Por primera vez se ha aplicado la “inviolabilidad” del Rey al Derecho de Familia. El monarca queda así protegido de dos demandas de paternidad -una del español Alberto Solá y la otra de la belga Ingrid Sariau- que dos juezas de Madrid han rechazado admitir a trámite, según publica El Mundo.

La decisión de las magistradas (de los juzgados de primera instancia de Madrid números 19 y 90), se debe a que entienden que en conformidad con el artículo 56.3 de la Constitución “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a ninguna responsabilidad (…)”. Además, en la resolución desde el mencionado juzgado número 19 se argumenta que no existe en la Ley Orgánica del Poder Judicial “precepto alguno que atribuya a este Juzgado o cualquier otro Tribunal el conocimiento de las demandas que puedan dirigirse contra el Rey o el jefe de Estado (…)”. Aunque Solá y Sariau pueden recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid no contarán con el respaldo de la Fiscalía porque, según fuentes citadas en dicho artículo, el Ministerio Público entiende que son demandas que están “absolutamente huérfanas de un mínimo principio de prueba”.

LOS AUTOPROCLAMADOS “HIJOS BASTARDOS DEL REY”

Ingrid Sartiau -nacida en 1966- y Albertó Solá Jiménez (que nació en 1956 y desde los 90 intenta probar su supuesto parentesco con el Rey), según publicó Vanitatis este verano, “se hicieron unas pruebas que de ADN que confirman que ambos comparten progenitor”. En concreto, el test indica que hay un “91%” de probabilidades de que sean hermanos, según esta publicación.

La historia de los autoproclamados “hijos bastardos” del rey Juan Carlos ha tenido eco en la prensa alemana. Según recogía Periodista Digital, al hilo de un artículo de Bild, “en el caso de que dicho examen se llegase a realizar y el resultado fuese positivo, Solà podría ser el heredero directo al trono debido a que, con sus 56 años, sería el primogénito del rey y no el príncipe Felipe, que tiene 44 años”.

Según se explica en un artículo en la web de el Congreso de los Diputados, “la inexistencia de responsabilidad política del Jefe del Estado es una característica común de todos los regímenes políticos contemporáneos, ya sean Monarquías, ya Repúblicas. En el caso de los regímenes monárquicos, la falta de responsabilidad es absoluta, llegando a extenderse a los ámbitos civil y penal”. Esto supone que “en cuanto se refiere a la responsabilidad civil, no se le puede demandar ante la jurisdicción ordinaria”.