El fiscal Pedro Horrach y el juez José Castro acuden a un juicio en Palma.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach acusa al juez José Castro de articular una “teoría conspiratoria” en la que se apoya para “justificar la existencia de indicios delictivos” que avalan la imputación de la infanta Cristina, a la que ha citado a declarar el próximo 8 de febrero por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales. En un duro escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, reclama la declaración, en calidad de peritos, de los dos inspectores de la Agencia Tributaria cuyos informes son objeto de crítica en el auto de imputación de doña Cristina. Pide también la comparecencia de la inspectora jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que se ha encargado de investigar los gastos que doña Cristina cargó a la sociedad Aizoon, así como la de los representantes de las empresas que efectuaron pagos a Urdangarin a través de esa sociedad. Horrach solicita que dichas declaraciones se produzcan antes de la comparecencia de la hija del Rey.

Los inspectores de Hacienda a los que se refiere Horrach validaron tres facturas por importe de 69.900 euros que exoneraban a la infanta Cristina de un delito fiscal en la sociedad Aizoon en 2007. Pero el juez Castro atacó dichos informes haciendo objeto a sus autores, subraya Horrach, de “imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional”. El fiscal admite el carácter simulado de dicha facturas, si bien aduce que pueden considerarse “deducibles”.

Justifica Horrach su petición en la necesidad de aclarar las dudas sembradas por Castro en su auto de imputación sobre la veracidad de estas investigaciones de la Agencia Tributaria, que concluyó que doña Cristina no ha cometido delitos fiscales. “Si el propio Juez Instructor pone de manifiesto dudas” en su auto acerca de la apariencia delictiva de las actividades de doña Cristina, incide el fiscal, “convendrá que es imperativo citar a quienes pueden y deben despejar sus dudas, que no son otros que los Inspectores de la Agencia Tributaria”.

Recuerda Horrach, en cualquier caso, que “las dudas no sirven como base de una imputación, porque la duda en un procedimiento penal equivale a la mera conjetura, sospecha o especulación”, sobre la que, prosigue, “ni se puede ni se debe” articular una imputación. De otro modo, continúa, “se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de Doña Cristina de Borbón verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos”.

Argumentos jurídicos desmontados

En su escrito, de catorce folios, Pedro Horrach, que ayer decidió no recurrir la imputación de la infanta, desmonta los argumentos jurídicos del auto del juez Castro. Admite, por ejemplo, que Aizoon repartió dividendos a sus socios “camuflados bajo gastos personales ajenos a la actividad mercantil”. Pero recuerda que “el hecho de imputar gastos personales ajenos a la actividad mercantil como costes de explotación no se contempla en el Código Penal como figura delictiva”, por lo que la conclusión del magistrado, a efectos penales, “es inocua e irrelevante”.

Señala, además, que la conclusión del juez sobre el doble efecto fiscal defraudatorio en las cuotas del Impuesto de Sociedades de Aizóon y en las cuotas del IRPF de la infanta y de Iñaki Urdangarin es “radicalmente errónea”, y en cualquier caso, “irrelevante penalmente” siempre y cuando las cuotas defraudadas no superen los 120.000 euros.

Horrach considera que la afirmación del juez en el sentido de que es “escasamente probable” que la cuota defraudada supere los 120.000 euros es “de todo punto errónea”, ya que, precisa, no solamente es “escasamente probable”, sino “materialmente imposible”. “Es imposible, dada la cuantía de los gastos personales -de la infanta-, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros”, remarca el fiscal en su escrito, en el que indica que determinar las cuotas que doña Cristina podría haber defraudado a Hacienda en sus declaraciones del IRPF es “sumamente sencillo”, por lo que se pregunta cuál es la razón por la que el magistrado no lo ha hecho.