El parlamentario Ramón Díaz, a una asesora: «Llamo desde la sede y no estoy solo»

Las responsabilidades por el caso de los ERE fraudulentos alcanzan de lleno a la etapa del presidente Griñán. La ex asesora de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, María José Rofa, deja bien claro en el informe entregado a la Guardia Civil cuando fue llamada a declarar que el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, estuvo en compañía de altos cargos de este departamento y de personal externo de la antigua mercantil Faffe en las dependencias de la Consejería el fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010, con la consigna de «reelaborar» expedientes y comprobar la herencia dejada por el ex consejero Antonio Fernández y el ex director general Francisco Javier Guerrero. Hay una llamada definitoria, que traza un puente directo con el PSOE. Ese domingo es Ramón Díaz –parlamentario socialista en esta legislatura y ex asesor de Guerrero– el que llama a María José Rofa, según su relato. Ésta evita decirle que ha estado en la Consejería. Pero Díaz le espeta a bocajarro que le llama «estando en la sede del partido y no solo». «¿Quiénes crees que estaban pendientes de estos temas allí?», le dijo. Fue la última vez que habló con Ramón Díaz, al que se le ha visto en los últimos días repartiendo propaganda electoral del PSOE por Sevilla Este, donde es secretario general de la agrupación.

El relato de hechos de Rofa es minucioso. A las nueve y media de la mañana del sábado comenzaron esta misión especial en la Consejería. Se habían encendido todas las alertas. Sólo unos días antes había estallado el escándalo de los ERE con la aparición del primer intruso: Antonio Garrido Santoyo, dirigente socialista de Baeza (Jaén). El sábado estuvieron presentes la actual delegada provincial en Sevilla, Aurora Cosano; la secretaria de la Dirección General de Trabajo, Rocío Sayago; la secretaria general de la Delegación en Sevilla, Esperanza Salinas; Mari Luz, del gabinete del consejero; un administrativo sobrino del ex director general Juan Márquez Contreras, Manuel Jesús Regidor; la abogada del equipo que formó Juan Márquez, Rocío Reyes; y el actual director general de Trabajo imputado, Daniel Alberto Rivera. El domingo se sumaron el que fuera jefe del gabinete del consejero, Rafael Calvache y la ex directora gerente del SAE, Alejandra Rueda (su mujer): los dos dimitieron meses más tarde por «razones personales». Estaban en pleno fragor revisando expedientes cuando llegó el consejero Manuel Recio y su actual viceconsejero Justo Mañas. Rofa saludó a este último y le dijo al oído: «Sabíamos que esto iba a pasar». «Se encerraron en la sala de reunión todos menos nosotras (Rocío Sayago, Mari Luz y María José Rofa). Seguimos viendo los expedientes. Las voces en la sala de reunión subieron de tono».

Francisco Javier Guerrero ya dijo a la Guardia Civil que tenía constancia de la destrucción de documentos. También irrumpió en el cónclave sabatino vía móvil. Llamó seis veces al teléfono de su ex secretaria, Rocío Sayago. Se lo cogió con el director general de Trabajo delante. Guerrero dijo que «eran dos maromos que se habían metido allí y que él no sabía nada».

Rastrearon documentos, emails, ordenadores, para encontrar listados de pólizas de prejubilaciones. Desde el principio detectaron que «había nombres que no concordaban, que estaban en una lista y en la siguiente no». De todo daban parte al gabinete del consejero y se iba haciendo un informe. La consigna dada fue «reelaborar la lista de expedientes vivos por provincias». El director general, Daniel Alberto Rivera –que supervisó en todo momento las tareas– le pidió a la ex asesora, también imputada en el caso, que «guardara la lista en su ‘lápiz’ USB y no en el ordenador», para no dejar rastro. «El informe final no lo vi, lo siguió haciendo el jefe de gabinete, la directora gerente del SAE y el director general de Trabajo». Después de irse el consejero y el viceconsejero «se guardaron en los armarios de la sala de reunión, junto con todos los listados preparados, los antiguos y nuevos, se limpiaron todas las mesas, vasos, botellas, papeles». El equipo directivo de la Consejería de Empleo (Daniel Alberto Rivera, Rafael Calvache, Alejandra Rueda y Aurora Cosano) mandaron que «se quitaran todas las pistas y trazos» del trabajo del fin de semana. «Ordenaron los listados y dejaron los expedientes relevantes revisados en los armarios de la sala de reunión bajo llave». Rofa y la secretaria Rocío Sayago fregaron hasta «las tazas y copas usadas» en el cuarto de baño. Recogieron la basura y la pusieron en una «papelera grande» dispuesta en el lugar donde primero se la llevaba –a las siete de la mañana– el retén de limpieza. «Era un dejar todo sin rastro».

A las cuatro y cuarto de la tarde comieron en un bar de la esquina. Por la noche le sonó a Rofa el teléfono fijo de casa. Era otra vez Ramón Díaz Alcaraz, que ya la había llamado a media mañana. Entonces fue cuando le hizo saber que la llamaba desde la sede del PSOE y que no estaba solo. La principal equis ahora por despejar. El máximo jefe entonces de Ramón Díaz en el partido era el ex secretario general sevillano José Antonio Viera y ex consejero de Empleo, del que la Guardia Civil ha señalado su papel «esencial» en la trama. Ambos son amigos. «Fue desagradable».