Abel Caballero, alcalde de Vigo

Otra nueva operación contra la corrupción salpica la vida política gallega. En este caso es la denominada operación  Patos, que investiga un amplio conjunto de irregularidades, presuntos delitos de prevaricación, soborno y tráfico de influencias cometidos en la concesión de contratos públicos por parte de distintas administraciones en Vigo y su área metropolitana. Los supuestos amaños de contratos investigados a lo largo de nueve años, suman más de 40 millones de euros. Ahora, la Fiscalía pide la imputación de unos 50 políticos, técnicos y empresarios, entre ellos el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero; el presidente del PP de Pontevedra y ex presidente da la Diputación, Rafael Louzán; o María José Bravo Bosch, delegada de la Xunta en la ciudad viguesa.

La mayor parte de los concursos se tramitaban por el procedimiento urgente y sin publicidad. De esta forma, se evitaba la libre concurrencia de otras empresas para realizar las obras. La lista de adjudicaciones bajo sospecha todavía no está cerrada. La jueza encargada del caso, Carmen García, sigue investigando posibles delitos en obras y contratos públicos de los últimos años en la ciudad olívica.

Nuevos nombres y nuevos casos que se añaden ahora a los 15 posibles implicados e implicadas, políticos, funcionarios y técnicos, que ya en febrero de 2014 fueron señalados por la magistrada como posibles imputados e imputadas, a la espera de analizar sus acciones pasadas. El Ministerio Público pide ahora imputar a unos 50 políticos, cargos públicos, técnicos y empresarios y también que la causa se divida en piezas separadas, por lo que debería haber inhibiciones en favor de los juzgados de Ponteareas, Compostela, Ourense y Pontevedra.

Rafael Louzán, presidente PP Pontevedra

En el caso del ex presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, en los documentos de la investigación se recoge que habría recibido, entre otros regalos, un reloj Tudor Heritage, de 2.500 euros. Estaría implicado en supuestas irregularidades en los contratos de tres campos de fútbol y en otros de abastecimiento y saneamiento en diferentes ayuntamientos, así como de otras muchas obras deo pavimentación o pequeños arreglos.

En cuanto a Caballero, según la UDEF sería el destinatario de otro reloj Montblanc, en este caso valorado en 1.750 euros, así como de una pluma un año antes, en 2009. En cualquiera caso, el nombre del alcalde de Vigo aparece en un listado de un ordenador de una empresa implicada en la trama junto a otro muchos. Eso no significa que él o el resto de implicados hubieran aceptado los regalos, pero eso será lo que tendrán que explicar todos ellos.

Tanto el regidor como Louzán negaron haber recibido presente alguno. También lo hizo José Manuel Figueroa, ex vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y ex portavoz del PP en Vigo, otro de los muchos cargos políticos señalados por la aceptación de regalos, en este caso, un reloj Heuer Carrera de 2.675 euros. Su nombre era uno de los muchos que se creía que esta semana se podrían incorporar a la lista de imputados. Así fue.

En cuanto a María José Bravo Bosch, el fiscal quiere que declare en calidad de imputada por las supuestas irregularidades en la concesión de un curso de formación, una recolocación laboral y contratos de obras, entre ellas algunos por los que se interesó la constructora Eiriña, empresa sobre la que mediaría a su favor en contratos de la Diputación de Pontevedra.

Las peticiones de imputación serían ocho en relación con la investigación de la Delegación de la Xunta en Vigo, once por la causa de la Diputación de Pontevedra, cinco por la del Ayuntamiento de Vigo, tres por la de la Autoridad Portuaria de Vigo, 18 por la del Ayuntamiento de Nigrán y nueve por la que incumbe a los regalos.

Por otra parte, Marea de Vigo ya anunció que se persoará como acusación particular en la Operación Patos para poder acceder así a todos los expedientes de contratación investigados. Además, el BNG local “exige” a PSOE y PP que “expliquen su enlace con la trama” y recuerdan que todas estas informaciones y peticiones de imputaciones “ponen al gobierno muniicpal de Caballero bajo sospecha”.