La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado parcialmente el auto de imputación de Magdalena Álvarez por la jueza que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, y le ordena a esta a concretar los hechos de los que le acusa. En un auto, emitido esta mañana, el tribunal sevillano da la razón a la exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones cuando recurrió el auto del 28 de junio en el que Alaya le comunicaba su imputación en las diligencias junto a otros 19 cargos y excargos de la Junta. Álvarez pidió la anulación por considerar que había “falta de concreción” y ausencia de “caracteres delictivos” en el escrito de la magistrada, lo que le producía “indefensión”. La sección séptima de la Audiencia Provincial anula parcialmente dicho auto de imputación porque considera que la falta de motivación vulnera la defensa de Magdalena Álvarez y su “tutela judicial”, lo que podría provocar incluso la anulación futura del proceso.

Por ello ordena a la jueza que “dicte una nueva resolución” en la que se incluya “una mínima relación fáctica cuya lectura permita colegir la descripción del hecho o hechos punibles de que pueda tratarse, al modo que cabe esperar de toda denuncia o querella”. La Audiencia incluso se sorprende de la ausencia de esta descripción de hechos punibles cuando en su trayectoria la magistrada, “en exquisita actuación procesal”, ha motivado sus autos incluso con la valoración de los indicios.

El tribunal subraya que el auto “está basado en una construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación no solo del gobierno autonómico, sino, al parecer, también del propio Parlamento andaluz”, lo que “refuerza las exigencias de una máxima precisión en la descripción de los supuestos hechos punibles, y dada la excepcionalidad del caso, una mínima siquiera exposición de los indicios derivados de lo instruido”.

El auto, firmado por los magistrados Javier González Fernández, como ponente, Juan Romeo Laguna, Esperanza Jiménez Mantecón y Enrique García López-Corchado, también da un toque a la magistrada sobre sus incursiones en hechos presuntamente delictivos relacionados con personas aforadas, para los que no está capacitada. “Podría haberse alcanzado el límite máximo de instrucción por el juez ordinario antes de elevarse la causa al juez competente en las causas por aforamiento”, señala.

Tras recurrir el auto de junio y sin esperar a que la Audiencia de Sevilla se pronunciara, la jueza tomó declaración como imputada a Magdalena Álvarez el pasado día 8 de octubre, tras lo que la acusó de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por entender que promovió, “junto a otros”, un sistema ilegal de las subvenciones a través de las transferencias de financiación. Álvarez defendió ante la magistrada la legalidad del sistema de pago de las ayudas vinculadas a expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis y que el fraude se debió a un mal uso de dicho procedimiento. La cuestión ahora es si tras el auto de la Audiencia aquella declaración de Álvarez puede ser anulada.

El escrito de la sección séptima excluye su decisión de la situación a “terceros ajenos a este recurso”, en alusión al resto de los 19 cargos y excargos imputados en el mismo auto de Alaya. Si bien, fuentes consultadas por este periódico indican que la resolución de la Audiencia abre la puerta a que también sean anuladas las imputaciones de todos ellos por los mismos motivos, entre los cuales está el exviceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, que declaró como imputado ante la jueza el 19 de octubre. La Junta de Andalucía recurrió la imputación de todos los cargos con los mismos argumentos que Álvarez.