Un juzgado de lo contencioso administrativo de Valencia ha ratificado una multa de 100 euros por ruido que el ayuntamiento de la ciudad impuso a la Asociación Hogar Social Patriota María Luisa Navarro durante un acto de reparto de alimentos a españoles organizado por España 2000.

Cuando el Ayuntamiento de Valencia impuso la sanción en septiembre del año pasado, la oenegé recurrió la multa ante un juzgado. La asociación alegaba que no tenía responsabilidad en la megafonía porque únicamente colaboró con el reparto de comida y el acto estaba organizado por el partido político.

También argumentó que cuando fue comunicado el acto a Delegación del Gobierno no hubo oposición por parte de la Administración. Y añadieron que no consta que la música estuviera alta y por tanto se vulnera la presunción de inocencia de la asociación. «No se efectuó medición del nivel de ruido», razonaron en su impugnación.

Tras analizar el caso, el tribunal valenciano falla en contra de la organización y da la razón al consistorio en su derecho a imponer la multa. El juez asegura que una responsable de la oenegé se identificó «como responsable del acto». Añade que la comunicación a Delegación del Gobierno es irrelevante: «Una cosa es la comunicación obligada por ley y otra la necesidad de autorización municipal para emplear reproductores de voy o amplificadores, de la cual no se disponía». En cuanto a la medición de ruido, «es irrelevante porque lo que se sanciona es el empleado de aparatos de audio sin autorización».