La jueza que investiga las prejubilaciones falsas pagadas por la Junta dio ayer tarde a conocer a las partes un auto en el que vuelve a reclamar al Gobierno andaluz que le remita las actas de sus reuniones desde 2001. El auto es la respuesta de la magistrada Mercedes Alaya a la negativa del ejecutivo de Griñán a enviarle las actas completas de manera indiscriminada por ser materia reservada según la ley del Gobierno y considerar a la juez incompetente para levantar dicha reserva. La Junta dio a conocer esta decisión en su consejo de Gobierno del martes día 29.

En su auto, fechado el día 30, y según las agencias Efe y Europa Press, la titular del número 6 de Sevilla se lamenta de que siendo la Junta parte personada se haya tenido que enterar por los medios de comunicación de su decisión de no enviarle las actas. «Las actas ni son reservadas ni son secretas, sólo los documentos que se presentan al Consejo tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo decida hacerlos públicos, y sólo serán secretos las deliberaciones, opiniones y votos emitidos», dice el auto.

La magistrada arremete contra la Junta: «Resulta paradójico que, durante diez años, la Junta no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello». Para la magistrada, «no es legítimo, por constituir un abuso de derecho, que la Junta se persone como perjudicada y, de otro lado, pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que pueden ser relevantes para la investigación, incumpliendo con el mandato constitucional contenido en el artículo 119 de nuestra Carta Magna».

La magistrada Mercedes Alaya explica en el auto las razones por las que pide dicha información y lo hace de manera más pormenorizada que en el emitido el pasado día 21. Argumenta la petición a partir de 2001 por el acuerdo-marco del 17 de julio de ese año suscrito entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) «para la materialización de ayudas excepcionales» destinadas al pago de los ERE. Quiere saber si este acuerdo, que expiraba en 2003, volvió a renovarse. También razona el interés en la existencia de los informes de la Intervención General de Hacienda a partir de 2005 alertando «ejercicio tras ejercicio» que se ha prescindido «total y absolutamente del procedimiento establecido» en dichas ayudas, «lo que ha generado un importante déficit presupuestario».

Delito de prevaricación

Además, la instructora revela de que al margen «de la indebida utilización de fondos públicos para beneficiar a amigos, familiares, personas vinculadas al partido de gobierno y a su entorno, se investiga en la presente causa si el procedimiento utilizado con el indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus ilegítimas consecuencias, puesto de manifiesto año tras año por la Intervención General, puede constituir un delito de prevaricación».

La magistrada aclara que ni los documentos, ni las deliberaciones o votaciones interesan a la investigación de la causa, «sólo los acuerdos y las demás circunstancias que deben figurar en las actas». La instructora se compromete a incorporar al sumario «sólo aquellas actas que sean relevantes para la investigación, devolviéndose las restantes», ya que «ningún interés tiene esta titular con la sobrecarga que pesa sobre el Juzgado de examinar más documentación de la necesaria».

El Gobierno andaluz manifestó ayer que estudiará detenidamente el auto, pero que tras la primera lectura, entiende que la magistrada sí está «acotando» más su petición de información como había pedido. La Junta no se pronunció, como le ha reclamado la jueza que lo haga el próximo lunes, sobre si mantiene su requerimiento de inhibición por el que anunció que acudiría al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Supremo.