Querellas y demandas civiles de políticos caprichosos pagadas con cargo a los fondos públicos
Miguel Ángel Gallardo Ortiz*.- Antes de que termine la campaña electoral, vamos a pedir el criterio de cada partido sobre querellas y demandas civiles pagadas con fondos públicos o en las que participen algún letrado o servicio jurídico institucional o empleados públicos o abogado y procurador pagados con fondos públicos.
Es público y notorio que Esperanza Aguirre y Guillermo Fernández Vara (en la imagen) han amenazado a sus opositores Tomás Gómez y José Antonio Monago en Madrid y Extremadura con querella y demanda civil, respectivamente, se supone que para defender su honor, que siempre será un derecho personal, particular y privadísimo. Recomendamos que las Secretarías de Organización de los principales partidos políticos comprueben y analicen cada caso y cuantía de costas judiciales, porque tenemos intención de denunciar sistemáticamente “presuntas malversaciones de caudales” para el pago de abogados y procuradores o por el uso de recursos públicos en beneficio privado.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón pidió 3 años y medio de cárcel al alcalde de Burriol por los mismos hechos que en Santa Brígida, Calatayud, Arroyomolinos, Galapagar, Móstoles, Alcázar de San Juan, Fuengirola y otros municipios en los que los alcaldes utilizan fondos públicos para demandar a políticos de la oposición, y lo que es peor aún, a periodistas.
Hemos investigado numerosos casos detectando una absoluta falta de criterio político de ambos partidos políticos respecto a la defensa del honor de los cargos públicos ocupados por militantes mediante querellas o demandas. Consideramos necesaria una sistemática información a cada partido de este tipo de demandas y querellas, y posiblemente tenga que ser el Tribunal de Cuentas, cuando no la fiscalía y los juzgados y tribunales, quien deba de resolver definitiva y claramente cuándo, en qué casos sí y en cuáles no, cómo y hasta qué límite económico, puede defenderse el honor con fondos o funcionarios públicos. ¿Existe algún criterio en su partido para ello?
Se han publicado varios documentos relevantes en http://www.miguelgallardo.es/demandantes.pdf
Mientras los principales partidos políticos no tengan un criterio será inevitable la judicialización de la vida política, y deseable el enjuiciamiento contable y el reintegro por alcance en el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo que también debiera de unificarse por fiscalías y jueces de instrucción.
Si me permiten una última opinión, desconfío, y recomiendo desconfiar, de todo cargo o candidato que pretende defender su honor con pólvora del rey, tanto como de quien se divorcie o reclame una herencia con cargo al erario público o utilizando a letrados institucionales que, por cierto, debieran de ser los que se negasen de plano a tan inmorales pretensiones.
Agradeceré que trasladen copia de este escrito solicitando su criterio a todo el que consideren oportuno, especialmente a demandantes y querellantes de su partido, y a los juristas que no parece que les estén aconsejando, o si lo hacen, posiblemente sea de manera manifiestamente mejorable.
*Criminólogo e ingeniero, también por www.cita.es/apedanica
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