El Defensor del Pueblo denuncia en su informe anual de 2015 que algunos operadores de telefonía móvil “han sabido beneficiarse” de situaciones no reguladas para “dar cobertura a prácticas de dudosa ética”.

Esta situación se ve favorecida por el vacío normativo, así como por el tiempo que se tarda en elaborar una normativa, según el Defensor del Pueblo, para el que la aplicación de la norma “en sentido estricto” y la “composición rápida de sanciones” ante comportamientos ilegales son “instrumentos necesarios” para que los ciudadanos se vean amparados.

Además, el Defensor del Pueblo subraya la necesidad de actuar ‘ex ante’ en lugar de ‘ex post’, de manera que “deben vigilarse los comportamientos de las compañías cuando existan indicios de que estos puedan convertirse en problemas más graves”.

La institución también ha destacado la falta de “información suficiente” por parte de los órganos de consumo sobre los problemas que afectan a los ciudadanos de su comunidad.

Esta circunstancia “obstaculiza” la adopción de medidas necesarias para su resolución, según el documento, que alerta de que los programas informáticos que sirven como canal de recogida de datos no contemplan aspectos fundamentales para conocer la situación del mercado en la comunidad autónoma.

“Sería muy beneficioso que los programas se adaptaran y dieran visibilidad a las reclamaciones planteadas por los ciudadanos y evitar así el cajón de sastre del que no se pueden extraer debidamente conclusiones”, añade.

Según el Defensor del Pueblo, al existir diversos órganos con competencias, es “esencial” la coordinación y colaboración entre ellos, ya que los órganos de consumo “han evidenciado” los problemas de coordinación con los de la Administración central.

DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA BANDA ANCHA EN TODO EL PAÍS

Por otra parte, el Defensor del Pueblo alerta sobre la brecha dgital existente entre las zonas tecnológicamente más avanzadas y aquellas en las que los ciudadanos se ven excluidos como beneficiarios de este servicio en condiciones óptimas.

En opinión de la institución, el desarrollo de la banda ancha debe ser “lo más uniforme posible” para asegurar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en todo el país y evitar que se produzcan avances “discontinuos o irregulares” que den lugar a brechas tecnológicas.

Así, la institución recomendó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) velar por que no se produzcan desajustes temporales en el desarrollo de la fibra óptica en España, una recomendación que está en fase de seguimiento.

Para lograr la extensión de la banda ancha, el Defensor del Pueblo indica que los operadores y los órganos administrativos deben aunar esfuerzos e impulsar la colaboración necesaria para que los habitantes de las zonas aisladas o económicamente menos rentables para las empresas no se vean perjudicadas por “criterios comerciales