CC.OO. y CSIF descubren ahora que la Junta va a convertir a sus “designados a dedo” en funcionarios
Se descubrió y anunció ya en el mes de febrero de este año. Decíamos entonces: “El PSOE andaluz ha engañado a los empleados públicos: seguirá usando el dedo para designar gerentes de agencias”. Claro como el agua. Tras hacer loas y glorias a los funcionarios de carrera, el PSOE volvía a mentir a los andaluces. Dijo en sede parlamentaria que los gerentes de las Agencias, nuevos entes propiciados por el gobierno Griñán, serían elegidos de entre los funcionarios de carrera. Pero a la hora de redactar la Ley definitiva, el gobierno Griñán reintrodujo el dedo socialista en la designación de estos gerentes. Ahora, Comisiones Obreras y el CSIF caen en la cuenta de las mentiras de Griñán. Pero en el caso de Comisiones, cómplice de lo ocurrido, su sorpresa de ahora es inexplicable.
CSIF ha denunciado que en una de sus propuestas la Consejería de Agricultura y Pesca impulsa la creación de 5 puestos directivos para su cobertura discrecional (PLD) niveles 30 y 28, que suponen un gasto presupuestario de: 270.502 euros., Los cuales, conforme nos aseveró la propia Secretaria General Técnica podrán ser cubiertos por personas ajenas a la Función Pública y cuentan con informe favorable de la D.G. de Presupuestos (Consejería de Hacienda y Admón. Pública).
En su intervención CSI*F rechazó de plano esta creación sin estar formalmente constituida la Agencia, ya que como cualquier otra Agencia que se crea y conforme establece la normativa requiere previamente: Aprobación y Entrada en vigor de los Estatutos, Aprobación Protocolos de integración, Aprobación Catálogo de puestos, Aprobación Relación de Puestos de Trabajo, etc. y aadvierte que CSIF recurrirá, pero no avisa de que el problema está en la misma Ley de Reordenación modificada por el PSOE para restablecer su “coladero” de afines.
Respecto al mismo asunto, Comisiones Obreras, impulsora y cómplice de la Ley, que al parecer no se leyó, dice ahora: “En primer lugar aclarar el tema del personal directivo. Parece que la propia Administración no sabe interpretar el texto recogido en la ley 1/2011 de 17 de febrero, en su disposición adicional quinta que dice textualmente: “Los puestos de trabajo que tengan asignadas tareas de dirección que estén relacionadas con el ejercicio de potestades públicas serán desempeñados, en todo caso, por personal directivo que tengan la condición de funcionario de carrera o por quienes sean nombrados por el Consejo de Gobierno como gerentes o jefes de personal de las Agencias”.
Ni tampoco parece conocer la Disposición adicional cuarta en su punto 1.b: “El personal laboral procedente de las entidades instrumentales sólo podrá acceder a la condición de personal laboral o funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público”.
Pero la Junta conoce perfectamente lo que se aprobó en el Parlamento y actúa en consecuencia. Quien no parecer ser consecuente es Comisiones Obreras.
La mentira de Griñán
La Ley de Reordenación del Sector Público, publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y en ahora en vigor parecía que iba a ser un mero trámite para aprobar los decretazos refundidos. Pero en el debate, el PSOE introdujo una enmienda, con los funcionarios en la calle concentrados en la puerta del Parlamento, relativa a la selección del personal directivo de las agencias.
Y decíamos que era una mentira más. La enmienda del PSOE decía sobre el personal directivo de las agencias que «los puestos de trabajo que tengan asignadas tareas de dirección que estén relacionadas con el ejercicio de potestades públicas serán desempeñados, en todo caso, por personal directivo que tenga la condición de funcionario de carrera». Sin embargo, cuando se ha presentado la redacción definitiva de la Ley se ha añadido a ese párrafo «o por quienes sean nombrados por el Consejo de Gobierno como gerentes o jefes de personal de las agencias». En la práctica, eso equivalía a que el Consejo de Gobierno nombrase a dedo a la persona que quiera como director de una agencia, sea funcionario o no, y esté su tarea relacionada o no con el «ejercicio de potestades públicas».
Recuérdese que los decretazos refundidos en esta Ley tiene por misión la integración de hecho de 35.000 trabajadores de empresas, fundaciones y otros entes públicos, en la Administración andaluza, donde abundan los enchufados.