Iñigo Bullain.- EL escándalo Urdangarin viene a poner en evidencia la opacidad que ha envuelto durante las pasadas décadas a muchos asuntos relacionados con la Corona española. Las instituciones públicas, y en particular el Parlamento español, así como también los medios de comunicación, han soslayado las obligaciones de control que en una democracia les corresponde ejercer sobre los órganos del Estado y, en particular, sobre quien representa a su jefatura. A pesar de que, tal y como se puede deducir de la imputación de la Fiscalía Anticorrupción, mediáticamente se esté presentando a Iñaki Urdangarin como un advenedizo que se ha aprovechado de su condición de yerno real para poco menos que extorsionar a instituciones y empresas, ni la Casa Real ni quienes han malversado caudales públicos y malgastado otros privados en un juego de favores e influencias pueden considerarse víctimas inocentes. Hay aspectos en esa trama de corrupción que se están relegando a un segundo plano y que, sin embargo, no pueden ignorarse, al menos, si de lo que se trata es de analizar con cierto rigor el comportamiento de las instituciones, el papel que se atribuye a la ciudadanía, al empresariado corporativo o a la clase político-mediática en su relación con la Corona.

La imagen de unas Cortes entregadas al discurso real en la apertura de la recién estrenada X legislatura evoca más a una corte decimonónica repleta de aduladores que a un parlamento cuyos representantes velan por los intereses ciudadanos. También la actitud reverencial mostrada en estos años por los medios de comunicación ha sido más propia de quien contempla a la opinión pública como a súbditos obedientes que como a una población de ciudadanos libres y soberanos.

Aunque una de las consecuencias del escándalo haya sido que la Casa Real finalmente haya hecho públicas sus cuentas, no debiera obviarse que todavía el patrimonio real sigue siendo un misterio. Hasta hace apenas un mes el destino del dinero público entregado “al sostenimiento de su Familia y Casa”, una renta de alrededor de ocho millones de euros anuales, ha permanecido al margen del conocimiento y supervisión parlamentaria. Ni la opinión pública ni las Cortes conocían su reparto y aún hoy ese dinero sigue fuera del alcance de la fiscalización del Tribunal de Cuentas. No debiera, por consiguiente, sorprender que la falta de controles sobre la Casa Real y las actividades patrimoniales de sus miembros esté en la base del escándalo Urdangarin. La intangibilidad e irresponsabilidad penal que le reconoce la Constitución española al monarca se han combinado con un constante apagón informativo sobre la vida y negocios de Su Alteza Real. A ello ha contribuido decisivamente una suerte de omertá entre políticos y medios de comunicación, quienes han mantenido a la opinión pública, a través de una densa red de filtros comunicativos, alejada de un conocimiento veraz sobre la Corona, como si la monarquía fuera un ámbito ajeno a la fiscalización democrática.

Un mínimo ejercicio de memoria nos recuerda que la trayectoria de quien acabaría coronado como Juan Carlos I fue un camino muy singular. Como es sabido, tras su designación por el general Franco en 1969 como heredero del Reino pudo desplazar en la línea sucesoria a su padre, el Príncipe de Asturias, quien a su vez había sustituido a quienes le precedían en la línea dinástica debido a los problemas de salud que aquejaban a los hijos mayores de Alfonso XIII. Tras recibir el novedoso título de Príncipe de España y jurar los principios del Movimiento Nacional, Don Juan Carlos fue investido por las Cortes franquistas, convirtiéndose en Jefe del Estado en 1975. Más tarde, la transición esquivó la cuestión de someter a decisión popular la forma republicana o monárquica, a diferencia de lo que había acontecido a la salida de otros regímenes autoritarios como en Italia o Grecia. El relato oficial sobre su papel durante el 23-F procuró al monarca una legitimidad popular de la que hasta entonces había carecido. Y si bien con la Constitución de 1978 la monarquía española quedó despojada de poder político y pasó a ocuparse esencialmente de funciones de representación, el juancarlismo ha seguido justificando que la Jefatura del Estado sea patrimonio de una familia o que la preferencia del varón en la sucesión se mantenga sobre la mujer.

A pesar de diferentes mayorías, izquierdistas también, las Cortes han eludido durante décadas ejercer un control sobre las cuentas de la Casa Real, aunque estas sean dependientes del presupuesto público (art. 65.1 Constitución española); así como parecen haber renunciado a la supervisión parlamentaria sobre los miembros civiles y militares de la Casa Real (art. 65.2 Constitución española), a pesar de que quien fuera Jefe militar de la Casa Real, el general Armada, resultara ser la máxima autoridad militar implicada en el fracasado golpe de Estado. Tampoco los negocios de la Corona o los favores que empresarios y grupos de poder cortesanos han procurado a la Familia Real han estado sujetos al escrutinio público.

Aunque la imputación de la Fiscalía lo desdeñe, la Infanta Cristina figura como socia en algunas sociedades de la trama y ha sido acompañante habitual de su marido en numerosos y sucesivos actos públicos relacionados con la actividad imputada. A pesar de beneficiarse directamente del incremento patrimonial que le reportó ser copropietaria al 50%, junto con su marido, de la inmobiliaria Aizoon (cuya sede era, casualmente, el famoso palacete de Pedralbes adquirido por valor de varios millones de euros extraídos de la trama), la Fiscalía Anticorrupción ha estimado que su firma en ciertos documentos era “testimonial” o su figura, “decorativa”. Esta curiosa interpretación se ha ofrecido sin recurrir a interrogar a la aludida ni tampoco al tesorero de la Fundación Nóos, casualmente secretario de las Infantas.

Otros asuntos sobre los que los medios han preferido también no profundizar se refieren tanto al nombramiento de Urdangarin como consejero de Telefónica como a las responsabilidades vinculadas a la larga lista de empresas extorsionadas: Volkswagen, SGAE, BBVA, Seat, Meliá, Tous, Repsol, Bancaja, Iberdrola, Aguas y Ayuntamiento de Valencia o la Comunidad balear. Sin embargo, no parece sino que su nombramiento y traslado a Washington se deba a otro motivo que a una influencia nepótica (según parece un favor concedido a petición del mismo monarca) mientras que el listado de empresas y administraciones implicadas expone la peculiar moralidad del mundo de la política y de los negocios en sus tratos con la Corona.

Según parece, la trama era relativamente sencilla: acosar hasta conseguir encargos para poder luego cobrarlos a precios abusivos y más tarde eludir al fisco a través de la desviación de fondos a paraísos fiscales. Sirva de ejemplo que el Villarreal C. F. pagó 690.000 euros por un informe de 10 folios copiados, según parece, de internet. La trama fue posible en la medida en que se percibía una conexión con la Casa Real. Este escándalo viene a demostrar que el volumen de la corrupción en España alcanza también al vértice institucional del Estado. Cabe recuperar para la memoria que no se trata del primero. Otros vincularon a la Corona con Colón y Carvajal, KIO, o De la Rosa, en sucesivos negocios del petróleo ligados con algunas monarquías árabes. Décadas después, resulta significativo que quienes en nombre de la democracia han venido pontificando sobre la política desde tribunas comunicativas de importancia, hayan omitido en sus reflexiones para esta ocasión cualquier alusión a aquellos pasados escándalos, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, parece razonable tener en cuenta que uno de los efectos de que la Jefatura del Estado no se someta a elección es que su titular hereditario tampoco queda sometido a un límite temporal. Juan Carlos I lleva casi 40 años en el trono.

Los antecedentes de otros escándalos advierten que lo más probable es que muy pocos de los implicados en la trama lleguen a ser sancionados. El tiempo transcurrido hasta que se ha destapado el escándalo juega a favor de la prescripción de los delitos. Los usos del país promueven que las personas de la familia real queden impunes, igual que los directivos de empresas que han malversado el dinero de sus accionistas o los políticos que han hecho mal uso del dinero público. La justicia no es igual para todos.