El juez instructor del caso Palma Arena asegura que su afán por investigar lo acontecido en Valencia “no es fruto de su afán imperialista” sino del hecho de que con las mismas facturas se justificaban los negocios de ambas CCAA.

El juez acusa al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin de usar su “parentesco” con la Casa Real. Le acusa de aprovechar esta “área de influencia” para acudir a “altas instancias políticas, puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían insoslayables” y obtener así adjudicaciones y contratos de las Administraciones públicas.

En un contundente auto, el titular del Juzgado de Instrucción de Palma, José Castro, despliega una lista de “significativas coincidencias”, que hasta “podría resultar tediosa”, entre los negocios urdidos por el marido de la Infanta Cristina tanto en Valencia como en Baleares, y en la que se ampara para desestimar la cuestión de competencia planteada por el ex secretario autonómico de Turismo Luis Lobón.

Así, después de que el imputado solicitase que el magistrado se apartase de las investigaciones sobre los hechos acaecidos en Valencia en favor de un Juzgado de esta ciudad, petición a la que se han opuesto Fiscalía y Abogacía balear, Castro alega cómo tanto en Valencia como en Baleares Urdangarin utiliza su pertenencia a la Familia Real para lograr contratos y cómo, tanto en uno como en otro sitio, “se desprecia” la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En esta misma línea, el juez apunta a las coincidencias “en lo elevado de los importes de las adjudicaciones” así como “en lo ridículo de los presupuestos que se aportan”, además de que “todos ellos fueron impuestos” por Urdangarin y por su ex socio Diego Torres al frente de Nóos. Es más, asevera que “en todos los casos fueron aceptados sin discusión por los responsables políticos” de ambas Comunidades Autónomas.

“En ninguno de los casos los responsables políticos se preocuparon de constatar, para descontarlos, los patrocinios que consiguieron los organizadores en referencia al Instituto Nóos y en aquellos que eran perceptibles a simple vista omitieron deducirlos de los pagos”, incide el instructor de este complejo procedimiento judicial.

Del mismo modo, el juez Castro subraya que también en ambos casos se documentaron las adjudicaciones bajo fórmulas de convenios de colaboración “para excluir constreñimientos administrativos y participaciones de terceros que pudieran estar interesados en su adjudicación”, toda vez que, ahondando en los propios convenios firmados, precisa que tanto los de los eventos del Valencia Summit como los del Islas Baleares Forum “son prácticamente calcados unos de otros”.

Unas coincidencias que, recalca el magistrado, conduce a una “filosofía de que ni en Palma ni en Valencia se le ocurrió a nadie exigir ni a Don Iñaki Urdangarin ni a Don Diego Torres rendición de cuentas”.

Por todo ello, el juez argumenta que la extensión de las pesquisas a los eventos de Valencia “no fue fruto de un imperialista afán instructor de este Juzgado” sino que, de hecho, apenas iniciada la instrucción de la causa el propio Torres aportó facturas que correspondían al Valencia Summit, lo que determinó extender a éstos las investigaciones por ser “fácilmente deducible que las mismas facturas podrían ser utilizadas para justificar gastos tanto de los eventos de Valencia como de Baleares, como así apuntan las pesquisas.

NINGUN ORGANO DE VALENCIA INVESTIGA DE OFICIO

Sin embargo, el juez lleva más allá sus argumentaciones al señalar que no consta que se haya presentado ninguna denuncia o querella ni se hayan llevado actuaciones policiales o judiciales de oficio en Valencia para investigar tales hechos, por lo que a la fecha que lo hizo el propio Castro, “ningún otro órgano jurisdiccional conocía de ellos”, por lo que “ninguna usurpación de competencia es atribuible a este Juzgado”.

Así las cosas, tras dejar “claro” que los presuntos delitos cometidos en Valencia y en Palma “son conexos”, el magistrado apunta además que los investigadores se han desplazado hasta Valencia para tomar declaración a numerosos testigos e imputados, sin que “absolutamente” ningún órgano judicial haya promovido cuestión de competencia hasta este momento.

“Ha de quedar bien claro que ningún otro órgano entra en porfía con este Juzgado” en relación a la investigación sobre Nóos.

El juez recuerda finalmente que, ya cuando a finales de diciembre de 2011 se hacía “clara referencia” a los hechos que fueron cometidos en Valencia, nadie cuestionó la competencia de su Juzgado para investigarlos, como tampoco cuando citó a declarar al propio Lobón, una “quietud” que persistió tras las más de veinte resoluciones dictadas en referencia a las pesquisas en torno a los eventos de Valencia.