Por Julio Liarte Parres.- Los socialistas tampoco eran mancos. Una vez perdidas las elecciones, inmediatamente se pusieron en marcha al objeto de crear un nuevo periódico en la ciudad, y a mediados de agosto de 1991 un grupo de melillenses próximos al partido socialista constituyeron formalmente la sociedad “El Telegrama de Melilla, SA”. El objetivo estaba claro: contrarrestar las opiniones del editor mediante la creación de un nuevo medio de comunicación escrito y, en teoría, hacerlo más abierto evitando caer en los mismos errores. Pero, como hemos visto con ocasión de la ofensiva para tomar el control de Editora Melillense, convertirse en tiburones financieros no era el don nato de los socialistas melillenses, por lo que la contra-programación popular estaba inmediatamente en marcha.

El primer paso de la contra-ofensiva fue el referido intento de crear una televisión, primeramente por cable, pero luego ya hubiésemos visto. El segundo fue un burdo intento de cerrar el grifo de las potenciales subvenciones al nuevo periódico por parte del propio Ayuntamiento. Unas subvenciones a las que, por cierto, tenían derecho cualesquiera empresas que se establecieran en Melilla siempre que crearan puestos de trabajo, y lógicamente cumpliendo los restantes requisitos establecidos, independientemente del hecho de que sus promotores pudieran ser socialistas o demócrata-cristianos o del culto a Manitú, entre otras cosas porque, en nuestro estado de derecho, nadie puede ser obligado a declarar sobre sus ideas y la libertad de conciencia está constitucionalmente protegida. Unas subvenciones que, como hemos visto, permitieron subsistir al propio periódico Melilla-Hoy en sus inicios, así como a otras muchas empresas.

Pues bien, en diciembre de 1991, el editor presentó, representando a una de las sociedades de su grupo de empresas, una solicitud informal de ayudas a Proyecto Melilla, y la sociedad contestó, en base al informe in situ del Concejal de Hacienda, que no había posibilidad de ofrecerle ayudas financieras puesto que él consideraba que el sector de prensa escrita estaba “saturado”, y que no había hueco para otra nueva empresa. Esto fue de chiste, porque la supervivencia de una empresa no puede, o no debe, determinarse por decreto ni por ningún otro acto administrativo, ya que son, o deberían ser, los consumidores quienes deberían tener la facultad de decidir, a través de su voto diario emitido en los quioscos de la ciudad, comprando o dejando de comprar, y leyendo o dejando de leer, el nuevo periódico, y contratando o dejando de contratar sus servicios de publicidad. Además, los mercados no son estáticos, y las fuerzas que ayudan a definirlos están en continuo movimiento, por lo que, simplemente, no puede nunca afirmarse ni negarse nada en términos absolutos, entre otras cosas porque dependen de la actividad humana, que ya es voluble de por sí. Una nueva empresa tiene todo el derecho del mundo a intentarlo, a tratar de consolidarse y crecer, aunque sea a costa de la clientela de otra ya existente. Simplemente, son los consumidores quienes tienen el poder de decisión o, mejor dicho, quienes deberían tenerlo en una economía de mercado como es la nuestra.

Algo se aproximaba, y yo no tenía ni idea en ese momento de lo que se trataba, pero ambos grupos políticos antagonistas afilaban las espadas. Dado que Ignacio Velázquez no contaba con la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, el Partido Nacionalista de Melilla de Enrique Remartínez y Amalio Jiménez tendría que ejercer las funciones de árbitro de la contienda.

Enrique Remartínez Buera era Consejero de Proyecto Melilla, así como Concejal de Urbanismo de la nueva Corporación Local y tenía su asiento en la Comisión de Gobierno. Como Consejero de Proyecto Melilla fue uno de los más activos de los que recuerdo. Sus propuestas eran constantes e incisivas, y era de los pocos que comprendía perfectamente de lo que se estaba hablando en cada momento. Pero tenía un defecto, que comparto salvando las distancias y nuestros diferentes roles: no estaba de acuerdo en seguirle el juego a Bohórquez. Se opuso a sus pretensiones rotundamente, como ha quedado dicho. Primero en el Consejo de la empresa, luego en el de Gobierno de la ciudad. Bohórquez arremetió contra él, en la forma en que nos tiene acostumbrados a sus sufridores, mediante sendos artículos publicados en los días siguientes al acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fechas 28 y 29 de febrero, y 7 de marzo, todos de 1992. Remartínez no se retractó, y puede decirse que, entre otras razones, el asunto del editor y su exagerada intromisión en la vida política local, fue, si no la principal, sí una de las más importantes para que se produjera la rotura del pacto de gobierno entre el PP y el PNM. Muchos años después, ya en el mes de octubre de 2001, el editor tuvo que publicar la correspondiente sentencia en su contra, tras la demanda ganada por el Sr. Remartínez, en base a una intromisión ilegítima en su honor. Bueno, pues una más entre tantas otras.

Una vez roto el acuerdo, el PP empezó a gobernar en solitario, con una mayoría minoritaria que le hacía evitar, en la medida de lo posible, tener que acudir a resoluciones por el Pleno del Ayuntamiento. Además, el PNM y el PSOE llegaron, a primeros de mayo de 1992, a un acuerdo para presentar una moción de censura al Alcalde, que tendría que ser votada en una fecha indeterminada, ya que la Ley entonces no preveía todavía una fecha exacta, como en la actualidad, sino un rango máximo. El cambio de gobierno era inminente y Gonzalo Hernández volvería a ser el Alcalde de Melilla.

Sin embargo, el editor publicó un día de la segunda quincena de mayo de 1992 un artículo hablando de que se temían reacciones peligrosas por parte de grupos incontrolados con motivo de la moción de censura. Entonces, y como por arte de magia, el Alcalde convocó, a eso de las 20:00 horas, un pleno extraordinario y urgente que se celebraría esa misma noche a las 23:00 horas. Y es que los socialistas no estaban al completo, porque una de sus concejalas estaba ausente de la ciudad por motivos de trabajo. Por esa razón, acudió solamente al Pleno el candidato a Alcalde, Gonzalo Hernández, quien leyó un duro comunicado sobre la gravedad, a su juicio, de lo que estaba pasando.

La representación terminó a los pocos minutos de iniciarse el Pleno, y Velázquez siguió siendo Alcalde tras rechazarse la moción de censura por doce votos en contra y ninguno a favor. La celebración de los políticos victoriosos, junto al editor y algunos acólitos, duró hasta altas horas de la noche. Pero, a partir de entonces, y hasta que se produjo un nuevo pacto de gobierno con el PNM aproximadamente un año y medio antes del final del mandato, aunque con la salida de uno de los dos Concejales que pertenecían a la UPM, que se había pasado al grupo mixto, el Ayuntamiento estuvo prácticamente ingobernable, y la tensión, no sólo política sino también personal, era completamente exagerada.

Más o menos por esas mismas fechas es cuando la mercantil El Telegrama de Melilla, SA, presenta formalmente una solicitud de ayudas financieras al Ayuntamiento, acogiéndose al régimen municipal establecido para las empresas generadoras de empleo estable, que se encontraba cofinanciado por la Comunidad Europea, a través del FEDER.

Al igual que Bohórquez hizo con Lalchandani, los promotores de esta nueva iniciativa empresarial iniciaron la búsqueda de un soporte financiero estable, y lo encontraron en la persona de don José Mª Tortosa, que ha fallecido hace unos pocos años, el cual disponía de una enorme cantidad de efectivo en esos tiempos, en principio gracias al azar y que luego fue capaz de aumentarlo mediante una notable inteligencia inversora. No obstante, los promotores no estaban dispuestos a renunciar a las subvenciones a las que creían tener derecho.

Nuestro trabajo técnico estaba finalizado a principios de julio de ese mismo año. Sin embargo, el expediente dormiría el sueño de los justos durante un largo período, dada la negativa del equipo de gobierno a permitir, ni tan siquiera, que pudiese ser estudiado en el Consejo de Administración de Proyecto Melilla.

Sin embargo, a principios de octubre de 1993, empezaron a vislumbrarse signos inequívocos de que se estaba produciendo un nuevo acercamiento político entre los 11 concejales que aún tenía el PP con los 2 del PNM para obtener una nueva mayoría estable de gobierno.

El nuevo acuerdo político contemplaba la reincorporación de Enrique Remartínez y de Amalio Jiménez al gobierno municipal. El primero pasaría a ser el Presidente de la recientemente constituida empresa municipal de la vivienda y el suelo de Melilla (EMVISMESA) y el segundo pasaría a encargarse del área de festejos. En cuanto a la solicitud de El Telegrama de Melilla, SA, el Alcalde y Presidente del Consejo de Administración de Proyecto Melilla permitiría que el expediente fuera estudiado en tal órgano, en el que los populares, para este asunto en particular, estarían en minoría, ya que era un Consejo de cinco miembros y sólo tenían dos asientos, por uno del PNM, otro de UPM y otro del PSOE.

La representación tuvo lugar el 4 de octubre de 1993 durante un Consejo de Administración que se estaba celebrando. En un momento determinado, el Sr. Remartínez solicitó al Presidente que fuera puesto sobre la mesa el expediente de El Telegrama de Melilla, de forma que pudiera ser aprobado allí mismo, dado que cumplía todos los requisitos y contaba con todos los informes correspondientes. A regañadientes amagados, tanto el Alcalde como el señor Gamero accedieron a lo solicitado. Pedimos que subieran el expediente, lo explicamos, se analizó y se llegó al turno de las votaciones. Cada uno de los cinco consejeros quiso emitir un voto particular para que quedase reflejado en el acta para la posterioridad, y sobre todo para que cada uno tuviera pruebas de que había mantenido una posición determinada. Las declaraciones prácticamente se leían y las traían redactadas desde los partidos.
Antes de levantarse la sesión, el señor Secretario tuvo que leer sus apuntes de cada uno de los votos particulares para que todos se quedasen tranquilos. El expediente se aprobó, pero lo que en realidad se había aprobado era una propuesta de resolución que se tenía que elevar al órgano de resolución, que no era otro que el Alcalde, que tendría que aprobarla, en su caso, mediante Decreto. No obstante, no existía ningún precedente de que el Alcalde hubiera resuelto desfavorablemente una propuesta motivada que tuviera un sentido favorable.

La empresa El Telegrama de Melilla, SA presentaba un proyecto de inversión por importe de poco más de 60 millones de pesetas, de los cuales 16,7 los habíamos calificado como no subvencionables dado que no cumplían los requisitos establecidos. La empresa ya había creado los 16 puestos de trabajo comprometidos y era obvio que llevaba funcionando más de un año, ya que salía a diario a la venta en los quioscos de Melilla.

Días más tarde del Consejo, y tras aprobarse y firmarse el acta, enviamos a la Alcaldía, como era el procedimiento habitual, el expediente completo, que contenía la propuesta de resolución favorable junto con el Decreto preparado para la firma del Alcalde, como hacíamos con todos los proyectos que habían pasado por el Consejo. No sólo enviamos el de El Telegrama sino todos los demás expedientes aprobados ese día. Recibimos de vuelta debidamente firmados todos los Decretos a excepción de uno. ¿Adivinan cual podía ser?

Entonces, concretamente el 18 de octubre de 1993, el editor sacó una portada en la que, en grandes titulares, declaraba: “El Telegrama de Melilla, SA, del PSOE, en situación de quiebra”. Inmediatamente después, recibí un Decreto de la Alcaldía mediante el que me ordenaba personalmente que investigase la contabilidad de la empresa y, por tanto, dictaminase sobre su situación patrimonial, dada la inquietud que le había producido leer la noticia en la prensa.

Por supuesto, en cumplimiento de tal orden de la superioridad, inmediatamente requerí a la empresa para que me aportara un conjunto de documentos en base a los cuales yo podría hacer el encargo decretado. Pero no quedaron ahí las cosas. Al día siguiente del Decreto del Alcalde, Bohórquez presentó un escrito utilizando una de sus sociedades, precisamente la que había presentado una solicitud informal de ayudas en diciembre de 1991, y a la que se había contestado, también informalmente, que el mercado estaba “saturado”. En tal escrito, Bohórquez impugnaba el acuerdo del Consejo de Administración, en primer lugar, porque a su empresa se le había contestado de la manera expuesta; segundo, porque recusaba a los Sres. Remartínez y Benaisa Ahmed Moh, los cuales, según opinaba el editor, deberían haberse abstenido en la votación; tercero, porque decía que la empresa se encontraba en un estado de quiebra técnica. El Alcalde pidió un informe jurídico sobre la recusación-impugnación del que nunca más se supo. Probablemente lo llevaría un caracol, aunque no estoy seguro.

La situación económico-patrimonial de la empresa en cuestión parecía que no era muy boyante, pero tampoco era tan extraña esta incidencia porque, hasta después de celebrarse las elecciones de 1995, esta empresa no recibió ni un solo duro de la publicidad institucional del Ayuntamiento de Melilla, a excepción de unos pocos anuncios durante la semana de Melilla en la Expo 92 de Sevilla que, probablemente, derivarían de algún tipo de error administrativo, en un claro intento de llegar a asfixiarla financieramente, lo cual tenía su importancia en nuestra ciudad, con un sistema económico en donde más de un 50% de su peso proviene de los servicios públicos, y en un sector de los medios de comunicación social local en el que, como hemos visto, los ingresos por publicidad son los que marcan la potencial supervivencia y consolidación de cada una de sus empresas que lo componen, y, además, dado que la inversión publicitaria del sector privado es escasa en su cuantía, la única alternativa posible es obtener tales ingresos necesarios de las diferentes administraciones públicas, principalmente de la administración local, puesto que la central realiza un menor uso de tal posibilidad de gestión. Simplemente, era como la pescadilla que se muerde la cola: Sin publicidad del Ayuntamiento, no había ingresos suficientes, y sin ingresos suficientes no había forma humana de alcanzar la cobertura de los costes de la empresa, en su mayor parte fijos por su naturaleza y con 16 trabajadores en plantilla, motivo por el que las pérdidas contables estaban aseguradas. Sólo quedaba por determinar la cuantía exacta de tales pérdidas y posteriormente llegar a conocerla fehacientemente.

Considerando el hecho de que las empresas que cumplen con sus obligaciones mercantiles de aprobar las cuentas anuales en tiempo y forma, que no son todas como hemos visto, tienen que depositarlas después en el Registro Mercantil, y que, una vez cumplido este trámite, cualquier persona puede solicitar una copia alegando un interés legítimo, pues sólo tuvieron que esperar a que El Telegrama de Melilla, SA cumpliera su obligación de depósito de las cuentas anuales, cuyo plazo, para las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 1992 y correspondientes al ejercicio económico incompleto de 1992, finalizaba durante el verano de 1993, y luego, un poco más tarde, solicitar y obtener la copia correspondiente del propio Registro público. No obstante lo anterior, la situación de quiebra legal la tendría que dictaminar un Juez, siempre a instancia de una parte que tendría, además, que acreditar la condición de tercero interesado en la empresa en cuestión, bien fueran los trabajadores, o la Hacienda Pública, o la Seguridad Social, o cualquier acreedor, proveedor o entidad financiera que pudiera creer que sus créditos podrían quedar perjudicados por una gestión incorrecta o fraudulenta de la empresa.

Pero no era eso lo que pretendían, dado que no podían alegar tal condición, y considerando también la lentitud con la que resuelven los juzgados en España que podrían tardar meses en resolver, sino convertir a un técnico del Ayuntamiento en una especie de juez de andar por casa, aunque sólo con la finalidad de conseguir la paralización del expediente. La empresa no presentó la documentación requerida, pero sí realizó una ampliación de su capital social al objeto de cubrir las pérdidas del primer año de gestión, pero tampoco le sirvió para nada. A pesar de que, durante meses e incluso años, los editoriales y las portadas de El Telegrama de Melilla siguieron reclamando, a veces muy vehementemente, la aprobación de las subvenciones por parte del Ayuntamiento.

Y ahí quedó el expediente, aparcado en un archivo y durmiendo el sueño de los justos durante años y años, con la indignación de la plantilla y los promotores de El Telegrama de Melilla y la indiferencia de los políticos en el poder. Esta empresa ocupa el único lugar de entre las que, cumpliendo todos los requisitos, nunca fueron aprobadas las subvenciones correspondientes a las que tenía derecho. Era tan inviable económicamente que ahí sigue, dieciocho años después de aquellas batallitas, y ello a pesar de que, como ha quedado explicado, durante todo el mandato 1991 a 1995 no recibió publicidad institucional del Ayuntamiento, mientras que, por otra parte, y a consecuencia de decisiones discrecionales de la Alcaldía, a través de su jefe de prensa que, como ya hemos visto, fue accionista de Prensa de Melilla, SA, el grueso del presupuesto municipal para estos menesteres iba a las cuentas corrientes de las empresas del editor, que parecía disfrutar en aquellos tiempos de una saludable economía personal y empresarial, junto a cantidades menores destinadas a los servicios prestados por las radios locales.

Años después, cuando el señor Enrique Palacios accedió a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla, intentaron reactivar el expediente, a iniciativa de la propia empresa, y conseguir la aprobación y abono de la subvención, pero entonces la Asesoría Jurídica informó que los derechos de cobro correspondientes se encontraban prescritos, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria. Supongo que se conformarían, especialmente su Presidente, el Sr. José María Tortosa, porque de este asunto nunca más se supo.

La verdad es que todo esto me dejó un sabor muy amargo. Comprendí que se había desarrollado una obra de teatro delante nuestra, con un conjunto de actores principales y secundarios jugando cada uno su papel, por cierto bastante mediocremente, y en la que nada era verdad ni mentira…sino todo lo contrario. De lo que estoy seguro es que los técnicos no jugamos ningún otro papel salvo el que nos correspondía. Al final me quedé con la sensación que nos habían tomado el pelo de una manera muy rebuscada. Esta vez no hubo ni rotura del pacto de gobierno ni nada por el estilo. Pero la subvención no se llegó ni a aprobar ni pagar, que es el único hecho que finalmente cuenta, no fuera que pudiera molestar a alguien ajeno al Ayuntamiento, que no quería ni competidores ni competencia de ninguna clase.

Por cierto, a consecuencia de todo lo descrito, ya tuve que sufrir los furibundos primeros ataques editoriales del editor, en los que despreciaba mi capacidad y rectitud profesional, y daba a entender que mi comportamiento con respecto a El Telegrama de Melilla había sido fruto de las amenazas y presiones que, según él, yo había recibido. Por este motivo, tuve que remitir, con fecha 24 de mayo de 1993, mi primera réplica utilizando el derecho que la Ley otorga, exponiendo que “me parece absolutamente despreciable e inadmisible (utilizo su misma expresión) que se viertan juicios sobre mi manera de actuar”, y en la que le indicaba mi asombro e indignación, en primer lugar, porque él, en teoría, no tenía nada que ver en este asunto y, además, ya que editorializaba mediante diversas falsedades. Por esto, le tuve que aclarar que nunca había hecho un informe desfavorable sobre una empresa del sector, a pesar del extraño intento que he explicado anteriormente.

Finalmente, que durante mi carrera profesional, hasta ese momento, nunca había hecho otra cosa diferente de lo que me dictara mi conciencia. También acudí a hablar con el Alcalde, para pedirle que me defendiera públicamente. Me contestó que no había que hacerle caso, que pelillos a la mar, que no tenía tanta importancia y que bla, bla, bla. Precisamente la misma respuesta que me dio, años más tarde, otro señor que se sentaría en la misma mesa. La primera vez también lo pedí por escrito y aún estoy esperando la contestación. Sinceramente, debo admitir que intuía con total probabilidad la respuesta, pero aún así decidí intentarlo.

Durante esos convulsos años, algunos de la directiva popular empezaron a considerar como un error haber designado, en su momento, candidato a la Alcaldía a Ignacio Velázquez Rivera. De cara al exterior, guardaban las formas, pero dentro del partido el Alcalde y sus concejales más cercanos empezaron a ser cuestionados. Se le empezaron a pedir explicaciones sobre algunas actuaciones y sobre algunas decisiones. La información que él suministraba no coincidía con la de otras fuentes fiables. Desde la ejecutiva del PP local empezaron a echarse las manos a la cabeza conforme se enteraban de cosas que estaban sucediendo dentro de la “casa grande”. Comenzaron a producirse los primeros roces internos, cada vez con mayor virulencia, y entonces Velázquez ni siquiera tuvo que acudir al “primo de zumosol” para que empezara a atizarle a los inquisidores, ya que este lo hacía con mucho gusto por sí mismo. Empezaron entonces los articulitos y la campaña soterrada hacia el Presidente de los populares melillenses y algunos otros, como el ahora Diputado Antonio Gutiérrez. El primero tuvo que contestar en alguna que otra ocasión, acogiéndose también al derecho de réplica. Bueno, pues otro más desechado después de una cariñosa amistad, nada interesada, por supuesto, como todas las del editor. Ya es sabido, aquí se tiene que hacer lo que manda el que manda.

EL AUTOR

Julio Liarte Parres es economista y funcionario de la Ciudad Autónoma de Melilla. Prestó sus servicios en el Ministerio de Trabajo, precisamente en el departamento encargado de las ayudas a empresas de nueva creación; y luego ha hecho lo propio como gerente de la empresa pública Proyecto Melilla, SA, entidad especializada creada por el entonces Ayuntamiento de Melilla para fomentar la creación de empresas y empleos en la ciudad.

En la actualidad es diputado autonómico y portavoz del grupo Populares en Libertad (PPL), un partido escindido del PP y que lidera el ex presidente de la Ciudad de Melilla, Ignacio Velázquez Rivera.