El pleno del Congreso ha autorizado la participación española en la intervención militar internacional en Libia con sólo los votos en contra del diputado de IU y los dos del BNG. De los 340 parlamentarios presentes en el hemiciclo, 336 han votado a favor de la participación española, tres han expresado su rechazo y ha habido una abstención, del PP, presumiblemente por error.

En veinte minutos de comparecencia, el presidente del Gobierno ha justificado la presencia española en la misión de Libia. José Luis Rodríguez ha defendido en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para pedir la autorización sobre la presencia de España en la operación aliada, que la resolución de la ONU que ampara la intervención armada “no busca expulsar a (Muamar) Gadafi, sino poner fin a los asesinatos de civiles” perpetrados por las tropas del régimen libio. Puntualizaba así el vicepresidente primero del Gobierno, que el pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros explicaba que la misión aliada era acabar con el régimen del coronel libio.

El presidente del Gobierno ha defendido ante los parlamentarios el envío de medios aéreos y navales a la zona del conflicto. Zapatero ha señalado que se trata de un “importante despliegue” militar, con unos 500 efectivos de las Fuerzas Armadas, y ha señalado que el objetivo común de los aliados es que Gadafi no desprecie a su pueblo ni a la comunidad internacional. El jefe del Ejecutivo ha pedido a los parlamentarios ratificar durante un mes la presencia de los cuatro cazas F-18 y del avión de reabastecimiento, que se ocupan de patrullar la zona de exclusión aérea, y por tres meses la estancia de los medios navales, que se dirigen a Libia: la fragata F-100 ‘Méndez Nuñez’, el avión de vigilancia marítima y el submarino ‘Tramontana’. En ambos casos se trata de tiempos prorrogables, es decir, que si la situación lo requiere, Zapatero volvería al Congreso para pedir la ampliación del mandato.

Irak como trasfondo del debate

El discurso de Zapatero, que en ningún momento ha hecho referencias concretas a la guerra de Irak, de la que sacó a las tropas españolas nada más estrenarse como presidente del Gobierno, comenzaba con referencias a la “legalidad” y la “legitimidad” de la intervención militar en Libia. Ha asegurado que se basa en “un principio humanitario” para “poner fin al genocidio contra su pueblo”. “Su objetivo -ha dicho- era advertir al coronel Gadafi de que dejase de usar las armas contra su pueblo, de que sino lo hacía así, la comunidad internacional estaba dispuesta a usar la fuerza para poner fin al genocidio contra su pueblo”. El presidente ha insistido en que España ha asumido “su responsabilidad” como miembro de la actividad internacional y ha apuntado que hasta ahora la intervención “ha surtido efecto, al menos parcialmente”.

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha reiterado el apoyo de su formación al Gobierno aunque ha criticado la tardanza de la resolución de la ONU y que Zapatero decretara el envío de medios militares antes de pedir la autorización del Parlamento, en virtud del artículo 17.3 de la Ley de Defensa Nacional , que recoge esta posibilidad en casos de urgencia. La misión, ha apuntado el jefe de la oposición, supone “un compromiso armado muy serio” y de “primera magnitud”. También ha aprovechado para recordar que el PP “nunca” se ha opuesto a operaciones de esta naturaleza y que, por lo tanto, se limita a ser “coherente” con sus “propias ideas”, en otra referencia velada a Irak.

El ‘no a la guerra’ vuelve a sonar en el Congreso

Las alusiones directas a la intervención de 2003 contra Sadam Husein han llegado con las intervenciones de los partidos que han negado su apoyo al Gobierno. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, han resucitado en el pleno el ‘no a la guerra’ y han denunciado los intereses geoestratéticos, políticos y económicos que esconde, a su juicio, la misión en Libia. Además, al final del pleno, desde la tribuna de invitados, varias personas han mostrado con gritos de ‘no a la guerra’ su oposición a la intervención militar.

Llamazares, con la pegatina del ‘no a la guerra’ que aglutinó hace ocho años la oposición a la guerra de Irak, ha hecho la primera intervención contraria a la operación ‘Odisea del amanecer’: “Quién le ha visto y quién le ve”, ha reprochado al presidente del Gobierno. El dirigente de IU ha criticado la evolución de José Luis Rodríguez Zapatero desde la pancarta del ‘no a la guerra de Irak’ hasta “encabezar la “coalición de París”, la cumbre que el sábado dio luz verde a la intervención militar y que ha comparado con “la de las Azores”, en referencia a la reunión previa a la intervención en Irak. Aunque haya un mandato de Naciones Unidas, ha asegurado que el argumento “no son los derechos humanos ni la democracia en Libia”, porque ambos principios no se exportan ni se imponen en una guerra.

En la misma línea, Jorquera, ha censurado a Zapatero por acudir al Congreso a recabar el apoyo de la Cámara “a lo que son ya hechos consumados”. El portavoz del BNG, ha dicho, no cree “en la bondad de las intenciones de los aliados”, ni apoya “la doble moral de quienes sostuvieron y sostienen estos regímenes” y “sólo intervienen cuando están en juego sus intereses económicos y geoestratégicos”. Además, ha criticado “el doble rasero” de la coalición, que, mientras opta por una intervención directa en Libia con el pretexto de proteger a los opositores civiles, “se justifica y alienta la intervención de Arabia Saudí en Bahrein para reprimir a los opositores civiles”.

Una vez levantada la sesión, cuatro personas de la tribuna de invitados han tenido que ser desalojadas cuando los diputados empezaban a abandonar el hemiciclo. Entre el murmullo final del pleno, los cuatro se han puesto en pie y han proferido gritos de ‘no a la guerra’. Las miradas de todos los parlamentarios han coincido en lo más alto de la bancada. “Socorro, soy una ciudadana libre”, gritaba una de las desalojadas. Eran miembros de la plataforma ‘No a la Guerra’ que lideraban el PCE, IU y otros colectivos de izquierda, invitados a la Cámara por una organización política. Tras el trámite de dejar sus datos personales han abandonado el Congreso. No serán multados porque el pleno ya había acabado.