¿Permitiría el Gobierno que quedara impune la autora de una denuncia de maltrato si tuviese una reclamación judicial por un supuesto delito de robo? Una vez más, la excepción judicial para casos de supuesta violencia machista y no para otros mucho más graves desde el punto de vista social.  Las mujeres inmigrantes en situación ilegal que sean maltratadas por sus parejas podrán denunciar a los agresores sin el temor de ser repatriadas. Este es una de las principales novedades del nuevo reglamento de la ley de Extranjería que aprobó ayer el Consejo de Ministros.

Numerosos expertos habían alertado del problema añadido que suponía no tener los papeles en regla para las víctimas de violencia de género en España. De hecho, el 29% de las 629 mujeres asesinadas por sus parejas en la última década eran extranjeras.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que la mujer que denuncie malos tratos en su ámbito familiar «recibirá de la Policía el tratamiento que le corresponda por lo que le pasa» sin reparar en su documentación. El acuerdo del Ejecutivo también incentiva el retorno de aquellos inmigrantes que se hayan quedado sin trabajo en España. De esta manera, quien decida regresar no perderá ninguno de los derechos laborales adquiridos durante sus años de estancia.

«Es verdad que hay mucha gente que se resiste a volver porque lleva muchos años trabajando en España, piensa que es como si lo perdiera todo y no es justo», indicó Rubalcaba tras la reunión del Gabinete. «No es justo -añadió- que esa gente que ha trabajado en España y que por tanto, ha ayudado al crecimiento económico español, se vaya y nadie le reconozca que ha estado aquí trabajando y se le equipare a aquellos que vienen por primera vez».

No todas las reacciones ante la nueva normativa han sido positivas. El PP consideró que el texto aprobado «va a favorecer la entrada ilegal de personas sobre la entrada legal y que permite regularizaciones masivas por la puerta de atrás a través del arraigo», según indicó el portavoz de Inmigración de los populares en el Congreso, Rafael Hernando. Por otra parte, 80 organizaciones sociales, que piden la regularización inmediata de los inmigrantes ilegales, rechazaron de manera «frontal» el reglamento de la ley de Extranjería porque se trata de una nueva oportunidad «perdida» para avanzar en los derechos y libertades, deberes y garantías jurídicas de los inmigrantes. Recalcaron además que el texto no garantiza «su dignidad, su derecho al trabajo y a ser parte activa de la sociedad».