R. D.- En la madrugada del viernes, un grupo de militantes de Democracia Nacional y de Democracia Nacional Joven colgaron una pancarta en la fachada de la sede madrileña de SOS Racismo, en la calle Lavapiés, en la que se podía leer «Denunciáis a los que protegen nuestras fronteras. ¡Alto a la invasión! Los españoles también nos ahogamos. SOS Racismo, organización antiespañola».

La pancarta transmite un mensaje que cada día se escucha en la calle y que no atenta contra la integridad o dignidad de nadie, pero la izquierda ‘oenegera’ ha puesto el grito en el cielo afirmando que esa pancarta era un ataque contra SOS Racismo. De risa.

Frente a los ataques que se han producido en diferentes medios de comunicación la organización que firma la pancarta, DN, ha emitido un comunicado que reproducimos a continuación por su interés:

Manifestamos nuestro más profundo desconcierto por las declaraciones de la ONG “afectada”, así como de determinados sectores de la prensa escrita y digital (concretamente los diarios El País, Público.es, Diario Progresista, Eldiario.es y La Vanguardia). Todos hablan de un “ataque” a la sede de SOS Racismo, de “amenazas” y algunos incluso de “intento de incendio del local”. Los medios se hacen eco del comunicado de la ONG en el que se imputan a Democracia Nacional presuntos delitos de amenazas y de apología del fascismo.

Partiendo de la base de que el “delito de apología del fascismo” no existe, y siendo conscientes de las tendencias periodísticas en España, cada vez más propensas a la creación de nuevas figuras delictivas “a la carta”, queremos hacer constar que nuestro partido no ha infringido en ningún momento la legalidad vigente.

Como demuestran las imágenes publicadas, lo único que se ha hecho ha sido colgar en la fachada de la sede de SOS Racismo, sita en el número 13 de la calle Lavapiés, un cartel en el que podía leerse: “Denunciáis a los que protegen nuestras fronteras. ¡Alto a la invasión! Los españoles también nos ahogamos. SOS Racismo, organización anti-española”. A ambos lados del cartel colgaban dos muñecos, representando a una madre española y a su hijo pequeño muriendo asfixiados, en un símil con los 15 inmigrantes recientemente fallecidos en Ceuta. Los muñecos llevaban colgados dos letreros que, respectivamente, rezaban: “Ninguna ONG me ayudó” (el de la madre) y “Sin futuro por ser español” (el del niño). Tras finalizar la acción, uno de nuestros militantes abrió un bote de humo en la vía pública, lo que llamó la atención de uno de los vecinos, quien requirió a la policía por teléfono.

Entendemos que no existe razón para que nuestro partido niegue estos hechos, que cualquier valoración conjunta mínimamente objetiva interpretaría como un reproche a la ONG por su dedicación exclusiva a la población procedente del Tercer Mundo y que desde Democracia Nacional denunciamos como una forma socialmente aceptada de racismo.

Nuestra motivación para esta acción trae causa de las acusaciones vertidas por esta ONG (entre otras muchas entidades subvencionadas por el Estado) contra la Guardia Civil, encargada de la vigilancia de nuestras fronteras. Entendemos que estas críticas cargadas de demagogia se incardinan en una campaña de agitación por parte de la izquierda con potenciales consecuencias muy nocivas para nuestro país. La presión a la que se han visto sometidos nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad podría traducirse en una futura dejación de funciones respecto de sus obligaciones de custodia de la frontera africana ante el comprensible temor a la campaña mediática de acoso y derribo contra la institución. Con este acto, como ya hemos señalado en un comunicado en nuestra web, pretendemos mostrar nuestro apoyo más firme a la Guardia Civil y denunciar la situación de “ahogamiento” económico que sufren muchas familias españolas, a las que SOS Racismo no ayuda por el simple hecho de no ser inmigrantes.

Se puede estar de acuerdo o no con la acción, pero lo que es a todas luces obvio es que no se ha vulnerado el Código Penal, ni los hechos son merecedores de sanción salvo desde parámetros propios del “derecho penal de autor” o del “derecho penal del enemigo” jackobiano, que ciertos sectores de la izquierda radical denuncian cuando, según ellos, se aplican al entorno de ETA, pero que vehementemente reclaman contra otros, llegando al extremo de querer criminalizar acciones como esta por el mero hecho de resultar contrarias a sus postulados.

El delito de amenazas (previsto y penado en los artículos 169 y siguientes del Código Penal) consiste en “amenazar con causar un mal a alguien o a las personas con quienes esté íntimamente vinculado”. Así las cosas, calificar los hechos descritos como constitutivos de un delito de amenazas resultaría simplemente ridículo de no ser porque se está tergiversando deliberadamente la realidad, presentando la alegoría de la familia española ahogándose como “muñecos ahorcados”, destinados a causar un temor a la causación de un mal indeterminado en los receptores del mensaje. Esta manipulación de la realidad, unida al recurso del bote de humo para imputarnos un delito de daños en grado de tentativa (la quema del local), sí que podría resultar, a nuestro juicio, constitutiva de un delito de calumnias del 205 del Código Penal, consistente en “acusar de un delito a alguien con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

En otro orden de cosas, nos gustaría resaltar que muchos de los medios que en las últimas horas nos han calificado de criminales celebraron el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid que determinó la legalidad de los llamados “escraches”. Entre los razonamientos jurídicos de la resolución hemos podido leer con asombro que proferir frases como “no son suicidios, son asesinatos” no revelan intención de causar perjuicio a nadie. Se rechaza igualmente la calificación del escrache como “coacciones”, al entender que “impedir que alguien salga de su casa a pasear con su hijo no es relevante a efectos penales”. Contiene pronunciamientos tan innovadores y potencialmente creadores de jurisprudencia como que “aun cuando la manifestación se convocó sin autorización administrativa, no puede ser alegal o ilegítima, porque la autorización previa no constituye elemento integrante del derecho fundamental de manifestación”. La Audiencia cita resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender el “pluralismo político” y que “un exceso en el ejercicio de un derecho o la afectación a los derechos de otra persona no constituye por sí mismo un delito”.

Compartimos plenamente esta última de las tesis del Tribunal, y confiamos en que esta innovadora doctrina diseñada para grupos de extrema izquierda resulte de aplicación a todas las opciones políticas, incluso a aquellas que identifican la inmigración masiva como un problema a afrontar y no como algo necesariamente positivo y enriquecedor.

Para concluir, reiteramos nuestro más firme apoyo a la Guardia Civil, defensora de los derechos de todos los ciudadanos españoles. Hacemos constar que Democracia Nacional apoyará la querella anunciada por el Director General de la Guardia Civil contra SOS Racismo y las demás organizaciones que han llamado “asesinos” a los miembros del Cuerpo en el caso de que finalmente llegue a producirse. Del mismo modo, anunciamos que desde el departamento jurídico de Democracia Nacional se está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra SOS Racismo por el delito de calumnias en sus declaraciones sobre los hechos acaecidos.