Las fuerzas policiales marroquíes tienen vía libre para entrar en la isla de Perejil a detener a los ilegales que habiendo salido de Marruecos, hayan alcanzado este territorio de soberanía española. Así lo autorizó el Gobierno de España en 2002 al firmar un convenio que permite estas actuaciones con tal de mantener la isla deshabitada.

Lo afirma el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria por escrito al grupo Amaiur, en relación a los motivos por los que el pasado 3 de junio, las fuerzas auxiliares marroquíes accedieron al islote español y se llevaron detenidos a 13 ilegales que habían alcanzado los acantilados cercanos a Perejil tras zozobrar la embarcación en la que intentaban llegar a la Península.

“El 22 de julio de 2002 los Reinos de España y Marruecos firmaron un acuerdo por el que se comprometían a restablecer y mantener el statu quo existente en la isla de Perejil con anterioridad al citado mes. En dicho acuerdo también se determinó que la isla, de titularidad española, no estaría ocupada por ninguna fuerza y que correspondería a cada país recomponer el status quebrado por su parte”, afirma el Gobierno.

En julio de aquel año, un grupo de marinos marroquíes tomaron la isla desatando un conflicto diplomático entre ambos países en el que llegaron a pronunciarse la UE y la OTAN, calificando como no amistoso el gesto. Tras la intervención de la Legión, la detención de los ocupantes, y con la mediación de Estados Unidos, Perejil volvió a tener bandera española. Al día siguiente, la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacios, se trasladó a Rabat para firmar el acuerdo al que ahora se refiere el Gobierno.

“Ese acuerdo ha consolidado una operativa importate en la lucha contra la inmigración ilegal, en virtud del cual España y Marruecos reaccionan y se hacen cargo de las personas que desde su zona de afección y soberanía acceden a la isla de Perejil, bien para proceder a su auxilio y rescae, o bien para ser invitadas a abandonarla. Por tanto, es fundamental abordar el caso concreto desde la base del compromiso citado”, señala ahora el Ejecutivo.

En su respuesta, relata que efectivamente, el 3 de junio de 2014 trece personas llegaron a primera hora de la mañana a la isla de Perejil y dice que “las autoridades marroquíes, en virtud del acuerdo firmado y en cumplimiento de sus responsabilidades sobre salvamento marítimo, recataron y auxiliaron, en coordinación con la Guardia Civil, a los inmigrantes trasladándoles, a continuación, a un puno seguro del territorio marroquí”.

Aquella jornada, la organización pro Derechos Humanos Ca-Minando Fronteras, con sede en Tánger, estuvo en contacto telefónico con los migrantes desde que llegaron al islote español, sobre las 6.30 horas. Denunció que el papel de la Guardia Civil fue presenciar “grabando” la actuación de rescate marroquí, que se produjo “forcejeando” y “tirando gente al agua”.

El diputado de Amaiur Jon Iñarritu se interesa por este supuesto “maltrato”, así como sobre el hecho de que otra ONG, la Coordinadora de Barrios, trasladase por escrito a la Oficina de Asilo que entre los 13 había dos menores de edad y que todos estaban interesados en solicitar protección internacional a España.

El Gobierno responde que “en las actuaciones de control y vigilancia fronteriza, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas actúan bajo el mandato de la ley, bajo los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, con pleno respeto de los derechos fundamentales” y asegura que tanto sus actuaciones como las de las fuerzas marroquíes “contemplan como principio básico el más estricto cumplimiento de la legalidad”.

“Esto incluye, por supuesto, las garantías de protección internacional”, añade el Ejecutivo, que indica además, que “el acceso a la información sobre protección internacional de los inmigrantes presentes en Ceuta y Melilla está garantizado” y los inmigrantes “tienen pleno acceso a toda la información sobre las posibilidades de solicitud”, tanto en el Centro de Estancia Temporal como “en la red de asistencia social”.