Emilio Botín

José Manuel Cansino.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha fichado a Rodrigo Rato para el consejo asesor internacional de la entidad cuando aún se encuentra imputado por la Audiencia Nacional por su gestión al frente de Bankia.

La impresión para miles de ciudadanos es la de que los responsables de la crisis bancaria española no sólo escapan de cualquier responsabilidad legal sino que resultan premiados con millonarias indemnizaciones. Además, como en este caso, no tardan en encontrar un nuevo y jugoso empleo.

Este hecho junto con la también sensación de que todo acabará saliendo de nuestro bolsillo, justifica un comentario más detenido.

Cuando estalló la crisis financiera en 2007, la mayor parte de los analistas opinábamos que la banca española estaba en disposición de afrontarla en buenas condiciones. Esa convicción se fundamentaba en dos hechos.

El primero era que los bancos españoles no tenían hipotecas “subprime”. Además, el Banco de España había prohibido la denominada “banca en la sombra”, es decir, si las entidades bancarias españolas querían comprar activos –también los potencialmente “tóxicos”- tenían que incluirlos en sus balances y bloquear las oportunas reservas en función del riesgo asumido.

Esta medida tomada por España evitó que la crisis se llevara por delante al 100 % del sistema bancario español como sucedió en Irlanda. De hecho, los contribuyentes irlandeses ya han aportado ayudas públicas a su sistema bancario por valor del 40 % de su PIB.

En España, incluso empleando el total del préstamo de 100.000 millones de euros de nuestros socios comunitarios para el rescate bancario, habríamos invertido unas tres veces menos que Irlanda; un 15 % de nuestro PIB según sostiene José Carlos Díaz en su “Hay vida después de la crisis”.

Pero la cuestión sigue siendo si es o no el dinero de los contribuyentes el que financia esta obscenidad de “enmillonar” a los causantes de la crisis. En otros términos ¿quién ha soportado el colapso financiero y bancario y además paga jubilaciones doradas?

Desde luego lo han soportado los accionistas copropietarios de los bancos en forma de una caída en picado del valor de sus acciones en las que muchos de ellos habían depositado buena parte de sus ahorros. Pero fueron los grandes accionistas de las entidades financieras –no los pequeños sin representación significativa en las Juntas Generales u órganos similares- los que refrendaron con sus votos estas extraordinarias indemnizaciones en los años del “boom inmobiliario”.

También han pagado un coste muy alto los ahorradores que compraron participaciones preferentes. Si miles de ellos no hubieran sido engañados cuando se les ofrecieron como una inversión segura y vitalicia, hubiesen seguido disfrutando de las rentabilidades más altas y podría aceptarse que, con la crisis, también hubiesen soportado las minusvalías más severas.

La cuestión es que también lo vamos a soportar los contribuyentes actuales y futuros que con nuestros impuestos devolveremos la deuda que se ha generado por las ayudas públicas y el préstamo comunitario aunque; detengámonos un momento. Cuándo se inyectan miles de millones de euros a la banca, ¿no se están protegiendo también los 600.000 millones de euros que suman los ahorros de los españoles?

¿Qué hubiese pasado de aprobarse una quita del x por ciento de los depósitos superiores a 100.000 euros como se manejó en Chipre? Pues efectivamente hubiesen perdido buena parte de sus ahorros parte de las familias españolas pero, sobre todo, se hubiese producido una masiva salida de capitales al extranjero como la que sólo se comenzó a frenar en Chipre cuando las televisiones del mundo emitieron las imágenes de los camiones blindados repletos de euros (¿o de papel de periódico?) desembarcando en la isla.

Nada de esto invalida que el consumidor en su papel de usuario bancario ejerza su “soberanía” y decida dejar de ser cliente de un banco cuando una decisión como la que comentamos, le indigna. Recuérdese que importantes entidades financieras catalanas han perdido una parte muy notable de su clientela por su indisimulado apoyo económico al separatismo catalán.

Los consumidores rara vez ejercemos en España este tipo de actuaciones soberanas contra las empresas cuyos comportamientos juzgamos antiéticos. En otros países sí ocurre. Tomemos nota.