Felipe González, en la lista.

La web “Contra la Impunidad Ya” ha denunciado la existencia de 48 políticos y ex políticos que manejan el 14.6% del IBEX, lo que supone un control de 58.048 millones de euros. El IBEX está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro Bolsas Españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). En la lista figuran políticos de PP, PSOE, IU, CiU, PNV y ERC, siendo la mayor parte de ellos muy conocidos:

PP: Luis de Guindos, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Matías Rodríguez Inciarte, Abel Matutes, Isabel Tocino, Marcelino Oreja, Luis Alberto Salazar Simpson, Fernando Becker, José Folgado, Tristán Garel Jones (ex ministro conservador inglés), Francisco Ruiz Risueño (Albacete), José Manuel Fernández Norniella, José Pedro Pérez Llorca, John Snow (ex secretario del Tesoro de EE.UU), Enrique Martínez Robles, José Lladó, Juan M. Villar Mir, Jose R. Alvarez Rendueles, Benita Ferrero Waldner (Partido Popular de Austria), Felipe Fernández (Asturias), Estanislao Rodríguez Ponga

PSOE: Felipe González, Narcís Serra, Miguel Boyer, Nicolás Redondo, José Borrell, Luis Atienza, Angeles Amador, Guillermo de la Dehesa, Luis Carlos Croissier, Braulio Medel, Luis Fernando Furlan (ex ministro de Lula en Brasil), Javier de Paz, Manuel Amigo (Extremadura), Arantxa Mendizábal (País Vasco), Ramón Pérez Simarro (socio de Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi), Javier Gómez Navarro, José Barreiro Seoane

CiU: Miquel Roca, Inmaculada Juan Franch, David K. P. Li (Caixabank, miembro del Consejo Legislativo de la la Región Administrativa Especial de Hong Kong), Miquel Noguer Planas, Carlos Jorge Ramalho (Caixabank, Portugal).

PNV: Joseba Andoni Aurrekoetxea.

IU: José A. Moral Santín.

ERC: Joan Hortalá (hoy CiU).

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La web denuncia también que “muchos de nuestros políticos que son acusados por irregularidades administrativas o delitos diversos están en libertad a pesar de haber sido no solo imputados sino en muchos casos procesados. Tenemos que plantear la necesidad de una Ley de Transparencia Política que ponga en práctica el Código Europeo para las Buenas Prácticas de Conducta de las autoridades locales y regionales, y que debe ser extensible a cualquier cargo político”.

Por ello, demandan “una Ley que no solo busque limpiar la vida política de escenarios comprometidos, sino que mediante las oportunas garantías establezca un procedimiento de garantía sumaria para que cualquier juez de lo Contencioso, o Tribunal competente pueda mediante audiencia y un auto en un plazo no superior a dos o tres meses, declarar en el cese de la actividad política y en el cargo a cualquier político que acusado y procesado por delitos graves, no pone su cargo a disposición del partido o coalición que sea, y dimite”.

“Los pleitos y procedimientos en un sistema garantista se eternizan, y la justicia retrasada como dice el refrán castellano, ni es justicia ni nada. Y la presunción de inocencia queda quebrada en un proceso donde el cargo político se encuentra claramente incriminado y hay claras pruebas de ello. Por ello esa Ley de la Transparencia debe y puede apostar porque la deontología de los militantes de partidos que ocupen cargos públicos exhiban la bandera de la honestidad absoluta y no de la sospecha”.

Y concluye: “Así mismo debería existir un Registro Público de la Transparencia Política y de las Buenas Prácticas, donde puedan acceder los ciudadanos y conocer de primera mano los delitos por los que un cargo público está procesado en el caso de delitos graves y públicos, o ha sido condenado por sentencia firme, aunque esté recurrida, y que tales delitos no hayan prescrito. Existen los mecanismos legales oportunos para controlar y aplicar la transparencia a la vida pública, y que de una vez por todas la opinión pública esté informada de quiénes son los que no hacen sus deberes, o deben por coherencia y honestidad dimitir”.