Soraya Sáenz de Santamaría

Los grandes impuestos, como el IRPF y el IVA no sufrirán modificación alguna este año, según ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo cree que “no se pueden pedir más esfuerzos” a los ciudadanos en relación con los grandes tributos, que ya fueron incrementados el pasado año. Sin embargo, el gravamen complementario del IRPF -que afecta a las rentas medias y altas- se mantendrá durante 2014 y será eliminado “en 2015”. El Gobierno rompe así el compromiso manifestado por Mariano Rajoy al poco de llegar al poder. Rajoy anunció una subida progresiva del IRPF para los años 2012 y 2013, que en teoría iba a ser anulada el próximo año. Esa decisión se pospone a 2015.

Para compensarlo, Sáenz de Santamaría ha asegurado que, “en la medida de lo posible”, y en “tiempos venideros”, el Gobierno intentará “suavizar” los impactos tanto del IRPF y el IVA. El Ejecutivo sí ve margen en los impuestos especiales, los de carácter medioambiental y los de depósitos bancarios. El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha querido entrar en demasiados detalles sobre los impuestos que se verán afectados por el alza, “porque no es el momento, ya que podrían crear distorsiones en el mercado”.

Sí que ha precisado que los tributos que gravan los hidrocarburos no se tocarán, “porque ya son muy altos”. Y que no elevarán los impuestos que “puedan ser perjudiciales para la hostelería y el turismo”. Montoro ha añadido que el Impuesto de Sociedades verá eliminadas las deducciones que minoran la base imponible de grandes contribuyentes, en concreto de aquellas empresas a partir de un nivel de facturación de 20 millones de euros.

Nuevas previsiones macroeconómicas

Como ya se había descontado por parte de los expertos, e incluso de los propios mercados, el cumplimiento del objetivo de números rojos comprometido con la Unión Europea no será posible hasta 2016, cuando se sitúe en el 2,7% respecto al Producto Interior Bruto (PIB), por debajo del límite del 3% que, en principio, estaba previsto alcanzar ya el próximo año. Para 2013 se prevé un nivel del 6,3%, el 5,5% en 2014 y el 4,1% para 2015.

En la misma línea, la deuda pública seguirá engordando hasta rozar el 100% del PIB en 2016 (99,8%), pasando ya del 90% este mismo año (91,4%) para seguir incrementándose en los ejercicios posteriores (96,2% en 2014 y 99,1% en 2015). Esta prolongación de los plazos para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria no implicará un mayor esfuerzo en incentivos para el crecimiento económico y, con ello, adelantar los plazos de la recuperación.

Misma política

En cuanto al Programa Nacional de Reformas, que será explicado en próximas fechas en el Congreso por el propio presidente Mariano Rajoy y aportará “algo más” de dos puntos porcentuales al crecimiento del PIB en los próximos años, Sáenz de Santamaría ha apuntado las principales que, como se esperaba, no incluyen grandes novedades. Y es que, como ha resaltado la ‘número dos’ del Ejecutivo, “no habrá alteraciones en los grandes ejes de la política gubernamental”. De hecho, buena parte de ellas ya habían sido anunciadas e incluso vistas por el consejo de ministros semanas atrás como, por ejemplo, la creación de la autoridad independiente en materia fiscal, el plan de lucha contra la morosidad en las administraciones públicas, la ley de apoyo a emprendedores y medidas para apoyar la internacionalización de las pymes, así como un código de buen gobierno para las empresas públicas.

Entre las que sí se podrían considerar medidas nuevas, aunque ni la vicepresidenta ni los ministros de Economía y Hacienda han dado apenas detalles sobre ellas, destaca la creación de una nueva fórmula de indexación para los contratos públicos distintas al índice de precios de consumo (IPC), lo que en la práctica supondrá un ahorro de costes para la administración. En principio, este cambio no afectará a la revisión de las pensiones, si bien sí es posible que se incluyan más adelante en función de los resultados del debate abierto en el marco del Pacto de Toledo para revisar los factores de sostenibilidad de las prestaciones que reciben los jubilados, ha admitido Sáenz de Santamaría. También es novedoso, aunque no se ha desgranado nada del mismo, la aprobación de una estrategia plurianual de reactivación del empleo.