José Manuel Orengo.

Los socialistas de la Diputación de Valencia en la pasada legislatura, liderados por José Manuel Orengo, se repartieron con los diputados provinciales de EU y Compromís ocho puestos de asesores en el consejo de administración de Imelsa durante la pasada legislatura, pagados a cargo de los fondos de esta empresa pública, informa Las Provincias.

No obstante, estos contratados, cuyo único fin era dar apoyo a los diputados de la oposición como integrantes del consejo de administración de Imelsa, prestaban, también otros cometidos, bien en los grupos políticos, bien en las organizaciones de los propios partidos, de ahí que en la Diputación se les denomine «falsos asesores», indicaron las fuentes oficiales de la corporación provincial.

Esta es la principal línea de investigación que maneja la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el motivo por el que ha citado a declarar esta próxima semana a Rosa Pérez Garijo, Emili Altur y José Manuel Orengo, a los que acompañará quien fue la cara del PSPV en el consejo de administración de Imelsa: Raúl Pardós.

Los nombres de estas cuatro personas aparecen a en un documento que les hizo firmar Rafael Soler, gerente de esa empresa pública y hombre de máxima confianza de Alfonso Rus. Soler, que actualmente forma parte del grupo popular en la Diputación, fue nombrado por el entonces presidente de la Corporación provincial para suplir en los primeros días de enero del año pasado la baja de Marcos Benavent y supuestamente para poner orden en la empresa pública.

En ese certificado, los cuatro firmantes -Orengo lo signó en calidad de portavoz del grupo provincial socialista- reconocen la contratación de ocho asesores a cargo de la empresa de la Corporación provincial exclusivamente para aconsejar sobre Imelsa.

El documento fue requerido por la UCO a la Diputación, dentro del proceso de colaboración que el equipo de gobierno ha mantenido desde el pasado verano con la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. El nuevo equipo de gobierno provincial le hizo entrega de la documentación que tenía.

¿Por qué la UCO no ha citado en calidad de investigados o como testigos, a los populares del consejo de administración de Imelsa? Porque en el certificado que se llevó a UCO no constaban sus firmas.

El cuatripartito de la Diputación, cuando se hizo cargo del gobierno de la institución provincial tras nombrar presidente a Jorge Rodríguez y tomar posesión de Imelsa, decidió no renovar el nombramiento de falsos asesores en esta empresa pública, aseguraron las fuentes consultadas.

El nombramiento de asesores para los miembros del consejo de administración de la citada compañía es una práctica que dispuso el PP para los partidos de la oposición. «Fue una figura inventada por el anterior gobierno de la Diputación para la contratación de asesores y contentar de este modo a la oposición», reconocieron.

No obstante, las contrataciones discrecionales en Imelsa han sido habituales desde hace décadas. La práctica se inició, según distintas fuentes consultadas, antes de los mandatos de Alfonso Rus, Fernando Giner, José Díez y Manuel Tarancón, con el PSPV en la presidencia y con mayorías absolutas.

Pero si el equipo de Rus ofreció a los diputados provinciales de la Corporación ocho asesores pagados con fondos de Imelsa y aceptaron, las mismas fuentes de la Corporación reconocieron que de forma regular también había colocaciones en las Brigadas Forestales, que estaban bajo la tutela de Imelsa. Se hacía, aseguran «para repartir la culpa», para que no fuera el PP sólamente el que tuviera a personal colocado, sino también las otras formaciones, aunque matizan que «eran migajas».

La reordenación de Imelsa

Y al margen de la actuación de la UCO, aunque en paralelo, la Diputación ha querido reordenar tanto el personal del Palau de Batlia como el de la sede de la empresa pública en cuestión. El pasado mes de julio el nuevo equipo de gobierno se encontró con 41 personas contratadas por Imelsa que desarrollaban su trabajo en la Corporación provincial en calidad de «falsos asesores».

«Lo que hacía Rus era reducir el capítulo de personal de la Diputación pero aumentaba el correspondiente de Imelsa con gente que después trabajaba para la Corporación, no directamente para la empresa que es la que pagaba su nómina», indicaron desde el Palau de Batlia.

Los actuales responsables ya decidieron resolver la mitad de esos casos a finales de octubre. Y a principios de enero el jefe de personal de la Diputación realizó una advertencia, aseguran fuentes del equipo de gobierno: o se resolvía la situación con los trabajadores que pagaba Imelsa y prestaban sus servicios en la sede de la Corporación provincial «o podíamos incurrir en un ilícito penal». El presidente, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, decidieron actuar. Enviaron a los 21 operarios que restaban a Imelsa y allí, a expensas de saltar a la nueva sede, les dieron vacaciones pagadas del 1 de febrero al 21, tiempo que emplearon en la empresa para decidir.

Y la decisión es que el lunes comunicarán 11 despidos, cinco de ellos correspondientes al área de protocolo y media docena del departamento de prensa. Además, recolocarán a tres periodistas en el área de Turismo, que recae en las competencias de Imelsa. Del resto se decidirá la próxima semana.

La Diputación deberá indemnizar por estos despidos y todavía tiene por acabar de resolver los realizados a finales de octubre, porque algunos afectados han denunciado a la corporación provincial.