La jueza de Lugo Estela San José Asensio detalla de forma más que minuciosa a lo largo de 22 folios los indicios existentes contra el todavía ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, en relación con la denominada «operación Campeón», relacionada con el presunto pago de distintas comisiones ilegales. La magistrada sostiene que hay motivos para que el Supremo asuma la competencia de la causa al entender que Blanco pudo incurrir en los delitos de cohecho y tráfico de influencia.

Los indicios contra el titular de Fomento comenzaron a aflorar a partir del pasado 8 de agosto, día en que el empresario Jorge Dorribo, principal implicado en la causa, declaró ante la jueza porque quería «hablar de José Blanco». Cinco días después, vuelve a comparecer ante la magistrada para «acreditar los pagos que se efectuaron a distintas personas», momento en el que testifica que entregó 200.000 euros a Blanco, «en billetes de 500 euros».

En total, aseguró que percibió 400.000 euros en comisiones, aspecto negado en rotundo por Blanco-Pero no sólo es Dorribo quien apunta directamente al portavoz del Gobierno de Zapatero. En el centro de todo aparecen las ayudas públicas y «préstamos obtenidos de manera ilícita por los empresarios Dorribo, Carlos Monjero, Javier Rodríguez y José Antonio Orozco. En total, las subvenciones de las empresa de Dorribo habrían recibido más de cinco millones y medio de euros

«En dicho entramado empresarial y personal, surgen indicios en un momento determinado que hacen suponer que la obtención del préstamo ante el Ministerio de Economía habría pasado por la intermediación de José Antonio Orozco con José Blanco López, ministro de Fomento», afirma la jueza en su exposición razonada remitida al Supremo.

Otro de esos préstamos fue el concedido por el Igape (Instituto Gallego de Promoción Económica), dependiente de la Xunta de Galicia, por un importe de 900.000 euros, que tenía como finalidad contribuir a la construcción de una planta de medicamentos en la localidad lucense de Rábade. Además en diciembre del pasado año, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) les otorgó otro crédito por valor de 2,9 millones de euros, según se ha podido conocer estos días.

Precisamente, es el último de los empresarios citados anteriormente, José Antonio Orozco, quien alude directamente a un préstamo del BEI y el supuesto destino del mismo.

La jueza lo detalla de forma específica. El pasado 14 de marzo, a las 18:05:58, llama por teléfono a «un tal Antonio». En esa conversación, que fue intervenida, hablan de Jorge (Dorribo), de las empresas Proitec (de la que es consejero Carlos Monjero) y Novolar.

En un momento, «Antonio le dice que para montar lo de Rábade –la planta de medicamentos–, la Xunta le dio un préstamo BEI para hacer eso» y que «ya lo cobró».

Ante esa manifestación, interviene Orozco, y, aunque en un primer momento llega a decir que ese dinero «aun no se lo dieron», inmediatamente reconoce a su interlocutor el destino del mismo. La jueza lo recoge literalmente: «Ese préstamo lo llevó él (José Antonio)– a Madrid y se lo dio a Pepe Blanco en persona. JA –en referencia al citado empresario José Antonio Orozco– dice que ese préstamo se firmó la semana pasada y ahora hay que presentar las facturas».

Posteriormente, Antonio insiste en que el préstamo se pagó «y los fondos fueron para otro lado». Hasta aquí la conversación telefónica intervenida a Orozco con «un tal Antonio», en la que se menciona de forma explícita al ministro Blanco.

Cruces de sms

Junto a ella, la magistrada destaca también en su exposición razonada elevada al Supremo otra llamada en la que interviene igualmente Orozco. En esta ocasión, se refiere a una conversación mantenida con Carlos Monjero el 1 de diciembre del pasado año. En ella, Orozco informó a Monjero que tuvo una reunión con Blanco en la que «se trató el tema del Banco Europeo de Inversiones

Precisamente, y en relación con Orozco y el ministro de Fomento, Jorge Dorribo aseguró que el primero de ellos pagó parte de la vivienda de José Blanco, lo que ha sido rechazado de plano por los dos afectados.

En todo caso, lo que sí parece despejarse es la relación más que fluida que mantenían Orozco y Blanco, tal como se desprende del intercambio de sms entre ambos, en relación con la pretensión de la empresa Azkar de montar una nave cerca del aeropuerto de El Prat. Para ello, era requisito imprescindible contar con la autorización del alcalde Sant Boi del Llobregat. En uno de esos sms enviados por Orozco a Blanco, el 10 de enero pasado, le dice textualmente: «Cuando puedas hablamos de Sant Boi del Llobregat…Un abrazo».

Dos días después, le remite otro agradeciéndole, al menos eso se desprende del contenido del mismo, las gestiones ya iniciadas: «Gracias. Me llamó Isaías Taboas –persona del PSC y subordinado de Blanco en el ministerio de Trabajo–. Se encarga de hablar con Jaume –alcalde de la citada localidad barcelonesa–. Ya te diré cómo queda el asunto. Apertas».

Por otro lado, La Sala Segunda del Tribunal Supremo trasladó ayer a la Fiscalía las actuaciones sobre este procedimiento, remitidas por la juez Estela San José para que informe sobre si hay materia para investigar al ministro de Fomento, José Blanco, y si el alto tribunal es competente para ello.

El dictamen del Ministerio Público no estará hasta pasadas las elecciones generales del próximo día 22, de acuerdo con la propia doctrina del Tribunal Supremo sobre causas en procesos electorales que afectan a aforados.

Sin embargo, la Fiscalía de Lugo sí apreciaba ya la existencia de indicios de delito contra el ministro, por lo que la competencia debería asumirla la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Junto a lo anterior, la magistrada Estela San José ha prorrogado el secreto sumarial por espacio de otro mes.