Cornelia Prüfer-Storcks

La crisis del brote intestinal alemán ha abierto un nuevo frente: el jurídico. El polémico anuncio del 26 de mayo que arruinó al sector español, apunta hacia una cascada de pleitos por daños y perjuicios contra el gobierno de Hamburgo. Cornelia Prüfer-Storcks, la senadora de sanidad autora de la célebre sospecha contra el pepino español, responde que “las exigencias de indemnización carecen de todo fundamento”.

Independientemente de lo que ocurra en Bruselas, la actuación de Prüfer anuncia una avalancha de demandas privadas, e incluso públicas según ha dicho en Oviedo Trinidad Giménez, contra la ciudad-estado de Hamburgo. Decenas de empresas españolas se encuentran en la ruina. Dos de ellas, mencionadas el 26 de mayo, se presentaron el viernes en un hotel de Hamburgo, flanqueadas por abogados y expertos locales, anunciando una pelea por indemnizaciones y rehabilitaciones moral. Los observadores ven el principio de un pleito millonario al que podrían sumarse muchas otras empresas del sector, que reclama 200 millones de euros de pérdidas semanales. En Bruselas se considera, además, que la administración de Hamburgo ignoró los procedimientos legales y administrativos establecidos en la Unión Europea.

Cinco horas después de que los abogados y expertos de las empresas pusieran en duda las pruebas científicas de Hamburgo –que encontraron la bacteria EHEC en los pepinos andaluces, aunque se estableció que el presunto hallazgo no tenía relación con el brote- la senadora Prüfer contraatacó, apoyando su posición con el peritaje de otro laboratorio.

“Los valores del Laboratorio de Referencia Europea sito en Roma, muestran de nuevo que los patógenos encontrados en dos pepinos españoles eran bacterias EHEC que producen tóxicos peligrosos”, dijo. Prüfer insiste en que las autoridades de Hamburgo dejaron claro que el hallazgo aun no establecía el origen de la enfermedad. “Según el derecho alimentario alemán y europeo estábamos obligados a nombrar a los productores y a retirar la mercancía”, se justificó. “Las exigencias de indemnización carecen de todo fundamento”, añadió.

Antes de que el 26 de mayo Hamburgo colocara al pepino español como sospechoso, el Instituto Robert Koch de Berlín lanzó una advertencia general contra el consumo de tomates, pepinos y lechugas en el norte de Alemania. La advertencia arruinó la campaña comercial de los agricultores alemanes, cuya estación de productos frescos comienza ahora, lo que prometía un problema político cuyas presiones ya se dejaban sentir el día 26. Enfrentada a un serio problema de salud pública, la senadora se precipitó a dar una conferencia de prensa con un mensaje que pudo ser doblemente funcional, porque trasladaba fuera de Alemania un problema cuyo centro geográfico era lo único claro: Hamburgo y el norte de Alemania. En cualquier caso, la administración de Hamburgo parece ver el peligro de una cascada de pleitos españoles por daños y perjuicios que se le viene encima y se prepara ya para este escenario.