Jaume Matas seguirá en libertad. El Tribunal Supremo ha rebajado de seis años a nueve meses la condena al expresidente balear Jaume Matas por la contratación fraudulenta de un periodista, Antonio Alemany, para que le hiciera los discursos y a la vez glosara sus bondades en la prensa local. El tribunal de primera instancia consideró a Matas culpable de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración y condenó al acusado a cinco años y tres meses de prisión más otros nueve meses por tráfico de influencias. Sin embargo, el Supremo solo considera probado el tráfico de influencias, por lo que deja la pena en nueve meses. Además también reduce la pena para Alemany a dos años y tres meses de cárcel.

La Sala Segunda del Supremo he hecho pública este martes su sentencia, que contiene un voto particular, sobre el caso, que en la práctica abre la puerta a que Matas no entre en prisión a pesar del largo rosario de procesos aún pendientes. Las penas de hasta dos años de cárcel permiten el cumplimiento fuera de prisión siempre que no pesen sobre el reo antecedentes penales anteriores y no se produzca ninguna otra condena posterior.

Según se indica en el escrito, “el efecto que la sentencia de casación tiene sobre la condena pronunciada en la instancia respecto al acusado D. Jaume Matas Palou no ofrece dificultad ya que únicamente se mantiene la condena por el delito de tráfico de influencias, ratificándose las penas que por ese delito se impusieron, procediendo la absolución por los otros delitos por los que el Sr. Matas fue condenado en la sentencia recurrida”.
Duro varapalo

El fallo del Supremo de hoy, además, supone un duro varapalo a las tesis de la Fiscalía en todo el proceso Palma Arena, en el que se incluye el caso Nóos, en el que está imputado Iñaki Urdangarin. Anticorrupción, en todo este macrosumario y sus diferentes piezas, acusa a los responsables de la Administración de delitos de malversación y prevaricación, delitos que, al menos en el caso Alemany no considera probados.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma, de marzo de 2012, consideraba probado que el que fuera jefe del Ejecutivo insular entre 1996 y 1999 y entre 2003 y 2007, amén de ministro de Medio Ambiente con Aznar entre 2000 y 2003, amañó junto a sus subordinados varios contratos, facturas y subvenciones para beneficiar de forma arbitraria e irregular al articulista de ‘El Mundo’ Antonio Alemany y a sus sociedades. Él y sus empresas recibieron fondos públicos por valor de 650.000 euros, 200.000 por escribir sus discursos de forma encubierta y 450.000 en ayudas a su agencia de noticias.