HO.- El Parlamento de Andalucía ha aprobado y gracias a la mayoría con la que cuentan las izquierdas en la Cámara autonómica la llamada proposición de Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía. Impulsada por Izquierda Unida, Los Verdes y el Grupo Socialista, el texto legal, entre otras cosas incluye lo siguiente:

“El sexo-género no es un concepto biológico sino, sobre todo, psicosocial. La nueva norma pretende garantizar los derechos y visibilidad de los transexuales, definidos como personas que manifiestan una identidad de género distinta a la asignada al nacer”.

La Administración andaluza diseñará políticas transversales para integrar a las personas transexuales mediante instrumentos y estructuras. La Junta también capacitará y sensibilizará a sus funcionarios para contrarrestar las actitudes discriminatorias hacia ellos.

La Junta de Andalucía obligará a los medios de comunicación públicos y privados a que su conducta sea plural y abarquen un tratamiento correcto de las personas en función de su identidad de género.

Andalucía también promoverá la formación e investigación en materia de autodeterminación de género: estudios sociológicos, planes de formación y empleo…Y se asegurará de que los profesionales clínicos reciban formación específica en materia de transexualidad.

Las políticas activas de Andalucía, destinadas a promover la ocupación de personas, considerarán al colectivo transexual como de especial dificultad en el acceso al empleo, por lo que establecerán entre sus objetivos fomentar la empleabilidad de estas personas.

En educación, los centros educativos están obligados a asegurar el respeto a todas las expresiones de género presentes en el ámbito educativo. Se llevarán a cabo programas de educación y capacitación para eliminar actitudes y prácticas que discriminen a las personas por su orientación sexual. La Junta establecerá las medidas apropiadas para que en los centros educativos se defienda el derecho a la autodeterminación de la identidad de género; así, los alumnos tendrán derecho a ver su identidad de género libremente determinada y el nombre que hayan elegido se reflejará en la documentación administrativa del centro: listados de alumnos, calificaciones académicas, etc. Los menores, a través de sus padres, podrán solicitar la documentación acreditativa del género que hayan elegido; si los padres no tramitaran esa solicitud se podría recabar la intervención del fiscal o el juez.

Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, señala que «esta proposición de ley se fundamenta en supuestos acuerdos internacionales carentes de validez jurídica alguna, como los principios de Yogykarta, en realidad una reunión de personas (sin representación de ningún Estado ni organismo internacional) que otorgó carácter de nuevo derecho humano a cualquier deseo o pretensión basada en la orientación sexual e identidad de género. Con el pretexto de evitar la discriminación de las personas transexuales en realidad se les convierte en un colectivo obligatoriamente favorecido por las políticas públicas, con carácter transversal y dotación de medios y estructuras».

Resulta llamativo, asegura Urcelay, «que la ley reconozca la diversidad de comportamientos y respuestas de las personas transexuales pero impida, considerándolas anacrónicas, las terapias curativas por lo que reducen las posibilidades de realización de estas personas a fin de que no conozcan otra solución que la cirugía severa. El capítulo de los menores, la educación y los menores es especialmente preocupante porque se obligará a proponer a los niños la transexualidad no solo como una opción más, sino casi como la mejor opción, sin respetar su desarrollo y maduración natural. En el ámbito de la salud, al prevalecer el derecho a la autodeterminación de género, se prohíbe que los profesionales puedan proponer terapias o medidas psicológicas que pueden beneficiar a estas personas, algo que perjudica al sistema sanitario y al propio paciente».

«La sensación que da -concluye Urcelay- es que con esta proposición no se ayuda verdaderamente a estas personas, al reducirles el abanico de posibilidades que pueden ser beneficiosas para ellos, sino que se pretende extender a toda costa la ideología de género utilizando a estas personas como pretexto».