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El Estado gasta 100 millones en alquileres mientras tiene 55.000 edificios

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ejecutivo aprobará una reducción inicial del 20 por ciento de las empresas públicas y fundaciones y pondrá en marcha de un plan integral de gestión inmobiliaria que permita acabar con la “paradoja” de que se gasten 100 millones de euros en alquileres.

Además, ha avanzado que antes de un mes el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una norma cuya vulneración llevará aparejadas sanciones para quien incumpla el límite de déficit o no refleje los gastos contraídos. Además, esta norma irá acompañada de una modificación del Código Penal para castigar las conductas más graves, en particular en lo que se refiere a la gestión de los recursos.

“Todos estaremos sometidos al principio de responsabilidad, de ejemplaridad y de máxima exigencia. La novedad es que no se trata de meras recomendaciones. La vulneración de esos principios dará lugar a la comisión de infracciones administrativas que llevarán aparejadas sanciones”, ha declarado Sáenz de Santamaría en la Comisión Constitucional del Senado.

En concreto, la portavoz del Gobierno ha indicado que la ley impondrá sanciones a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria; a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas (facturas no contabilizadas) o a quienes no colaboren o aporten la documentación requerida por los tribunales de Justicia o los órganos de fiscalización contable. “La respuesta será contundente”, ha enfatizado.

Sáenz de Santamaría ha indicado que el Gobierno aprobará una ley complementaria de la Ley de Transparencia con una modificación del Código Penal para tipificar infracciones penales que castiguen las conductas más graves, en particular en lo que se refiere a la gestión de los recursos económicos.

“Esta reforma tendrá en cuenta los criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de las funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia y conllevará la inhabilitación para quien incurra en estas conductas”, ha precisado.

La ministra de la Presidencia ha destacado que el objetivo de este proyecto es “derribar muros y poner un techo de cristal sobre el trabajo de los gestores públicos”. Con ese propósito, la ley incluirá una serie de principios éticos generales y obligaciones de actuación concreta para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración y las entidades del Sector público estatal.

Sáenz de Santamaría ha recalcado que el Gobierno someterá este texto, antes de su aprobación definitiva, a un amplio trámite de audiencia pública. “Abriremos la redacción a los ciudadanos a través de las webs institucionales del Gobierno y habilitaremos un buzón para que puedan aportar las sugerencias a la ley”, ha explicado. Además, ha señalado que con esta nueva norma, España se incorporará a las políticas mundiales de Gobierno abierto que iniciaron hace dos años Estados Unidos y Brasil.

REDUCIR EMPRESAS PÚBLICAS Y FUNDACIONES

Además Sáenz de Santamaría ha avanzado que el Gobierno reducirá, fusionará y eliminará entidades que no sirvan a “un propósito público claro y justificado”. Según ha recordado, actualmente existen 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios.

La portavoz ha recalcado que la deuda pública acumulada por estos organismos se acerca a los 60.000 millones de euros, “prácticamente el triple que hace tres años”. Por eso, ha dicho que Hacienda y Presidencia trabajan por una “reducción inicial” de entidades del entorno del 20 por ciento.

En su intervención, ha destacado además que otro objetivo del Gobierno es llevar a cabo una “gestión integral” para aprovechar al máximo los inmuebles a disposición del Estado, después de que el Inventario General de Buenes Inmuebles cifra en casi 55.000 el número de edificios de que dispone la Administración General del Estado.

PATRIMONIO PÚBLICO EN MADRID POR VALOR DE 500 MILLONES

Santamaría ha señalado que resulta “paradójico” que se gasten 100 millones de euros en alquileres y ha añadido que, según algunas estimaciones, hay patrimonio sin utilizar en el centro de Madrid por valor de 500 millones de euros.

“Es necesario poner en marcha un plan integral de gestión de ese patrimonio, un planteamiento global sujeto a pautas homogéneas, en cuanto a la valoración de los bienes, gestión de activos, ocupación de espacios, planificación de proyectos, obras y servicios generales de mantenimiento y conservación”, ha detallado, para afirmar rotunda que el Ejecutivo va a mirar “cada euro que se gasta”, con “modelos de rigor” en la gestión de recursos públicos.

Sáenz de Santamaría ha defendido las reformas que ya ha emprendido el Gobierno, en especial la reforma laboral, que ha calificado de “completa, equilibrada y justa” y con la que se ponen las bases “para que la crisis económica no se traduzca en destrucción de puestos de trabajo”.

REFORMA DEL TC Y DEL SISTEMA DE ELECCIÓN DE 12 VOCALES DEL CGPJ

En su discurso, Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno remitirá un proyecto de Ley Orgánica de reforma del Tribunal Constitucional que recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad en los Estatutos de Autonomía y redefinirá el recurso de amparo. También se ha mostrado partidaria, como ya expuso en el Congreso, de revisar la duración de los mandatos de sus magistrados para que estén “menos ligados a las legislaturas políticas” y sean “más estables”.

Igualmente, ha recordado que el Gobierno apuesta por la reforma del sistema de elección de 12 de los 20 miembros del CGPJ. “El Gobierno prefiere a jueces elegidos por jueces que jueces elegidos por parlamentarios”, ha apostillado.

Santamaría ha afirmado que el “diálogo” será la herramienta de trabajo del Ejecutivo y en él gravitará su relación con las Cortes. En esta línea, ha indicado que incentivarán la celebración de los debates que “sean necesarios”, evitando lo que ocurrió la pasada legislatura cuando el Gobierno socialista “impidió debatir y votar iniciativas parlamentarias” como la relativa a la congelación de las pensiones.

“Este Gobierno está dispuesto a poner remedio al abuso injustificado de la capacidad de veto del Gobierno a las iniciativas legislativas de las Cámaras”, ha resaltado.

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