El presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Por Roberto Centeno.- En este año turístico récord –lo único que parece ir bien en este desgraciado país–, los ciudadanos informados y responsables se van de vacaciones con el corazón en un puño, porque saben que a la vuelta de las mismas se juega el destino de España. Un Mas que, para no ser imputado por la corrupción de CiU, de los Sumarroca y de los Pujol –de los que era su hombre de confianza–, se ha envuelto en la bandera catalana y se ha lanzado por la senda soberanista, alentado por la inacción y la cobardía de un presidente de Gobierno. Este se pone de perfil y, además, le financia. El jefe del Estado que está “muy preocupado” pero que no hace absolutamente nada y sabe que es ahora o nunca. No hay ley que no vulnere ni delito que no cometa y, además, se jacta de ello sin que las instituciones que han jurado guardar y hacer guardar la Constitución muevan un dedo contra este separatista de opereta que en cualquier otro país estaría en la cárcel o en el psiquiátrico.

Ni el rey ni Rajoy cumplen el deber constitucional

En este momento histórico transcendental con el peor Gobierno y un monarca a juego, Antonio García Trevijano, el más importante pensador político de los últimos 60 años, cuyas obras de Teoría Política son las únicas de un europeo actual existentes en la biblioteca del Congreso de los EEUU, resume así la situación. “La Constitución atribuye al Rey funciones de arbitraje y de moderación entre las instituciones del Estado. Y eso no es un cuento romántico, sino la obligación más importante del monarca. Para que haya necesidad de arbitrar tiene que existir un conflicto grave entre las instituciones (Generalitat y Gobierno de España) y esto implica la necesidad de una decisión del monarca de carácter vinculante resolviendo el conflicto mediante un pronunciamiento que explicite quién incumple la Ley y qué medidas debe tomar el Gobierno del Estado para resolver la situación. Igual que lo que sucede con los jueces, la ignorancia del Rey sobre la Ley y sus atribuciones no excusan su cumplimiento”.

“Moderación significa templanza entre distintas instituciones del Estado consideradas desorbitadas. En este caso, la moderación del Rey consiste en templar el ánimo existente en alguna institución cuando este dañe evidentemente a los derechos y el prestigio de todos los demás. Y para que no haya dudas al respecto, y dicho en lenguaje llano, el Rey está obligado a resolver el conflicto creado entre las instituciones del Estado, mediante la anulación inmediata en términos de nulidad radical de la institución que ha invadido esferas de competencia exclusivas del Estado español. La moderación, lo que en derecho se llama buena componenda, es algo que tampoco ha hecho. Las palabras arbitraje y moderación expresan conceptos previos a todo conflicto jurídico declarado”.

El rey Felipe VI.

“Si el Rey no cambia radicalmente su inacción en los próximos días/semanas, y no parece que vaya a hacerlo, aplaudido por lacayos e ignorantes que ni se han leído la Constitución y afirman como papanatas que está cumpliendo a la perfección su papel constitucional (¿de qué cumplimiento hablan estos indocumentados?), está incumpliendo gravemente la más sagrada de sus obligaciones: la defensa de la unidad de España. Si no es capaz de actuar y en lugar de ello se limita a decir que el tema Mas es irreconducible y se va de vacaciones, para decir obviedades y no mover un dedo, los españoles no necesitamos de ningún monarca”.

Un monarca que felicitaba a Ada Colau por su nombramiento mientras era humillado por esta impresentable  –“una okupa que es ahora la Excma. Alcaldesa de Barcelona”, diría el WSJ con asombro tino– que ha ordenado retirar el busto de Don Juan Carlos de la sala de plenos, y Don Felipe tragando para escarnio y estupor de los ciudadanos. Este es el Rey actual que “cumple su papel a la perfección”, hijo de otro Rey que es quien ha permitido todo lo que le está sucediendo a la Corona.

“En el caso de Rajoy su crimen (el peor que puede cometer un jefe de Gobierno) es no impedir la consumación de un delito de sedición o de rebelión perfectamente conocido, y que está siendo perpetrado a luz pública, permitiendo el incumplimiento sistemático de la Ley y de los derechos humanos, y dando su consentimiento tácito al empleo de la sede de la Generalitat, que es un edificio del Estado, para planificar y dirigir desde ella con el dinero de todos los españoles la ruptura de España. O protegiendo a los monopolistas catalanes que están expoliando a los españoles mientras alientan la secesión. Esto sería inconcebible en cualquier otro país europeo. Hay motivos racionales suficientes para procesar a Rajoy como autor de un delito de promoción de sedición y rebelión, algo que es obligación grave e inexcusable del ministerio fiscal –que está a punto de incurrir en una dejación gravísima que lo desprestigiará para siempre– y donde el Tribunal Supremo no tendría más remedio que admitir a trámite la querella”.

Según la reciente encuesta de Metroscopia, los ciudadanos suspenden masivamente a Rajoy por su gestión de la crisis. Y respecto a los secesionistas, “según los artículos 544 y siguientes del Código Penal, el delito de sedición aunque no se consume, tiene penas de cárcel de 8 a 10 años, y de 10 a 15 si fueran personas constituidas en autoridad. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que el delito esté consumado no es necesario que haya logrado los fines propuestos, porque es un delito de tendencia y de mera actividad. La mera provocación, conspiración o proposición para la sedición es ya un delito” (art. 548). Rajoy y su Gobierno han permitido que se consume el delito, es decir, no han hecho nada para impedir la sedición de Cataluña aunque no haya sido consumada. Y ahora ni siquiera es capaz de adelantar las elecciones generales al 27-S por razones de interés exclusivamente personal, para permitir que el voto de todos los españoles destruya al secesionismo. Pero su ansia desmedida de poder y falta de sentido del Estado tendrán su justo castigo: no volverá a ser presidente del Gobierno.

Dicho esto, la hipótesis más probable es que lista secesionista no gane las elecciones catalanas, y aunque el resultado electoral del PP será desastroso, Ciudadanos de un lado y las formaciones de izquierda de otro impedirán la victoria separatista, pero a costa de cesiones inaceptables. Bloomberg acaba de advertir de que las reformas que los partidos políticos están preparando para encontrar “un encaje de Cataluña en España” van a conducir a la desintegración del Estado español. Y todo ello porque un monarca indigno y un jefe de Gobierno cobarde no están dispuestos a hacer cumplir la Ley ni la Constitución. La encuesta de ayer de El Pais muestra que el PSOE sería hoy el partido más votado, aunque necesitara una coalición para gobernar, pero aun si la situación se da la vuelta y el PP fuera la lista más votada, PSOE o C´s impondrían una condición sine qua non:  Rajoy no será en ningún caso jefe del Gobierno.

Desequilibrios insostenibles y “camareros”

El discurso central de Rajoy y su banda –en feliz expresión de Albert Rivera– es el de la recuperación. Es imposible una falsedad mayor y, sin embargo, la mayoría de medios y analistas, bien por ignorancia, bien por estar atados al pesebre o bien por necesidad, repiten la misma patraña. Pero es incluso peor que una patraña: es un ejemplo de la gestión más desastrosa que cabe imaginar. A pesar de que el entorno exterior es absolutamente inmejorable e irrepetible –tipos de interés cero, petróleo a la mitad de precio y un río de dinero gratis sin control alguno del QE de Draghi–, los desequilibrios esenciales de la economía española, deuda pública, deuda externa, déficit de las Administraciones Públicas y sostenibilidad del sistema de pensiones han empeorado tan gravemente que ya no tienen solución.

En una discusión con Rafael Hernando, gran escudero de Rajoy como portavoz del PP en el Congreso y que sostenía lo insostenible, le desafié a un debate público sobre el tema donde quisiera y cuando quisiera. Finalmente no aceptó, lo que deja de manifiesto lo indefendible de sus posiciones cuando las enfrentan con la realidad objetiva. Y mucho peor que la situación económica es la situación social, con la distribución de la renta y la riqueza más desigual de la OCDE, con más de cinco millones de parados, la mitad sin prestación alguna, con un tercio de los niños en situación de pobreza y con el empobrecimiento generalizado de las familias. No es de extrañar que el PP suscite hoy el mayor nivel de rechazo que cualquier otro partido. Según la encuesta de Metroscopia que ayer publicaba El País, un 52% de ciudadanos no le votaría en ningún caso.

A día de hoy, España tiene que obtener en los mercados internacionales entre 250 y 300.000 millones de euros anuales para refinanciar la nuestra impagable deuda y cubrir las necesidades de deuda nueva. Y unas necesidades de financiación anuales equivalentes al 25% del PIB representan una vulnerabilidad estructural de tal magnitud que es obvio que es imposible de mantener. Cuando los mercados perciban con claridad que, además de nuestro caos político, nuestros principales desequilibrios no hacen más que empeorar, pueden retirarnos su confianza, exclusivamente basada en el QE de Draghi, y llevarnos a la necesidad de un rescate en cuestión de semanas.

El principal desequilibrio es el déficit de las AAPP, y más en concreto el de las CCAA, donde 11 de 17 no cumplirán ni de lejos los objetivos. Y el de la Seguridad Social, que de una previsión del -0,6% del PIB en 2015 nos iremos al -1,5% a fin de año. De hecho, la Autoridad Fiscal Independiente ve como única posibilidad de mantener las pensiones que las de orfandad y viudedad o 19.200 millones pasen a financiarse con cargo a impuestos por el Estado o bajar el conjunto de pensiones en un 20%. El siguiente es la deuda, un 138% del PIB la deuda total; o un 128% la deuda computable más los 330.000 millones que Bruselas estima como deuda oculta. Una deuda que España ya no la puede devolver –Draghi acaba de reconocer que Grecia jamás podrá devolver su deuda– por lo que antes o después necesitará un rescate, que sí implica un recorte drástico del despilfarro público; bienvenido sea, aunque los políticos preferirán subir impuestos y bajar pensiones. Como dice Rajoy, “eso (el gasto político) no se toca”.

Mariano Rajoy y Fátima Báñez.

El tercero es la deuda externa bruta que, según lo publicado, hace unos días por el Banco de España , asciende ya al 230% del PIB y, de ellos, la deuda neta asciende al 94% del PIB, siempre que hagamos como que nos creemos que el PIB oficial es verdad y no el 20% menos, como es en realidad. Y si finalmente vamos al empleo, cuando los resultados de la EPA se analizan correctamente y no con la mendacidad y el triunfalismo estúpido del Gobierno y sus terminales mediáticos, tenemos una imagen correcta de la verdadera realidad del mercado de trabajo: Rajoy y su banda no están creando empleo, están creando como señalaba ayer Carlos Sánchez un país de “camareros” (1,5 millones), y ni siquiera han sido capaces de alcanzar el nivel de ocupados existentes cuando llegaron al gobierno. Aún hay 287.000 ocupados menos a pesar de la falsedad de la afirmación de Rajoy de que ya hay más ocupación. ¿Cómo puede un presidente de Gobierno mentir tan descaradamente sobre una cifra que está publicada? Y es que a este tramposo le da lo mismo.

Pero el tema es mucho peor que las mentiras: lo peor son los hechos que subyacen a las cifra de la EPA; por ejemplo, que aunque la mayoría de los empleos creados lo son a tiempo completo, el 83% son contratos temporales y con unas remuneraciones de miseria, es decir, un modelo laboral típicamente tercermundista. Y aparte de ello, la creación de este empelo basura se está desacelerando del +2,96 % sobre igual trimestre del año anterior al +2,36% respecto al trimestre anterior. Este será el gran legado de Rajoy: desequilibrios ya insostenibles que nos llevarán a la quiebra y un modelo de país de camareros y enchufados públicos.

¡Feliz verano a todos!