Enrique Palacios.

Julio Liarte Parres.- Mientras el editor estaba ya impartiendo los cursos, se había resuelto finalmente el asunto de la moción de censura pendiente. Por unos meses, había parecido que la táctica de “ganar tiempo” empleada por Velázquez iba a dar finalmente su fruto. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no resolvió que se repitiera el pleno, sino que continuara el que se había celebrado justo un año antes, y en el que faltaba, solamente, el voto de Enrique Palacios. Por ello, este señor pudo, finalmente, convertirse en Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la Asamblea celebrada el día 2 de marzo de 1998.

El nuevo gobierno estaba encabezado por Palacios como Presidente; Juan José Imbroda, como Vice-Presidente y Consejero de Economía y Hacienda, asesorado por Daniel Conesa; Mustafa Aberchán, como Consejero de Medio Ambiente; José Luis Estrada y Mª del Carmen Muñoz del Castillo, de Obras Públicas; Neus Casas, de Educación y Juventud; Juan José Suárez, que se había pasado al grupo mixto abandonando al socialista, de Recursos Humanos; Alberto Paz, de Cultura; Mimón Mehamed y Andrés García, de Bienestar Social y Sanidad; y Hamed Sí Alí, de Promesa. El editor consideraba al nuevo gobierno como una hecatombe…sobre todo para él.

Los populares salientes del gobierno plantearon otra moción de censura, con carácter inmediato, para recuperar el gobierno. Sin embargo, el nuevo gobierno Palacios logró evitar esta contingencia en los Tribunales, argumentando que no había existido un tiempo mínimo de gestión para que que pudiera ser censurada, con el consiguiente enfado del editor en un artículo titulado “Adiós Melilla, Adiós”, aunque, ciertamente y también desgraciadamente, no cayó esa breva. Pero existían otros palos que tocar por parte de sus opositores, en tanto que seguían habiendo Diputados Locales de segunda clase en las filas populares. Por ello, y para evitar esta contingencia de posible censura de nuevo, los miembros del nuevo gobierno Palacios lograron “convencer”, asimismo, al Diputado Local, Sr. Aisa, de la “bondad” del cambio de gobierno para que se pasase también al grupo mixto y evitar cualquier riesgo de pérdida del poder. Ignacio Velázquez y su equipo se instalaron en la oposición, que se preveía dura y fuerte para lo que quedaba de mandato hasta las siguientes elecciones de 1999.

A finales de marzo de 1998, ante la persistente campaña de desprestigio que yo venía sufriendo por parte del editor y sus colaboradores, que ya había alcanzado niveles desproporcionados, presenté una demanda civil para la protección de mi derecho al honor, motivo por el que incurrí, a partir de ese momento, en causa de abstención de acuerdo con la legislación de los funcionarios públicos, por lo que, a partir de entonces, todas las actuaciones relativas a los cursos fueron instruidas por el subgerente, Rafael Requena, a su vez Director del Departamento de Formación de la empresa pública.

Rafael Montero, junto al presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

Más o menos por esas fechas, El Faro de Melilla cambió de denominación, pasando a llamarse “El Vigía”. Además, en esos mismos meses, el propietario de El Faro de Ceuta, D. Rafael Montero Palacios, comenzó el proceso para crear un nuevo periódico en Melilla, que sería denominado “El Faro de Ceuta y Melilla”. Como curiosidad, esta nueva empresa vino a solicitar las correspondientes subvenciones a Promesa, cuya cuantía se calcula en función del número de empleos a generar con el proyecto de inversión, y aunque iba a crear sobre 16 puestos de trabajo, le advertí, en una conversación en mi despacho, que mi informe sólo iba a considerar los empleos cubiertos con desempleados registrados en la oficina de empleo de Melilla, que sólo iban a ser 5 o 6, puesto que el resto de la plantilla sería cubierta por periodistas y otro personal proveniente de otras localidades de España, lo cual implicaba unas subvenciones menores a las que tenía previstas. Ciertamente, la tuvimos también, y además gorda. Sin embargo, la discusión no salió del sitio donde la tuvimos, y no hubo ni editoriales insultantes ni presiones ni uso de su periódico para lograr sus intereses personales; por lo que después tan amigos, como cuando lo conocí, allá por el año 1993, cuando él era el Presidente de Procesa, que es la empresa pública prima hermana de Promesa pero del Ayuntamiento de Ceuta, acompañado del entonces gerente de Procesa y hoy Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas.

Finalmente, comprendió mis razones, que no eran otras que, como entidad pública territorial, nosotros nos debíamos y trabajábamos principalmente para los ciudadanos de Melilla. Asimismo, quiero resaltar que Enrique Palacios, una vez que se incorporó a la Presidencia de la Ciudad de Melilla, y cada vez que arreciaba la campaña del editor contra mí, continuamente enviaba mensajes de apoyo, bien telefónicamente, o, incluso, por dos veces, proponiendo acuerdos al Consejo de Gobierno para trasladarnos la confianza y el afecto de los componentes de tal órgano. Curiosamente, sólo un sindicato, el SATE-STEs, de educación, había salido públicamente a defendernos, mientras que los restantes estuvieron más calladitos que un bendito. Ciertamente, estos detalles se agradecen en el alma.

Ya en abril de 1998, el editor solicitó, y obtuvo, un segundo anticipo del 30% sobre los cursos iniciados que contaban con el preceptivo aval, recibiendo otro importe de 6,5 millones de pesetas, que hacían que los anticipos recibidos, hasta ese momento, alcanzasen ya la cifra acumulada de 17,44 millones de pesetas.

El gobierno de Palacios estuvo sometido, desde su primer día e incluso antes, a una intensa presión por el editor, que recordaba a la existente en los últimos tiempos de Gonzalo Hernández. Sin embargo, la eficacia de la campaña ya no era la misma. Por mucho que se empeñaba el editor en seguir dándole a la matraca, con la misma cantinela día sí y otro también, no consiguió sus fines ni de lejos, y la prueba está ni más ni menos que en el resultado de las elecciones de 1999, que demostraron, muy a las claras, que su credibilidad estaba ya en aquel entonces, cuando menos, en entredicho. Su periódico podía seguir siendo el más leído en la ciudad, pero existían otras alternativas mediáticas, y la posibilidad de obtener información veraz para contrastarla con las opiniones interesadas, y nunca mejor utilizado este adjetivo, aumentó radicalmente, gracias a la instalación de un nuevo medio diario “El Faro” y, también, a la nueva gestión de la televisión pública TVM, una vez que el editor tuvo que abandonar la realización de los informativos y el consiguiente cobro privado de la publicidad del medio público que ya hemos explicado.

La impronta de Enrique Palacios al frente del gobierno de la ciudad se manifestó, primariamente, en el deseo de evitar alguno de los errores que él creía que el gobierno anterior había cometido. En primer lugar, en evitar la coexistencia de políticos de primera, segunda o incluso tercera categoría, que había sido el origen de algunas frustraciones y variados problemas. En segundo lugar, en mejorar la percepción de los ciudadanos sobre los sueldos de los políticos, que habían gozado de una muy fuerte subida al inicio del primer gobierno autonómico. En tercer lugar, para recuperar, asimismo, la cercanía de los ciudadanos a los gobernantes, que a él le parecía que había sido rota por la excesiva concentración en los asuntos de “alta política” derivados de la implementación del primer gobierno de tipo autonómico, en lugar de los problemas más comunes y extendidos que preocupaban a los ciudadanos.

En este sentido, estableció un organigrama de tipo horizontal, al menos en términos retributivos aunque también de jerarquía, mediante el que todos los políticos liberados, cualquiera que fuera su categoría, y ya fueran Consejeros o Vice-Consejeros, iban a tener el mismo sueldo. Además, ambos tipos de cargos podrían asistir indistintamente a los Consejos de Gobierno. No obstante, y a pesar de sus deseos, no había suficiente número de Consejerías para tantos liberados, al menos en aquellos tiempos, motivo por el que tuvieron que coexistir, en varias de ellas, los titulares con los viceconsejeros, tal vez de una manera un poco anárquica, pero, al menos de cara al exterior y en sus primeros tiempos, cohesionada. Además, el nuevo sueldo generalizado para todos los políticos en ejercicio registró una fuerte caída, hasta igualar el existente al término de la Corporación 1991-1995. Por otra parte, se olvidó, al menos él, de las nuevas funciones autonómicas, y se concentró en las tradicionales como Ayuntamiento, pateándose la calle intensamente y recuperando la proximidad con las asociaciones de vecinos, las asociaciones ciudadanas y los propios vecinos directamente.

Los asuntos de alta política y autonómicos quedaron en manos del Vice-Presidente primero y Consejero de Economía y Hacienda, Juan José Imbroda Ortiz, indudablemente el cerebro gris del nuevo gobierno, que se había reservado, a efectos claramente precautorios, la más importante de las Consejerías, la de Hacienda, en tanto que prestaba servicios a todas las demás, por lo que podía permanecer completamente informado de todo lo que acontecía en las restantes áreas del gobierno y controlar cualquier tipo de conducta irregular o que pudiera perjudicarle de cara al futuro, aunque también prestaba otra parte de sus servicios directamente a los ciudadanos, como la recaudación fiscal y el pago de cualquier tipo de facturas, con lo que se aseguraba también la debida visibilidad. Mustafa Aberchán, como nuevo Consejero de Medio Ambiente y, pocos meses después, también Presidente de Proyecto Melilla, había conseguido la más importante de las Consejerías en términos presupuestarios.

Junto a él se incorporaría Hamed Sí Alí, primero, y por unos pocos meses, como Presidente de Proyecto Melilla, y después como Viceconsejero de medio ambiente. Iba a ser la primera vez en que los integrantes del nuevo partido CpM, recientemente fundado, tocaban poder, y lo iban a hacer por lo grande. La gestión de ambas áreas de gobierno iba a constituir una especie de “master intensivo” en gestión pública para Aberchán, y su principal empeño sería el intentar demostrar que podía gobernar para la generalidad de los melillenses en lugar de ocuparse solamente en los segmentos de población de los que provenían sus votantes.

Alberto Paz recuperaba su tradicional departamento de Cultura. Neus Casas ocuparía un Departamento de Educación y Juventud con muchas ganas de trabajar, pero sin apenas competencias en la primera de ellas, por lo que tendría que volcar todos sus esfuerzos en la segunda. José Luis Estrada y Mª del Carmen Muñoz pasaban a la Consejería de Obras Públicas, que contaba con importantes competencias, pero mucho menores, en términos de gasto y visibilidad, que la de Medio Ambiente. Mª del Carmen Muñoz se ocuparía, además, de la televisión pública, Inmusa. Finalmente, el área de Sanidad y Servicios Sociales estaba ocupada por Mimón Mehamed como Consejero, y Andrés García Martínez como Vice-consejero.

El Gobierno de Palacios se enfrentaba desde su comienzo, en primer término, a un importante problema presupuestario, y es que el anterior gobierno había dejado totalmente comprometidas, a finales de febrero y con sólo dos meses de ejercicio económico, la mayoría de las partidas presupuestarias, con lo que dejaba al nuevo gobierno con las manos atadas. Sencillamente, sin dinero para gastar, prácticamente no se puede hacer nada, ni hay política que valga. En segundo término, y como desgraciadamente suele ser más habitual de lo deseable en España en los cambios de gobierno, los nuevos dirigentes se encontraron todos los cajones vacíos. Parte de ello tiene una justificación porque muchos documentos se encontraban en manos de los funcionarios en los correspondientes departamentos, pero sobre otra parte sencillamente no había ni papeles, ni facturas, ni nada. No sabían ni donde estaban ni los “esqueletos en el armario” que podrían aparecer después.

El editor continuó durante el resto del mandato vociferando en su forma habitual y lanzando mensajes apocalípticos. No obstante, la institución permaneció funcionando a pesar de todos los pesares. Los Presupuestos generales se aprobaron normalmente. Se sentaron las bases de la programación de los fondos europeos para el período 2000 a 2006, cuya ejecución ha finalizado hace unos pocos meses, a través del Plan de Desarrollo Regional para tal período que elaboramos también en Proyecto Melilla. Se consiguieron nuevos e importantes programas europeos. Las facturas a los proveedores se pagaban en tiempo y forma y el dinero fluía sin problemas. En el área de Medio Ambiente se acometieron obras importantes de infraestructura como la construcción de un nuevo y moderno mercado central de minoristas y la mejora y renovación de toda la iluminación y jardinería de las principales calles de la zona centro, al tiempo que se acometieron obras de infraestructura en los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Las opiniones del editor, simplemente, quedaban refutadas por la dura y tozuda realidad: la institución, mejor o peor, porque es cuestión de gustos y opiniones, siguió funcionando.

En el ámbito de los medios de comunicación social, el Gobierno estaba dispuesto a cortar todo tipo de relaciones con el editor sin tapujos. Una de sus primeras decisiones políticas fue suprimir la publicidad institucional en el periódico Melilla-Hoy. El argumento esgrimido era que ya había disfrutado bastante de ella durante los siete años en que lo hizo, en los que se había comido casi el 85% de la tarta, mientras los demás, que también existían y también tenían trabajadores en plantilla, estuvieron mirando. En cuanto a la televisión pública, el primer objetivo fue liberarla de los contratos citados con el editor para la realización de los informativos y el cobro de la publicidad. El primer paso consistió en la renovación de la gerencia de la empresa pública, aprovechando que en el mes de junio de 1998 caducaba el contrato suscrito con el director existente en ese momento, el periodista Fernando Belmonte, que desafortunadamente para él se le relacionaba demasiado directamente con el editor. Fue sustituido por el Director de El Vigía, Juan José Medina Roldán, que acometió inmediatamente la tarea, lo cual logró después de estudiar los contratos correspondientes, mediante una modificación de los horarios de emisión de los informativos desde las 21:30 a las 15:00 horas, con lo cual, dado que los periodistas que presentaban las noticias eran los mismos que habían cubierto las conferencias de prensa por la mañana, y luego debían redactar las informaciones por la tarde, llevó a la inviabilidad de seguir ofreciendo los telediarios por Prensa de Melilla, con el consiguiente abandono de la prestación contratada.

En cuanto a la publicidad, exigió simplemente los registros y cada una de las facturas que soportaban los anuncios publicitarios que daban origen a las participaciones de la televisión pública en el cobro de las mismas. Dado que el editor se negó a facilitarlos, tuvo que abandonar esta práctica, de igual manera, y salir definitivamente de la gestión de la televisión pública, en la que había logrado imponer sus puntos de vista, obteniendo al mismo tiempo importantes ingresos pero sin compartir ningún coste en contrapartida. Tras su salida, el editor eligió, como tantas otras veces, el victimismo.

El inicio de la distribución de El Faro de Ceuta y Melilla, en su consideración de prensa local totalmente producida en la ciudad generó, inicialmente, una reacción agresiva del editor. No obstante, el nuevo periódico, a pesar de su inicial e indisimulado apoyo al gobierno Palacios, nunca quiso entrar en esa guerra, demostrando que su intención era la de instalarse a muy largo plazo, y que no pretendía ni una aventura pasajera ni hacer caja y luego salir corriendo.

El gran problema al que se enfrentaron desde el nuevo gobierno fue el conglomerado de diferentes partidos e intereses de todo tipo y el poco tiempo restante hasta las siguientes elecciones. Aún así demostraron que podían trabajar conjuntamente y llevar a cabo acciones de gobierno, al menos, como ha quedado dicho, en los primeros meses en el poder. Más adelante, y conforme se fueron aproximando las siguientes elecciones, cada uno de los partidos empezó a tratar de arrimar el ascua a su sardina, y la unidad de acción fue rompiéndose poco a poco, convirtiéndose la Ciudad Autónoma en una especie de “reino de taifas”, en tanto que cada una de las poderosas consejerías estaba en manos de partidos políticos diferentes que trataban de usar, con fines electorales, los recursos públicos que tenían a su disposición.

Poco a poco, y en algunas áreas más que en otras, la humildad y las buenas intenciones iniciales fueron llevando al nepotismo y a la osadía, principalmente en dos cuestiones. En primer lugar, la contratación de personal para los distintos servicios, que se disparó, y se realizó mediante unas formas cuando menos curiosas en un buen número de casos. En segundo lugar, la contratación de numerosas recién constituidas cooperativas de trabajadores para realizar obras previamente convenidas a través de contrataciones directas, eludiendo de esta manera toda la legislación laboral y administrativa, y posibilitando a estas nuevas entidades la contratación temporal de un importante número de desempleados. La disciplina necesaria entre los integrantes del gobierno, tan heterogéneos y variados como cabe suponer, era una tarea sencillamente imposible de realizar. Aún así lo intentaban mediante una selección natural de los líderes de los diferentes partidos involucrados con la coordinación del Presidente Palacios.

Y ya se sabe: a río revuelto, ganancia de pescadores. La situación convulsa de Melilla, y también de Ceuta, pronto captó la atención del Grupo Independiente Liberal (GIL) que gobernaba entonces Marbella con una amplia mayoría absoluta, y que pretendía iniciar, primeramente en el sur, una fase de expansión para llegar a convertirse en una fuerza política de referencia en toda España. Ambas ciudades españolas norteafricanas, en su condición de autónomas, asegurarían una debida visibilidad del GIL en los principales foros de la nación, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera o el Senado, sin olvidarnos de la potencia financiera de ambas y los importantes fondos que manejaban para inversiones, principalmente gracias a las financiación de los fondos europeos.

Por ello, durante el verano de 1998 la maquinaria de tal partido se puso en marcha al objeto de presentar candidatura en ambas ciudades en las elecciones del año siguiente.

EL AUTOR

Julio Liarte Parres es economista y funcionario de la Ciudad Autónoma de Melilla. Prestó sus servicios en el Ministerio de Trabajo, precisamente en el departamento encargado de las ayudas a empresas de nueva creación; y luego ha hecho lo propio como gerente de la empresa pública Proyecto Melilla, SA, entidad especializada creada por el entonces Ayuntamiento de Melilla para fomentar la creación de empresas y empleos en la ciudad.

En la actualidad es diputado autonómico y portavoz del grupo Populares en Libertad (PPL), un partido escindido del PP y que lidera el ex presidente de la Ciudad de Melilla, Ignacio Velázquez Rivera.