical de UGT. Otro ugetista, Victoriano Sánchez, secretario de la Federación nacional del Transporte de la UGT, veraneó durante 15 días en 1984 en el faro de Tarifa, acompañado por el ex diputado socialista Francisco Parra.

14.-Caso pilotaje buques: El entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Pedro Miguel González Márquez, pilotaba habitualmente los ferrys de la compañía Isleña de Navegación, S.A.(Isnasa), que cubrían el trayecto Ceuta-Algeciras y viceversa con pasajeros y vehículos a bordo. Al menos en 16 ocasiones desde 1989, Pedro Miguel González Márquez ha logrado que los capitanes de los buques le cedieran el puesto del radiotelegrafista, único autorizado para realizar esa labor, para dirigir el timón en las maniobras de salida de los puertos de Ceuta y Algeciras. Pero no tenía titulación.

15.-Caso Oliva: El catedrático Horacio Oliva ofreció al juez Márquez, en nombre del PSOE, un puesto -no forzosamente el de vocal- en el Consejo General del Poder Judicial a cambio de que decretara el secreto del sumario del caso Guerra durante el periodo electoral. Fue en 1991.