Enrique Bohórquez y su compañera sentimental

Por Julio Liarte Parres.- Vamos a ir terminando, al menos por ahora, puesto que, sinceramente, no es la mejor ocupación posible de mi tiempo libre tener que escribir una historia que me produce enojo y asco, sobre un individuo que desde luego no es santo de mi devoción, y hacerlo, además, al ritmo que me he auto-impuesto, cuando ni soy un profesional de esta materia ni pretendo serlo. Por otra parte, Bohórquez me ha menospreciado profesionalmente acerca de mi trabajo hasta que dejé la gerencia de Proyecto Melilla, SA. Pues bien, voy a seguirle el juego, y mi relato va a terminar justo en ese momento. Soy consciente que me dejo muchas cosas en el tintero, algunas porque no tienen nada que ver con el editor, otras porque no se pueden decir, así sin más y sin pruebas en mi poder; otras para no centrar demasiado la historia en la de la empresa pública; y otras porque se refieren a personas de las que tengo conocimiento de asuntos por parte de ellas, o que hemos tenido algún tipo de roce en tales años, porque Bohórquez no es el único personaje melillense más o menos famoso con un esqueleto en el armario, pero entiendo que no procede, en este momento, escribir sobre otras cosas diferentes al editor y las actividades que han enmarcado su forma de actuar: la vida política de Melilla y la situación del sector de los medios de comunicación en la ciudad. No obstante, podría hacerlo en cualquier momento, y con muy poco esfuerzo por mi parte, si lo estimara necesario o conveniente. Además, citando al escritor francés, Conde de Rivarol, “la razón se compone de verdades que hay que decir y verdades que hay que callar”…por ahora.

Vayamos ahora a las sentencias. En primer lugar la que el gobierno Aberchán había recurrido ante el Tribunal Supremo, acerca de la cancelación total de encargos de publicidad institucional al periódico de Bohórquez durante el gobierno Palacios, fue retirada por el nuevo gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla a propuesta del Consejero de Presidencia, Ignacio Velázquez, al objeto de llegar a un acuerdo extra-judicial con el editor, que finalmente, cuando fue suscrito, supuso para las arcas de la Ciudad Autónoma de Melilla un desembolso muy cercano a los 600.000 euros. Vamos, un negocio redondo, que le permitió cobrar más de lo que lo hubiera hecho sin la decisión de la retirada de la publicidad.

En cuanto a la querella criminal de Proyecto Melilla, la vista se celebró finalmente durante el mes de marzo de 2003. Cuando fue instado a declarar el principal testigo de cargo llamado por la acusación, un empresario que había mantenido relaciones comerciales con Bohórquez, sufrió un ataque de pánico, motivo por el que le tuvieron que llevar a urgencias. Horas más tarde, cuando se reincorporó, primero se acercó a donde estábamos Rafa y yo, que éramos los únicos presentes representando a la administración, para decirnos, con la cara descompuesta y sin atreverse a mirarnos, que lo sentía mucho, que la noche anterior había cenado con Bohórquez, que era un tal y un cual y mucho más, pero que habían llegado a un acuerdo, por lo que él no iba a ratificarse en su declaración previa, y, además, había retirado también su demanda particular contra el editor. Sinceramente, no nos molestamos ni en contestarle, aunque sentí una sensación de repugnancia y vergüenza ajena impresionante.

Poco más tarde, fuimos llamados a declarar nosotros. Estábamos solos los dos con el nuevo abogado que había designado el nuevo Presidente de la empresa para llevar el caso. Al final, de todos los que jaleaban el asunto, de una manera u otra, años atrás, nos quedamos, simple y llanamente, aquellos que no habíamos variado ni un ápice nuestros pareceres, y que decíamos, e íbamos a decir, exactamente lo mismo que habíamos dicho cinco años atrás. Sí, inflexibles y poco políticos, como nos definió un político profesional unos días más tarde, en la forma típica melillense: más o menos en broma, pero en serio. Tiene gracia, porque, como venía a decir Aristóteles: “las personas somos animales políticos”, pero de la Política en general y en mayúsculas, no la política de los espectáculos dantescos que tenemos que ver a diario. Y es una decisión política, si bien individual, la decisión libre de unas personas particulares de mantener un criterio contra viento y marea sean cuales sean las consecuencias; y permanecer subidos a un barco aún cuando saben que todas las ratas ya lo han abandonado, y que van hacia una incertidumbre total, en la que solamente queda confiar en la Justicia. ¿Pero se puede confiar en la Justicia en Melilla?

Buena pregunta. Los Jueces son personas al fin y al cabo, y están sometidas a las mismas carencias y cuentan con los mismos problemas que cualquiera. Además, esto es Melilla, y el tamaño de la ciudad hace que la presión hacia las personas-jueces pueda ser mayor que en las grandes ciudades. No obstante, nuestro sistema judicial, aunque excesivamente lento, está muy bien concebido, y gracias a las posibilidades de recurso estas potenciales deficiencias pueden corregirse, si se ejerce el derecho al mismo, a lo largo de la vida judicial de un asunto concreto. En cualquier caso, los jueces tienen nombres y apellidos, y aquellos que cometen actos impropios también están sujetos al estado de derecho, y deberán hacer frente, tarde o temprano, a sus responsabilidades.

La primera declaración la hice yo mismo, y expliqué, en grandes líneas, los presuntos delitos cometidos por el editor, su trascendencia e implicaciones, y me sometí luego a las preguntas del Tribunal. En segundo lugar, declaró mi compañero Rafael Requena, el cual, en su condición de técnico que había realizado todos los informes para la liquidación de los cursos en cuestión, y que había mantenido, o mejor dicho sufrido, toda la correspondencia con el editor, y realizado todas las comprobaciones practicadas, implicaba la más importante de las declaraciones. Ambos nos sometimos a todo tipo de cuestiones lanzadas por el Juez, el Fiscal y el abogado de la defensa, y explicamos, de forma definitiva y totalmente clara, en qué había consistido el intento de estafa, defraudación y falsedad documental. También declararon los acusados, negando todo lo anterior. Asimismo declaró, como testigo de la defensa de los acusados, el ex consejero de Economía y Hacienda y Presidente de Proyecto Melilla cuando ocurrieron los hechos y, en esos momentos, ex apoderado de Bohórquez, Nicolás Sánchez Morales, que afirmó que los cursos se desarrollaron a total satisfacción de la administración. Claro, una opinión nada interesada, por supuesto.

Enrique Bohórquez (i) junto al presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

La vista duró toda la mañana; y, sinceramente, a pesar del episodio protagonizado por el citado empresario, salimos satisfechos, porque creíamos que habíamos demostrado, con pelos y señales, los intentos de defraudación pretendidos por el editor y sus consecuencias económicas. Sin embargo, cuando varias semanas después, ya a finales de abril de 2003, recibimos la sentencia, el Ilmo. Sr. Juez, D. Francisco J. Ramírez Herves, había despachado una muy curiosa, de apenas tres folios y medio, en la que, sorpresivamente para mí, declaró la absolución del editor y su hijo. Y lo hizo así porque entendía que con la liquidación que habíamos practicado, incluida la correspondiente incautación parcial de los avales que ya he relatado, no había existido perjuicio patrimonial para la hacienda pública. A pesar de lo anterior, la sentencia SÍ apreciaba irregularidades en la conducta de las empresas de Bohórquez en la justificación de gastos presentada, las cuales, no obstante, no consideraba de naturaleza criminal, precisamente gracias a la posesión de los avales y al comportamiento que había tenido Proyecto Melilla para defender sus intereses, no aceptando los gastos indebidos y ejecutando parcialmente los avales. Por lo demás, en cuanto al presunto delito de falsedad documental, despachó que no se habían aportado pruebas suficientes.

Cuando el editor conoció la sentencia, y después de transcurrido el período de recurso, por si acaso, que vino a coincidir con la campaña electoral de las autonómicas de 2003 en la que, curiosa, casual y sorpresivamente, estuvo muchísimo más al margen de lo habitual, el editor echó las patas por alto, y se declaró vencedor total y absoluto, volviendo a extender la idea de la conspiración contra él, y diciendo que, por supuesto, todo lo que había hecho era correctísimo. No cabe duda, por acción y por omisión había ganado este primer evento, la segunda porque no se ejerció el derecho a recurso ya que las personas que debían decidirlo estimaron conveniente no hacerlo. Pero lo que no decía la sentencia, como ya hemos visto, es que todo lo que había hecho el editor fuera correcto. Como dijo Manuel Conthe, un prestigioso economista español que fue Presidente de la CNMV, en su día: “como dicen los jueces, las sentencias y decisiones absolutorias no son “certificados de inocencia”: que alguien no sea condenado por una irregularidad no prueba que no la cometiera”, y es que como también dijo el escritor francés Jean Cocteau “un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentira a medias, de ningún modo es una media verdad”. En mi opinión, decir que todo fue correcto, ¡es mucho más que una mentira a medias!

Transcurrido el período de recurso, y cuando la sentencia fue firme, conforme informó el abogado de la empresa, Proyecto Melilla le abonó al editor el saldo pendiente a su favor por los otros cuatro cursos, por importe de poco más de 22.000 euros.

Las elecciones de 2003 fueron ganadas por el Partido Popular con una mayoría absoluta, con Juan José Imbroda como candidato. La tercera fase de la unión PP-UPM también se había cumplido. Meses más tarde UPM se fusionó con el PP, absorbiendo el segundo a la primera. Hubo cambios en el gobierno local tras las elecciones, y también en el organigrama, creándose nuevas Consejerías a las que había que dotar de contenido. A la inflación de medios de comunicación se le unió otra de cargos públicos, que conllevó, a su vez, un perceptible aumento del grado de politización de Melilla. Para la presidencia de Proyecto Melilla fue designado José Mª López Bueno. En el primer Consejo de Administración que se celebró, los Consejeros decidieron que Promesa se siguiera retirando, como acusación particular, de una denuncia que, asimismo, había sido interpuesta contra algunas personas que dirigían entidades de la ciudad, motivada por numerosas irregularidades detectadas por los servicios de inspección. De esta manera, que apoyaron todos los grupos políticos unánimemente, el sobreseimiento judicial estaba casi asegurado, puesto que es de lo más cínico acusar a alguien de algo, y después lavarse las manos y no dar la cara. Pero bueno, así fue, y efectivamente la demanda decayó, dejándonos literalmente con el “c… al aire” a los directivos, inspectores y técnicos de la empresa pública que habíamos colaborado y dado la cara en el expediente.

Trato de ser una persona seria en el trabajo, admiro y valoro la seriedad, y desprecio la falta de rigor, el amateurismo y la indolencia. Me gusta cumplir con la palabra dada y con cualquier tipo de compromiso. Lo entiendo como una muestra de respeto hacia las personas que comparten cualquier cosa conmigo; y no entiendo, ni entenderé en mi vida, por qué la seriedad en el desempeño no está generalmente extendida, cuando debería ser lo contrario. Me molesta cuando los medios extranjeros nos definen a los españoles como gente poco seria. Después de cumplidos los compromisos, siempre queda tiempo para lo demás, pero lo primero es lo primero y, por supuesto, no somos peores, en términos generales, que ninguno de los nacionales de cualquier otro país.

Más o menos en septiembre de 2003, el editor, aprovechando el cambio de gobierno, intentó utilizar las subvenciones, créditos y ventajas del “Plan Melilla” del gobierno central, que estaba instrumentando en la ciudad la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), para obtener unas generosas aportaciones, que, además, pretendía fueran complementadas con otras provenientes de fondos europeos y gestionadas por Proyecto Melilla, de forma que él, como siempre, no pusiese apenas un chavo. La sorpresa le vino, cuando, en primer término, desde la sociedad estatal le dijeron que no a las claras, y luego, desde la ciudad, le vinieron a decir lo mismo en función de la negativa de los primeros. Nuevamente, entró en cólera. Bueno, una más entre tantas otras.

Conforme estaban sucediendo las cosas, fuimos comprendiendo que desde el nuevo gobierno de la Ciudad Autónoma se pretendía hacer borrón y cuenta nueva de algunos conflictos que la empresa pública había mantenido con algunas personas conocidas de la ciudad, de las que el editor era el caso más importante y visible, pero no el único. Unos conflictos que conocían perfectamente y anteriormente habían apoyado, y que derivaban, claro está, de incumplimientos u otras irregularidades que las mismas habían tenido en sus relaciones con la entidad, y que les habían llevado a tener que soportar en la anterior legislatura, y seguían soportando, en tanto que eran los máximos responsables políticos, ciertas incomodidades e inconveniencias, en la forma de presiones y similares, porque esto es Melilla y así son las cosas. Pero, en lugar de manifestarnos la cuestión directamente y sin tapujos, como sin duda nos merecíamos, porque se lo merece cualquier persona, se estaba desarrollando un intento de “amansamiento” a través de un político de segundo nivel, al que le habrían solicitado un grado de cierto control, y que él elevaba, de “motu propio”, todo lo que podía por sus propios intereses.

Algunas veces se sucedían situaciones demenciales en el desarrollo de los Consejos y en la rutina de la empresa que no hacían más que me ratificara en la convicción que debía irme de la entidad a la que había ofrecido una parte de mi vida profesional. Ciertamente, esto fue la gota que colmó el vaso de mi capacidad de aguante. Y así fue, a principios de mayo de 2004, presenté mi dimisión al Presidente de la ciudad; y a principios del mes de junio la formalicé durante una sesión del Consejo de Administración. Más o menos por las mismas fechas, Rafael Requena hizo lo propio. Decidimos no enrocarnos en nuestros puestos ni ser un escollo. Tenían perfecto derecho a gestionar la sociedad pública como les diera la gana, y no había nada que discutir. Simplemente, nos íbamos y punto, y así todos contentos, principalmente alguno que otro, como el editor.

No obstante, a finales de ese mismo mes de mayo, poco antes de irme, me llevé una agradable nueva: el juicio que el editor había emprendido contra la empresa pública acusándola de ¡incumplimiento de contrato!, relativo a la liquidación de los cursos de alfabetización, la habíamos ganado en primera instancia, como no podía ser de otra manera.

Años más tarde, cual fue mi sorpresa cuando, una mañana, hojeando un periódico digital de Melilla, descubrí que este asunto, que habíamos ganado claramente en primera instancia, había sido perdido, en mi opinión inauditamente, por Proyecto Melilla en la segunda, mediante una sentencia de la que fue ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Juez, D. Diego Giner Gutiérrez. La verdad es que, como he explicado anteriormente, este asunto tiene narices. En primer lugar, porque todas las actuaciones, tanto las realizadas por el editor como las de la empresa pública, se habían sujetado al derecho administrativo y al reglamento de la Asamblea correspondiente. Tanto los impresos presentados, como los documentos aportados, los plazos, los escritos, las justificaciones, los modelos de anuncios… Negar este fuero, que había dado base y sostenimiento a todas relaciones habidas entre ambas partes, era, y sigue siendo, algo incomprensible para mí. En segundo lugar, porque esta nueva sentencia lo que hace es, ni más ni menos, tirar abajo todo el razonamiento que el Juez de lo penal había utilizado para absolver a Bohórquez en la querella criminal, ya que lo que había dicho tal Juez era que no había existido ningún perjuicio patrimonial para la Hacienda Pública ni conducta contraria a la rectitud, precisamente por el comportamiento que había tenido la empresa pública Proyecto Melilla, SA, que no había aceptado las justificaciones irregulares del editor, y que había liquidado los gastos estableciendo justi-precios ad-hoc que habían logrado evitar un claro perjuicio económico para la administración, que ahora, en una sentencia menor, se sacralizaban.

En este sentido, esta segunda sentencia lo que significa es que la Justicia ha dado por buenas las justificaciones irregulares presentadas, otorgando al editor el derecho a percibir íntegramente los importes iniciales de los ocho cursos impartidos, olvidando que precisamente, el único fundamento para absolver al editor, era la existencia de tales liquidaciones de la administración y la ejecución de los avales practicada en su día. Por mucho que lo pienso, sigo sin comprender como un caso así pudo perderse.

Pero lo cierto es que en general, en la vida real y no sólo en la administración, para ganar los juicios hay que querer ganarlos por encima de todo, y no simplemente mantener un perfil bajo. Esto implica desde la elección del abogado a las instrucciones que se le puedan dar al respecto, al objeto de preparar o no el juicio, las comparecencias, las pruebas y los interrogatorios; y la persistencia en la lucha, siempre que existan fundamentos jurídicos, a través de los diversos recursos previstos en la Ley. También implica movilizar a los diferentes departamentos, que es una cuestión clave en una organización de tamaño grande, como un Ayuntamiento o cualquier gran empresa, para que aporten todos los documentos que les sean requeridos por el abogado con la máxima calidad y a la mayor brevedad.

Y estas que he contado, han sido algunas de mis desafortunadas experiencias con Bohórquez en el período 1985 a 2004. Una persona, y un personaje, que yo no elegí, pero que desgraciadamente me encontré en mi camino profesional en algunas ocasiones. Nunca quise jugar a héroe ni a villano en mis relaciones con este individuo, sino solamente cumplir con mis obligaciones, tanto si me gustaban, o me eran agradables, como si no lo eran. Intenté, en todo momento, desempeñar mi cargo con la dignidad que se merece la ciudad de Melilla. Siempre he entendido que las exigencias y los requerimientos deben ser para todos por igual, y que no cabe hacer excepciones, ni a favor del editor ni a otras personas, y ni por unas causas ni por otras, pero, por encima de todas las posibles, nunca por el miedo a la infamia. Las cosas las viví y las sentí como he intentado contarlas, y espero y deseo que esto, al menos, ayude a conseguir algo concreto: ¡Que nunca en Melilla vuelvan a repetirse otras situaciones como las descritas!

Debo declarar que no me vale la frase que muchos utilizan: ¡Es que las cosas son así y no pueden cambiarse, porque volverán a ser así, incluso si cambian las personas! En definitiva, rechazo, por falsa, la idea de la necesaria perpetuación del statu quo, o el efecto de ser conformista, porque creo que, en esta vida, debemos ser inconformistas y tratar de cambiar lo que no nos gusta y pueda mejorarse, para que así podamos dejar a nuestros hijos un mundo, una España y una Melilla mejor.

Curiosamente, tengo que reconocerlo, yo no habría escrito estas experiencias con el personaje, si este individuo, preso de su prepotencia y su soberbia habitual, y en uno de sus repugnantes ataques de ira, no hubiera escrito un infame editorial el día 6 de diciembre pasado, día de la Constitución, con difusión adicional no autorizada de mi imagen personal, justo al día siguiente de que se viera obligado a publicar el texto de la sentencia de la Audiencia Provincial mediante la que le gané la demanda que le había planteado, allá en 1998, ante la campaña de desprestigio personal y profesional que había realizado contra mí. Simplemente, estas desgraciadas historias habrían quedado en mi memoria, y como mucho las hubiera relatado a algún amigo en charlas informales de café o a mis futuros nietos. Así que gracias a Bohórquez, usted, mi querido lector, y todos los ciudadanos de Melilla, van a conocer un poco más sobre este personaje y sus “hazañas”. Sí, efectivamente: Gracias, Bohórquez, por haber prestado un nuevo servicio al pueblo de Melilla, en este caso impagable, porque no tiene precio. Bueno, tal vez tenga uno, que usted nunca va a comprender: ¡El precio de la dignidad!

Para finalizar, voy a acabar con tres citas, que vienen a resumir lo que quiero decir y que, por tanto, me vienen como anillo al dedo.

La primera es del físico americano, y antes alemán, Albert Einstein: “El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad”.

La segunda, del político irlandés Edmund Burke: “Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada”.

Y la tercera, para terminar, del escritor español Jacinto Benavente: “Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos”.

EL AUTOR

Julio Liarte Parres es economista y funcionario de la Ciudad Autónoma de Melilla. Prestó sus servicios en el Ministerio de Trabajo, precisamente en el departamento encargado de las ayudas a empresas de nueva creación; y luego ha hecho lo propio como gerente de la empresa pública Proyecto Melilla, SA, entidad especializada creada por el entonces Ayuntamiento de Melilla para fomentar la creación de empresas y empleos en la ciudad.

En la actualidad es diputado autonómico y portavoz del grupo Populares en Libertad (PPL), un partido escindido del PP y que lidera el ex presidente de la Ciudad de Melilla, Ignacio Velázquez Rivera.