El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha dado por finalizada la investigación del llamado ‘Caso Mercamed’, sobre facturas falsas emitidas por la Diputación de Granada en una feria empresarial de Marruecos durante el anterior gobierno PSOE-IU.

El juez ha decretado juicio oral para 14 imputados, entre los que destaca el ex vicepresidente de la institución, Julio Bernardo (IU), por posible prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.

El caso pasará ahora al trámite hacia el juicio, en el que las partes han de presentar su calificación de los hechos. El juez ha imputado a 14 personas, entre altos cargos y empresarios, que habrían participado en una trama para favorecer a un empresario amigo de Bernado, A.R.M., el cuál, por tener pagos pendientes con la seguridad social, no podía contratar con la administración.

La Diputación, en mayo de 2011, con posterioridad a las municipales que PSOE e IU habían perdido, contrató con empresas pantalla y falsificó y duplicó facturas, para ocultar que era este empresario quién recibía los pagos por la organización de la feria Mercamed celebrada en Tetuán.

También hay imputadas empresas que participaron en el proyecto y la reforma de un museo de Xauen. Entre otros, están el ex director del área de Cultura, Jorge López, también de IU, y M.M.F., la pareja del actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, quien fue contratada para redactar el proyecto de dicho museo.

La Policía Judicial identificaba así “dos tramas”. Con la primera, según el informe de Fiscalía que desembocó en la apertura del caso, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que A.R.M. realizara el trabajo “cuando legalmente no podía hacerlo”.

Con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, “llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados”.

Para el magistrado Del Arco, tras pasar por su juzgado declarando los diferentes implicados y practicarse diversas periciales, no se observaron “los requisitos de contratación previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y otra normativa legal en el plano administrativo y de régimen local”.

Por ello, considera que en las contrataciones existieron irregularidades como “expedientes de contratación artificiales” o la “inexistencia de relación mercantil entre empresas que intervienen en la contratación y que facturan”. Es decir, que Diputación contrataba a unas empresas pero pagaba a efectos prácticos a otras.

Así, detecta que pagaron proyectos “a personas que no habían realizado el trabajo” y otros se adjudicaron “ad hoc” a empresas que ni siquiera se habían presentado al concurso público abierto y cumplido los requisitos legales.