La concejala de Urbanismo de Fuengirola, Ana Mula, deberá declarar en calidad de imputada por un supuesto delito de falsificación de documento a raíz de una denuncia interpuesta en septiembre de 2010 por dos particulares en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Fuengirola. En estos momentos, el procedimiento se encuentra alegado por el propio Ayuntamiento y según ha podido saber este periódico, la edil tendrá que declarar el próximo 17 de mayo. La acompañarán el arquitecto municipal y el jefe de Patrimonio del Ayuntamiento, ya que en el requerimiento se incluye a ambos funcionarios. La teniente de alcalde y número 2 en la lista del PP que encabeza Esperanza Oña para el 22-M compareció ayer ante los medios para asegurar que no ha cometido ninguna ilegalidad y que la denuncia se debe a la disconformidad de una parte privada con la apertura de un vial al tráfico.

La denuncia saltó ayer a la luz pública con una rueda de prensa del PSOE de la localidad que pide explicaciones al equipo de gobierno por un hecho que consideran «especialmente grave». Todo comienza con un convenio al que pretende llegar el Ayuntamiento con unos particulares para abrir un vial entre la avenida de Las Salinas y la A-7. Aunque inicialmente se plantea la cesión de sus parcelas para ejecutar el tramo, Mula aseguró que la expropiación no se llevó a cabo porque «según la documentación remitida por el Ministerio de Fomento y las fichas catastrales, la propiedad que se reclama está catalogada como dominio público». En este sentido, la edil también concretó que esa catalogación nació tras «una expropiación que realizó el ministerio en los ochenta y que ya entonces, fue abonada».

Sin embargo, fuentes cercanas a los denunciantes aseguran que existe un tramo de parcela «tasados en algo más de 43.900 euros que forman parte de una propiedad privada y que la administración pública no quiere abonar». Además, disponen de varias cartografías elaborado por la Dirección General de Carreteras de Málaga y remitida a los afectados en el que la finca en cuestión figura como solar privado. Esta denuncia parte de un procedimiento administrativo que también interpusieron varios particulares y en los que se reclama al Ayuntamiento que abonen las costas del terreno que se «expropió indebidamente» para hacer el acceso a la autopista.

Convenio sin ejecutar

Recuerdan que existe un convenio con el Consistorio aprobado en el año 2000 que recogía la cesión gratuita del espacio a cambio de obtener mejorar sus condiciones de accesibilidad y que «hasta el momento no se han realizado estas actuaciones». Las tareas perseguían una conexión entre las parcelas y la calle Alcalá Galiano, creando un paso por el arroyo Pajares. La Agencia Andaluza del Agua rechazó la actuación que se proponía inicialmente y la elaboración de un puente suponía «un coste inasumible para el Ayuntamiento», apuntó Mula.